ONEA México/Hilda Hermida. 23 de octubre de 2019. En Veracruz, los crímenes de odio cometidos contra la comunidad LGBTTTQI solo existen a través de los medios de comunicación, en su contabilidad al menos, pues ante la ley son apilados entre los miles de expedientes de homicidios que abre y archiva la Fiscalía General del Estado.
La entidad veracruzana ocupó, en los primeros ocho meses del año, uno de los primeros lugares en asesinatos contra este sector de la población. En los últimos meses se han perpetrado, en el territorio jarocho, alrededor de 18 homicidios que se podrían catalogar como crimen de odio de acuerdo a la saña con la que fueron hechas.
Uno de los más reciente y perturbadores fue en Acayucan. El activista Miguel Ángel Medina Lara fue hallado lapidado en un cementerio de esa ciudad. Y aunque en ese entonces el fiscal Jorge Winckler Ortiz informó a la prensa que el presunto culpable habría sido capturado, este hecho no fue catalogado de manera adecuada.
Un supuesto integrante de la “Marasalvatrucha”, el guatemalteco Luis Humberto “N”, asesinó a sangre fría al joven de apenas 21 años de edad, amante del teatro y el arte.
A este caso le antecede una docena más, registrados en el 2019, tales como el del activista Abirám Hernández, el cual, según Jazz Bustamante, defensora de los derechos de la comunidad, tiene todas las características para ser tratado como un crimen de odio, pues era homosexual y fue asesinado de golpes contundentes en la cabeza.
A pesar de que en mayo del 2018 se concretó la reforma al artículo 144 del Código Penal del Estado para señalar que el homicidio y las lesiones tendrán el carácter de calificadas por motivos de odio, derivados del origen étnico, lengua, raza, color, preferencias sexuales o identidad de género de la víctima, hasta septiembre 3, fecha en la que Winckler seguía a cargo de la Fiscalía, esa modificación no era aplicada en estas dos últimas características que involucran a la comunidad LGBTTTQI.
Derivado de las múltiples alertas que defensores de los Derechos Humanos han venido realizando en años anteriores tras darse a conocer que nuevamente Veracruz era primer lugar nacional en crímenes de odio, se cuestionó a la institución de procuración de justicia sobre el número de casos que ha investigado bajo estas líneas ya establecidas en el código penal.
A través de la página de transparencia del fiscal suspendido solo se confirmó lo siguiente:
“En relación a este punto le comento que no obra ningún registro en nuestras bases de datos por: asesinatos contra la comunidad LGBTTTQI, consideradas y catalogadas como crímenes de odio, ya que la estadística se procesa de manera general de acuerdo al sexo biológico y los delitos tipificados en el Código Penal del Estado de Veracruz”.
Sobre el cuestionamiento realizado a la FGE Veracruz respecto al número de casos atendidos por crímenes de odio del 2016 al 2019, la Unidad Integral de Procuración de Justicia respondió que no cuenta con ninguna carpeta de investigación abierta que incluya algo relacionado con lo solicitado. El documento fue firmado por la licenciada María de Jesús Palacios González, fiscal de distrito de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Décimo Primer Distrito Judicial Xalapa.
Como se mencionó anteriormente, entre el 2017 y 2018, asociaciones civiles impulsaron la agenda legislativa en la materia que reformó los artículos 196 y 144 del código penal, que permitiría a las autoridades de justicia aplicar un marco jurídico que los llevará a investigar estos homicidios basados en la orientación sexual o identidad de género de las personas; sin embargo, la FGE ni siquiera recaba cifras al respecto.
En 2017 se registraron en Veracruz veinte asesinatos contra personas de esta comunidad, mientras que en el 2018, año en que se logró la reforma en el Código Penal, aumentó a 26. Y en lo que va del 2019 ya se tienen contabilizados más de 18 asesinatos.
Esto coloca a la entidad veracruzana entre los primeros lugares en crímenes de odio a nivel nacional, sería la segunda ocasión en seis años que el Estado estaría subiendo a estos peldaños.
Al respecto, la coordinadora de Soy Humano A.C., Jazz Bustamante, mencionó que Jorge Winckler reconoció apenas el pasado agosto el primer crimen de odio por causal agravante en el caso de Miguel Medina Lara, cuando a través de la sociedad civil se llevan contabilizados más.
Según lo explicado por la activista, el principal problema que se presenta al aplicar la normatividad, es que la autoridad de impartición de justicia no tiene idea de cómo diferenciar la identidad de género y orientación sexual. Agregó que en diversas ocasiones se han ofrecido a capacitar a los peritos de la Fiscalía para hacer cumplir la reforma hecha al 144 del Código Penal, sin éxito.
Del año 2013 a 2019 hay contabilizadas 174 víctimas mortales, entre las que destacan asesinatos con armas punzo cortantes, tortura, asfixia, arma de fuego, un caso de tortura y abuso sexual, y un caso de lapidación.
Los municipios con el mayor número de casos de crímenes de odio son: Coatzacoalcos, Poza Rica, Veracruz, Boca del Río, Xalapa, Córdoba, Orizaba y Agua Dulce.
Según un trabajo publicado por Letra S en mayo de este año, denominado Violencia Extrema, en la mayoría de los casos de asesinatos contra las personas con orientación sexual distinta se ven involucrados gays y transgéneros.
La población en mayor riesgo son las trabajadoras sexuales.
7 de cada 10 personas LGBT en Veracruz son agredidas: Diputada
De acuerdo con la Comisión Permanente del Congreso local, México ocupa el segundo lugar en crímenes de odio, tan solo por debajo de Brasil, recordó la diputada local de Movimiento Ciudadano, Ivonne Trujillo Ortiz.
La presidenta de la Comisión de Identidad de Género en el Congreso de Veracruz manifestó que en el país, durante los últimos cinco años, solo se han investigado el 10 por ciento de los asesinatos contra este sector, el resto, las ahora fiscalías estatales les han dado carpetazo y son únicamente archivo muerto.
“En México hasta la fecha se han registrado 261 casos en lo que va del año, esto representa el 55 por ciento de estos homicidios cometidos contras las personas de esta comunidad LGBTTTQI, y déjame decirte que en el sexenio pasado, en Veracruz, nuestra entidad fue la que tuvo mayores asesinatos de este tipo”.
Trujillo Ortiz añadió que la entidad veracruzana se encuentra entre los cinco estados del país con mayores casos de discriminación y ataques homofóbicos contra la población de preferencias sexuales u orientación sexual distintas.
“En Veracruz específicamente, en lo que va de este año se han registrado 29 casos de estos crímenes de odio contra personas lésbico, gay, transgénero, travesti, transexual, intersexual, etcétera, de la comunidad LGBTTTQI, y bueno, la edad de las personas es entre los 17 y 30 años”.
La legisladora local lamentó que la mayoría de los casos que se registran en territorio veracruzano queden impunes, pues a este bajo porcentaje de impartición de justicia se le suma que actualmente no se aplica la reforma al artículo 144 del Código Penal, que obliga a catalogar este tipo de crímenes de acuerdo a orientación e identidad sexual.
Según lo mencionado por la diputada de Movimiento Ciudadano, siete de cada 10 personas de la comunidad sufre de la intolerancia de la ciudadanía.
“Es muy preocupante que esta discriminación, que esta intolerancia se esté viviendo, y que ellos (la comunidad LGBTTTQI) estén siendo agredidos. No estamos garantizando la vida, los derechos humanos ni respetando el primer artículo de la constitución general de la república en la cual dice que queda prohibido todo tipo de discriminación por género y cualquier preferencia sexual”.
Una de las primeras acciones que podría ayudar a disminuir la incidencia en este tipo de asesinatos es legislar a favor de los integrantes LGBTTTQI con una ley de diversidad sexual que aporte presupuesto e inclusión en el país, y con ello se logren aplicar políticas públicas en favor de estos sectores.
Un par de meses antes de que Jorge Winckler Ortiz fuera removido de manera temporal de la Fiscalía General de Veracruz, la diputada y grupos en defensa de los derechos LGBTTTQI se reunieron para conocer el trabajo que estaba realizando el órgano autónomo para esclarecer sobre todo los crímenes de odio; sin embargo, los acuerdos tomados quedaron en el aire el pasado 3 de septiembre, fecha en que el Congreso local nombró como encargada de despacho a Verónica Hernández Giadáns.
“Ahora estamos esperando a que la encargada de la Fiscalía pueda también aperturarnos una reunión con esta asociación de la comunidad LGBTTTQI, para que podamos tener pláticas y nos pueda mostrar sus avance,s y bueno, se pueda generar este tipo de compromiso”.
