La más reciente entrega de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), el instrumento más confiable que existe en el país para medir la corrupción, debido a ser la base para otras mediciones, arrojó cifras interesantes sobre la percepción que tiene la ciudadanía respecto a la corrupción en el país.
En general, se puede concluir que de enero a noviembre del 2019 (con información levantada a finales de dicho año), la corrupción en México aumentó, respecto a los resultados de la edición anterior de esta encuesta, en 2017. El periodo de levantamiento de la encuesta de publicación bianual coincide con el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por lo que algunos de los resultados podrían estar reflejando el desempeño a inicios de su administración. Sin embargo, el diseño de la encuesta (el mismo de ediciones anteriores) no desagrega los distintos órdenes de gobierno, por lo que salvo algunas excepciones donde el área en cuestión se hace explícita, los encuestados pudieron haber reportado sus experiencias de corrupción en el gobierno municipal, estatal, en organismos autónomos o descentralizados.
Con la desagregación existente podemos inferir algunos casos que se destacan de los demás, lo que atribuiría el crecimiento de la corrupción en un sector específico, como sucede al analizar la tabla de incidencia de la corrupción por entidad federativa. En esta se mide la tasa de actos de corrupción en al menos un trámite por cada 100,000 habitantes. Aunque 11 Estados muestran una reducción en los actos de corrupción, los otros 17 muestran aumento. Caso notable es el de Guanajuato, con un aumento de 161% (siendo una de las entidades más peligrosas) y Puebla, cuyo aumento fue del 100% (durante el periodo que abarcó al gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido, la elección extraordinaria y los primeros meses de Miguel Ángel Barbosa) respecto a la encuesta del 2017. La variación anual promedio a nivel nacional fue de un 19.2%.
Por otro lado, la percepción sobre la frecuencia nos muestra una tendencia negativa a nivel nacional. Es decir, para más personas encuestadas en el país, la corrupción es menos frecuente ahora que hace dos años. De las 32 entidades, fueron 19 las que mostraron una percepción a la baja, 12 se mantuvieron sin cambios (dentro del margen de error de 2.3%, pero en su mayoría a la baja) y solo uno mostró una tendencia al alza.
Al igual que en el año 2017, el caso en el que la corrupción es más frecuente se trata de “Contacto con autoridades de seguridad pública”, con 59.2%. La cifra representa una pequeña reducción a la medición anterior, de tan solo .3%. El segundo caso específico con mayor frecuencia también se redujo, pues “Permisos relacionados con la propiedad bajó un 5.7%, situándose en 25%. No obstante, el caso denominado como “Otros pagos, trámites o solicitudes” (incluye la carta de No Antecedentes Penales, pago de licencias y de algunos servicios públicos) tuvo un aumento de 27.3 puntos porcentuales.
Los costos de la corrupción también aumentaron en la más reciente edición de la encuesta. Mientras hace dos años se reportaba un costo nacional de 7,780 millones de pesos, en este la cifra ascendió hasta los 12,769 millones. El mayor cambio de dicho aumento se encuentra en el “contacto con autoridades de seguridad pública”, con una variación del 51%, correspondiente a más de 700 millones de pesos. En promedio, las personas afectadas en tal caso tuvieron que pagar $1,294. En el promedio nacional, la cifra creció de $2,450 a $3,822 por cada persona.
Observando los resultados podemos concluir que la percepción sobre la corrupción se mantiene a la baja, consistente con los últimos resultados con los que se posiciona México en el Índice Global de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. Sin embargo, aunque los resultados sean positivos en ese aspecto, en la práctica cotidiana parecen haber aumentado. Una respuesta ideal por parte del Gobierno Federal sería atender las áreas y territorios que se han mostrado más susceptibles a incurrir en actos de corrupción, no así desacreditar una medición de tal importancia, sólo por mostrar resultados negativos. La evolución en este sentido sólo podrá evaluarse cuando los resultados del año 2021 estén disponibles.
