Las designaciones de servidores públicos han sido un mecanismo para aperturar los nombramientos, en el sentido de que no dependen de una decisión unipersonal, sino que se valen de otros espacios de participación para seleccionar a los servidores públicos. Un escenario ideal permitiría que, a través de estos procesos, se evite el acceso de intereses políticos particulares a instituciones que necesitan guiar sus acciones con independencia de otras autoridades. No obstante, hemos sido testigos de procesos de designación de funcionarios públicos que contravienen de facto dicho ideal, anteponiendo los lazos de amistad, la filiación partidista e intereses cupulares, deviniendo en un ejercicio del servicio público deficiente, por decir lo menos. Aunque los procesos de designación han sido reglamentados para evitar lo antes mencionado, en muchos casos han sido insuficientes en el cumplimiento de su propósito.

Mantener un monitoreo sobre los procesos de designación y nombramiento de servidores públicos, tanto del orden local como el Federal, con la finalidad de asegurar su apego a la ley y el acceso de los perfiles más capacitados a dichos puestos, apuntando a repercutir en un mejor desempeño del servicio público.

– Procurar el ejercicio de una transparencia proactiva en los procesos.

– Velar porque exista máxima publicidad en las convocatorias y desarrollo de las designaciones y nombramientos.

– Vigilar que se cumpla con rendición de cuentas sobre las decisiones que se tomen para las designaciones.

– Apego a la legalidad de todas las partes, en todo momento.

– Exigir que se tomen en cuenta criterios de selección basados en el mérito sobre cualquier otro criterio.

Antecedentes

Diversas organizaciones de la sociedad civil, académicos y líderes de opinión han mantenido la lupa sobre puntuales procesos de designación públicas, debido a ser pertenecientes al interés público. Distando de los nombramientos de cualquier otro funcionario, las designaciones públicas se concentran en aquellos cargos públicos titulares de instituciones con autonomía parcial o total frente al Poder Ejecutivo Federal —como lo son Organismos Autónomos, Organismos Públicos Descentralizados y el Poder Judicial de la Federación—. 

En nuestro país, el colectivo Designaciones Públicas, integrado por las organizaciones Fundar y Artículo 19, ha sido pionero en la materia. Iniciando su labor en 2012, con motivo del proceso de designación de Ministro de la Suprema Corte, ocurrido el mismo año. Desde entonces, han mantenido un monitoreo constante en las designaciones públicas del orden Federal, al igual que en algunas designaciones del orden estatal. Su credibilidad se ha mantenido desde entonces, producto de la imparcialidad de su labor. 

Ha destacado el seguimiento a los procesos de designación de Ministros de la SCJN, comisionados de institutos de transparencia y acceso a la información locales, así como de comisionados y consejeros de organismos autónomos. Tal es el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica y la Comisión Reguladora de Energía. Además, han llevado a cabo propuestas para ajustar las convocatorias para algunos de estos procesos, a fin de fortalecer la selección de candidatos en pro de su competencia para el puesto. 

Reconocemos la labor del colectivo Designaciones Públicas, al realizar una tarea más que necesaria en la búsqueda de una administración pública conformada por perfiles profesionales y capaces. Sin embargo, nos resulta evidente que la amplitud de la administración pública en México es tal, que no todas las designaciones han podido ser abordadas por su estructura, especialmente las concernientes al orden local. Es por la motivación que comparten con nuestra organización, que buscamos complementar el trabajo de Designaciones Públicas y demás organizaciones de carácter similar desde nuestros espacios de actuación, fijando la lupa a nivel local, además de mantenernos presentes en las designaciones de mayor relevancia a nivel nacional. 

Si bien podríamos dar por hecho que la participación ciudadana en los procesos de designaciones públicas tiene cabida en la deliberación legislativa que forma parte de su desarrollo, como una Organización Anticorrupción le quedaríamos a deber a la ciudadanía. Son estos estos espacios, donde se goza de autonomía de acción respecto al Poder Ejecutivo, lugares idóneos para el desarrollo de diversos actos de corrupción que pueden resultar sumamente dañinos para la población. Eso no significa que un perfil calificado sea inmune a la corrupción, pero sin duda es más propenso a corromperse quien llega a un puesto de poder mediante el otorgamiento de favores.

Sostenemos lo anterior mediante los hechos. Uno de los ejemplos más claros es el del ahora exministro de la Suprema Corte, Eduardo Medina Mora. Debido a sus más próximos antecedentes diplomáticos, junto a su trayectoria en seguridad pública, no parecía ser el candidato ideal para llegar al máximo tribunal de nuestro país. Sin embargo, sus lazos políticos lo apuntalaron para cubrir la vacante disponible en aquel entonces. Luego de varios años, conocemos de su participación en sobornos y tráfico de influencias, con lo cual permitió que la corrupción se colara en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Evitar desastres de tal envergadura es uno de los principales motivos que tenemos para optar por designaciones basadas en el mérito, y no así en el poder político. 

Para hacer frente a las tramas políticas que busquen colocar a perfiles no aptos para desempeñar un cargo público, o en el peor de los casos hacerlo en violación a la ley, planteamos hacer campañas de seguimiento mediático, donde se expongan la naturaleza de la vacante, los requisitos mínimos de acuerdo a la norma, así como un comparativo entre los perfiles propuestos. De tal forma, ahondar en los antecedentes de los aspirantes para evitar que las filiaciones personales del pasado pudiesen generar parcialidad en su función. Aperturando la información a la ciudadanía se buscará que esta exija a sus representantes o a las autoridades encargadas de la designación que se decanten por los postulantes más capacitados, sobre cualquier otro criterio.

Informes

Designación del Comité Técnico Evaluador y elección de los Consejeros Electorales