Por Yered Figueroa
Utilizar la lucha anticorrupción como bandera política no es sinónimo de comprometerse a erradicar este mal. Nos queda claro al hacer un repaso de la administración de Enrique Peña Nieto, quien por un lado impulsó la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, mientras por otro permitió un sinnúmero de irregularidades financieras, incluso hasta el último año de su gestión. Prueba de ello es el resultado de la Cuenta Pública 2018, de la Auditoría Superior de la Federación.
El documento de revisión contable de las finanzas de la Federación, detectó tan solo durante el mencionado año, un conjunto de observaciones en el manejo de recursos por $52,328.4 millones de pesos, provenientes de las auditorías realizadas al Gasto Federalizado Programable. La cifra se trata del agregado de diversos rubros donde se detectaron irregularidades en el ejercicio de los recursos, gastos duplicados o inflados, triangulación a través de empresas fantasmas, entre muchos otros mecanismos utilizados para desviar parte del presupuesto público con un fin específico, hacia destinos que hasta ahora no quedan del todo claros.
Entre los fondos y programas con un mayor porcentaje entre el monto observado y la muestra auditada —indicador que puede interpretarse como un desempeño deficiente de las finanzas públicas—, destaca el Programa de Cámaras de Vigilancia de Veracruz, con un 99.9% del monto observado frente a la muestra auditada, es decir, prácticamente todo el gasto en este programa se ejerció con irregularidades. En menor proporción pero igualmente alarmante está el Fondo de Reconstrucción para las Entidades Federativas, con un 71.8%. Dicho fondo estaba destinado a la reconstrucción de viviendas dañadas tras los sismos del 2017, sin embargo, por lo menos $1,700 millones de pesos que la Secretaría de Hacienda Federal debió aportar para este destino fueron reasignados para fines hasta ahora desconocidos.
Pero las irregularidades por parte del Gobierno Federal no pararon ahí. Entre algunas de las descubiertas por la Auditoría Superior, podemos encontrarnos con el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, donde se detectaron múltiples anomalías en el ejercicio de los recursos y los procesos, en áreas como el proyecto ejecutivo, las obras geotécnicas, y la losa de cimentación. La suma de pagos irregulares equivalen a $2,864.7 millones de pesos, de acuerdo a los informes de la Auditoría.
De igual forma, en la Cruzada Nacional contra el Hambre, uno de los principales programas de la administración, las irregularidades abundaron. Se detectó la simulación del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, al mantenerse sin operación sus órganos integrantes e incumpliendo así con los fines del programa. También se identificó un padrón de beneficiarios inflado en 2.7 millones de personas, además de que se atendieron las carencias de sólo alrededor de 9,700 personas.
Por último, en un tema recurrente para la pasada administración, la publicidad oficial, también se detectaron múltiples irregularidades entre el gasto de distintas dependencias, por un total de $1,809 millones de pesos. Se reporta que no se entregaron documentos probatorios del gasto, se incumplieron las pautas oficiales, no se presentaron varios spots y otros más se presentaron duplicados. La autorización del programa de comunicación social corría a cargo de la Secretaría de Gobernación, pero se involucraron en el mal ejercicio de recursos junto a SEGOB las secretarías de Salud, Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Social, y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Pero el mal uso de los recursos públicos no se restringió al ámbito federal, como lo puede constatar el volumen de las observaciones detectadas en cada Entidad. La que registró un mayor monto observado fue Nuevo León, con $5,925.3 millones de pesos, lo que resulta peculiar al haber coincidido con el periodo en el que fue candidato a la Presidencia de la República su todavía Gobernador, Jaime Rodríguez Calderón. Luego le siguen, con casi $4,000 millones observados los Estados de San Luis Potosí y Tamaulipas.
Por otro lado, en cuanto al indicador de monto observado sobre muestra auditada, Nayarit se lleva el primer lugar con un 11%, seguido de la Ciudad de México con 8.9%, y Coahuila con 7.9%, colocándose así como las entidades con peor gestión de recursos. El promedio nacional se situó en 3.9%, con lo que podemos concluir que en el 2018, por lo menos en cuanto al Gasto Federalizado Programable, cerca del 4% de los recursos públicos ejercidos tuvieron irregularidades en su uso o destino.
Estos resultados son una pequeña muestra de todo el agregado de observaciones y recomendaciones que se pudieron obtener gracias a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública. Producto de las 1,808 auditorías que se realizaron, se podrán promover acciones de responsabilidades administrativas, acciones penales, nuevas reglamentaciones y en general, un mejor aprovechamiento de los recursos públicos. Por ello, la existencia y autonomía de la Auditoría Superior de la Federación es una pieza clave para el combate a la corrupción.
