En la antesala de la elección más grande de nuestro país, ocho agrupaciones aspiran por un registro ante el Instituto Nacional Electoral para acreditarse como partidos políticos nacionales. Un proceso que más allá de abonar pluralidad y nuevas opciones rumbo a los comicios de 2021, pone en duda el verdadero destino del financiamiento público para estas organizaciones
Por Salvador Vega
A medida que se acerca el mes de septiembre, la presión para la organización del proceso electoral 2021 se expande en todas direcciones.
Un fenómeno que no sólo se percibe a través de los elevados niveles de polarización generados entre el régimen de la Cuarta Transformación y los diversos sectores de oposición –quienes amenazan desde ahora con restarle influencia al Gobierno Federal por la vía del voto–, sino por el inminente reacomodo del tablero político nacional con la integración de nuevos partidos.
Ajuste que representa un reto financiero para nuestro país debido a la asignación de –como mínimo– 49 millones 888 mil 650 pesos de prerrogativas durante los próximos meses.
Por primera vez en la historia, los mexicanos nos enfrentamos ante un escenario en donde se prevé la participación de al menos una decena de facciones políticas; organizaciones nuevas que harán su debut en las boletas mientras otras jugarán sus últimas cartas en la elección antes de la desaparición.
Desde el pasado 28 de febrero, el Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó la primera fase de revisión de las solicitudes, permitiendo la continuidad de únicamente ocho de los 106 entes que manifestaron su interés para convertirse en partido político nacional para este año.
No obstante, más allá de impulsar nuevas propuestas y diferentes cuadros, las nuevas organizaciones nacen entre dudas por la falta de claridad de sus agendas; vínculos con funcionarios activos y sectores empresariales, así como la inquietud generada por su cercanía con personajes envueltos en escándalos de corrupción.
“La ciudadanía tiene que estar segura de que nosotros estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para cumplir con las obligaciones legales y constitucionales en este procedimiento. Las consejeras y consejeros tenemos muy claro que sólo podemos entregarle el registro como partido político nacional a aquellas organizaciones que verifiquemos que cumplan con todos los requisitos. No estamos en posición de regalar nada a nadie”, afirma la consejera del INE y presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, Adriana Favela en entrevista para ONEA.
Y es que, debido a la crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19, el Consejo General del INE tuvo que postergar su fallo sobre la creación de las nuevas organizaciones políticas del país hasta el próximo 31 de agosto. Semanas antes del plazo –contemplado dentro de la ley electoral– para el arranque del proceso 2021.
En este periodo, el INE deberá verificar la validez de los registros de los militantes para evitar duplicidades; revisar que no se hayan cometido actos proselitistas indebidos –acarreo de asistentes a través de pagos, rifas o regalos–, o que los aspirantes hayan recurrido a apoyos corporativos, gubernamentales, sindicales o por parte de iglesias u otros partidos. Todas ellas consideradas como prácticas prohibidas para la obtención de un registro.
Sin embargo, dentro de las ocho agrupaciones bajo revisión, dos de ellas están fuertemente ligadas a sectores sindicales. Por un lado Redes Sociales Progresistas (RSP), vinculado al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), así como a su lideresa, Elba Esther Gordillo –quien estuvo poco más de cinco años en prisión acusada por delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Por otro lado el partido Fuerza Social por México, que está encabezado por el diputado local de Puebla Gerardo Islas Maldonado. Legislador acusado de participar en el desvío de 300 millones de pesos destinados para la reconstrucción de viviendas dañadas en los sismos de septiembre de 2017 en Puebla, quien a su vez está respaldado por la Confederación de Empleados y Trabajadores de México (CATEM) y su dirigente Pedro Haces Barba.
En los casos de las organizaciones Alternativa y Súmate a Nosotros, la apuesta está respaldada por exintegrantes del PRI y el PAN: César Augusto Santiago, quien renunció a su militancia tricolor en 2018, así como el expanista Manuel Espino, hoy comisionado del Servicio de Protección Federal (SPF).
Otros aspirantes pelearán el registro con la ayuda de los esqueletos de instituciones que perdieron su registro en 2019: Encuentro Solidario –antes Partido Encuentro Social– y Grupo Social Promotor de México, integrando por miembros del otrora Partido Nueva Alianza.
En el caso de Gubernatura Nacional Indígena –agrupación multiétnica asociada al PRI, conocida por los actos de entrega de bastones de mando por todo el país– su proceso de registro será una excepción a la regla dictada así por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por lo que su conformación a pesar de mantener requisitos pendientes, quedará en manos del INE.
Se busca opositor
Otra de las problemáticas que presentan los aspirantes a partidos políticos nacionales de cara al proceso electoral 2021 es la carencia de plataformas ideológicas sólidas que logren generar confianza y empatía con la ciudadanía.
Este es el caso de la organización con mayor presencia mediática y la única que hasta el momento ha mostrado una línea abiertamente contradictoria a la agenda de la 4T: México Libre. Institución avalada por la ex candidata presidencial independiente, Margarita Zavala, así como su esposo, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.
Sin embargo, gracias al proceso judicial contra Genaro García Luna en Estados Unidos, así como el historial de impunidad y corrupción que se vivió durante el sexenio 2006-2012, las opciones de esta institución –la cual afirma contar con una base de más de 317 mil afiliados– se limitan únicamente a la credibilidad que pueda tener entre sectores afines al calderonato o la capacidad de amasar el descontento social que gira en torno a las acciones de la actual administración.
El pasado 9 de junio, este vacío de oposición llegó a un extremo peligroso, con la presentación de un presunto documento confidencial del Bloque Opositor Amplio (BOA), el cual –de acuerdo con la información presentada por la presidencia– estaría conformado por empresarios, medios de comunicación, líderes de opinión y partidos que tendrían la finalidad de remover a Morena de los cargos públicos.
Un documento carente de rigor que más allá de evidenciar una suerte de conspiración, permitió dibujar la falta de contrapesos que existen en la baraja política del país.
“Respetar al gobierno no significa que no tengamos crítica. No tenemos que sostener todas las tesis del gobierno, pero tampoco podemos tener como única forma de comunicarnos con la gente la agresión. Porque lo mismo pasa con el Gobierno federal que con los distintos estados y municipios. Resulta que, para cualquier cosa que nos incomoda, buscamos a quién echarle la culpa. Yo creo que es tiempo de mostrar la solidaridad y la fraternidad”, menciona César Augusto Santiago, integrante de Alternativa en entrevista para ONEA.
Para el otrora miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al concentrar los esfuerzos en los ataques previos al proceso electoral, corremos el riesgo de crear una “crisis política” de la que el país no va a obtener nada bueno.
“Hay que buscar razones, expresiones políticas reales y que la gente participe. De eso se trata la democracia. No estar viendo cómo dañamos al adversario en una suerte de política norteamericana que aquí no nos toca. La democracia de Estados Unidos fracasó cuando se convirtió en marketing. Cuando quisieron vender a un político como un bote de sopa o como una sartén.
Por cómo retrata en la tele, cómo se mueve; cómo ataca al adversario o le hace chistes. En vez de proponer o buscar propuestas y creo que eso nos está llevando a las condiciones lamentables de un intento de polarización que ojalá no prospere”, detalla.
Desequilibrio en el tablero
Mientras unas organizaciones nacientes tienen la difícil tarea de configurar la oposición para 2021, otras organizaciones tienen clara la intención de respaldar al régimen de la 4T.
Una tarea que permitirá contrarrestar los descalabros de Morena ante la falta de liderazgos, sin minar el poder de influencia de López Obrador en el Congreso de la Unión.
“Para eso somos los nuevos partidos. Los viejos partidos no van a servir (para apoyar la transformación), ni las viejas élites tampoco. Son élites rancias que se quedaron atrapadas en el Pacto Por México. Siguen siendo lo mismo, pero ya cambió el país; el país eso otro y después de la pandemia será otro. Al pueblo no se le puede engañar y decir “vamos por la democracia”, cuando lo que quieren es en realidad recuperar sus privilegios.
Y perdóname, pero entre regresar a la década pasada y darle los privilegios a las viejas burocracias, dirigencias, o seguir con López Obrador, pues mucha gente vamos a preferir seguir con López Obrador”, asegura en entrevista para ONEA Fernando González Sánchez, Presidente Nacional de Redes Sociales Progresistas.
El político, quien afirma que entregó en tiempo y forma los expedientes necesarios ante el INE en donde avalan alrededor de 140 mil simpatizantes registrados a través de 22 asambleas consolidadas indica que su partido representa una “tercera vía” ciudadana para consolidar la transformación que se vivió a partir del 2018 con el cambio de régimen.
“No queremos regresar a los favores del pasado; no queremos regresar al régimen de partidos anterior. Pero tampoco queda claro cuál es el nuevo régimen de partidos. En esa apuesta está Redes Sociales Progresistas, que quiere ser la nueva fuerza política que encabece a la gente, a los ciudadanos de carne y hueso. A los ciudadanos que quieren hacer el cambio y que no le apuestan a las figuras o los caudillos”.
En cuestión del financiamiento para la conformación de RSP, González Sánchez comenta que además del trabajo incondicional de sus simpatizantes, contaron con el apoyo de empresarios a nivel local. Figuras que probablemente formen parte de su plataforma de candidatos en caso de obtener el registro ante el INE.
“Cada quién puso lo que tenía que poner. Nadie tuvo salarios; todo mundo puso su tiempo y su esfuerzo. Pagaron sus boletos y su hospedaje; sus alimentos. Entre muchos fuimos ayudando también a que, para las asambleas, se rentaran los locales. Algunos empresarios nos ayudaron
Muchos empresarios (nos ayudaron) con poco. Y generalmente no nos dieron dinero, sino nos ayudaron a contratar el local, a poner agua para nuestros invitados. En algunos casos –porque el proceso de las asambleas es un proceso largo que comienza desde muy temprano– para llegar al quórum y sostenerlo en algunas ocasiones la autoridad electoral nos permitió entregar un tentempié o un refrigerio simple. Esta fue nuestra táctica común: cada quien puso lo que podía y así fuimos construyendo el partido”.
No tuvimos donaciones fuertes. Muchos empresarios nos ayudaron, particularmente empresarios del orden local con los que estamos profundamente agradecidos y esperamos que sigan simpatizando con nosotros y muchos de ellos sean candidatos”, señala.
INE contra reloj
Con poco menos de tres meses para el banderazo oficial, el INE se prepara para la organización de “la mayor renovación democrática de la historia del país”, así descrita por el consejero electoral Ciro Murayama, en la que se prevé la renovación de 21 mil 368 cargos públicos –entre ellos 15 gubernaturas; 30 congresos locales y casi 2 mil representantes municipales– a través del voto popular.
Una elección que no sólo cobra relevancia por la magnitud de las posiciones en juego, sino porque su organización se vio afectada desde este momento por la contingencia sanitaria del Covid-19. La pandemia que comprometió los tiempos de ejecución del Instituto Nacional Electoral (INE) de cara al arranque del proceso, estipulado por ley para el próximo mes de septiembre.
Antes de este plazo, el Instituto deberá presentar un proyecto de presupuesto que contemple la instalación de 161 mil casillas y la contratación de más de 50 mil personas para los trabajos de supervisión y capacitación. Requerimientos para los que se prevé un monto superior a 19 mil millones de pesos.
No obstante, la definición del monto no será un trabajo fácil debido al desplome de la economía nacional por los cien días de inactividad –una caída del 7.5 por ciento de acuerdo con la proyección del Banco Mundial– así como el apego a la política de austeridad promovida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Una visión sostenida desde el arranque de su gobierno y que, durante la elección 2019 –en donde se definieron cinco gubernaturas ordinarias, más la extraordinaria en Puebla–, generó un importante recorte al presupuesto del organismo autónomo: 1 mil 071 millones de pesos rebajados por los legisladores de mayoría en el Congreso de la Unión.
Y no sólo se trata de aspectos económicos, ya que el INE enfrenta también importantes desafíos operativos. Uno de ellos en cuanto a la definición de los nuevos jugadores en el tablero político; organizaciones que manifestaron su interés desde principios de año para convertirse en partidos políticos nacionales.
Debido a la pandemia, el Consejo General del órgano electoral tuvo que extender el plazo para la entrega de registros, pasando del 1 de julio al 31 de agosto. Fecha en la que se desarrollarán –entre otras cuestiones– los trabajos de fiscalización de los recursos empleados por las siete organizaciones en el proceso.
En entrevista para ONEA, la consejera del INE y presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, Adriana Favela, comenta que si bien el Instituto está supeditado a los tiempos de la pandemia, se está realizando “un esfuerzo enorme” para que en septiembre inicie el proceso electoral y no se tengan más retrasos.
“Internamente hicimos una valoración y consideramos que, trabajando los meses de junio, julio y agosto podríamos llegar a finales del mes de agosto ya con una determinación con relación a los partidos políticos de nueva creación, para poder otorgarles el registro”, afirma.
De las 106 organizaciones que manifestaron su interés inicial para convertirse en partidos políticos nacionales, a partir del 28 de febrero la lista se redujo únicamente a siete. Sin embargo, hasta este momento la consejera confirma que no existen condiciones para asegurar que alguna de ellas ya haya cumplido a cabalidad con los requerimientos legales para su conformación.
“Falta investigar las distintas denuncias que se han presentado en contra de las organizaciones, acusándolas de proporcionar algún tipo de apoyo para que (los afiliados) acudieran a las asambleas distritales o estatales; o que se les llevó con engaños para que participaran en las mismas. Entonces falta mucho por hacer, pero estamos haciendo un esfuerzo muy grande para sacar los registros antes de agosto”.
En el aspecto económico, la Dra. Favela Herrera indica que el INE solicitó información a los bancos para corroborar el origen de los recursos empleados por los organismos para la elaboración de asambleas o actos proselitistas. Asimismo, comentó que parte del trabajo consiste en hacer “cruces de información con los proveedores” para constatar si los recursos y gastos proporcionados son correctos o no cayeron en sobreprecios.
La consejera electoral también puntualizó que al término de estos trabajos del mes, los mexicanos no sólo podrán tener la seguridad de que los nuevos partidos registrados cumplieron con los términos legales, sino que se abrirán los padrones para la consulta ciudadana.
“Cuando se tenga ya el registro de los partidos, podremos hacer públicos los padrones de los militantes. Que es un tema fundamental y que tenemos que aprovechar para que la ciudadanía tenga la costumbre de revisar los padrones de militantes de los partidos para saber, si se encuentran o no inscritos en alguno de ellos.
Esto lo resalto mucho porque en el 2019 se le dio un año de gracia a los partidos actuales a nivel nacional para que actualizaran sus padrones de militantes debido a que hubo muchas denuncias de ciudadanos y ciudadanas que afirmaron que estaban en los registros de partidos a los que ellos realmente nunca se habían afiliado”.
En su reciente informe sobre partidos políticos de nueva creación, la consultora Integralia destaca que del año 2013 a 2019 se duplicó el número de solicitudes presentadas ante el INE para la conformación de instituciones políticas de carácter nacional.
En este análisis, se señala también que para el resto del 2020, los partidos que se integren a la baraja nacional podrán contar con un aproximado de 51.6 millones de pesos en concepto de prerrogativas. Un monto que para 2021 se incrementaría a 136.6 millones de pesos.
Financiamiento que en caso de no contar con los mecanismos adecuados de fiscalización, correrá el riesgo de emplearse para subsidiar instituciones carentes de plataformas políticas concretas; respaldadas por exfuncionarios federales y figuras empresariales con historiales de impunidad y opacidad en el manejo de recursos públicos.
