Obra pública, el agujero de la corrupción municipal - ONEA

Obra pública, el agujero de la corrupción municipal

Por Primer Párrafo y ONEA México

La construcción de obra pública se mantiene entre los principales generadores de corrupción en los municipios, tal y como lo demuestra las múltiples irregularidades administrativas y técnicas que allí se cometen año con año.

Se trata de uno de los rubros con más observaciones hechas por el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) y el Congreso del Estado a los gobiernos municipales de Veracruz emanados de todos los partidos políticos, e incluso los tres gobernados por Ediles sin partido o independientes (San Andrés Tuxtla, Tlacotalpan y Coahuitlán).

Y es que pese a los constantes cursos de capacitación que se brinda a las administraciones municipales para profesionalizar a su personal y mejorar su desempeño, estas siguen incurriendo en una larga lista de irregularidades en el manejo de los recursos públicos.

Tan sólo este año, en su Informe General de los Entes Municipales de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, el Orfis documentó 5 mil 499 inconsistencias distribuidas en 2 mil 517 recomendaciones y 2 mil 982 observaciones para los 212 municipios y entes paramunicipales como organismos de agua e institutos de las mujeres.

Una vez concluido el Procedimiento de Fiscalización Superior, con la elaboración y entrega del informe antes mencionado, el Orfis también reportó un total de 428 observaciones por un monto de 329 millones 294 mil 367 pesos con 91 centavos, “que adquieren el carácter de irregularidades que pudieran ser representativas de un presunto daño al patrimonio municipal y/o un posible desvío de recursos y dar lugar a la determinación de responsabilidades y fincamiento de indemnizaciones y sanciones a quienes manejaron los recursos públicos respectivos”.

Por cuanto hace a la obra pública realizada por todos los municipios, el mismo órgano fiscalizador enumeró las siguientes las inconsistencias técnicas:

  • Deficiente supervisión de los responsables en la ejecución de los trabajos.
  • Obras que se ejecutan sin contar con factibilidad y validación de proyectos de las Dependencias Normativas.
  • Falta de documentación comprobatoria del gasto que se reportó como pagado.
  • Falta de expedientes técnicos unitarios de obras y servicios.
  • Volúmenes de obra pública pagados no ejecutados.
  • Obras no ejecutadas.
  • Obras ejecutadas de forma irregular.
  • Obras sin operar.
  • Obras ejecutadas sin cumplir con las reglas del Programa.

Adjudicaciones directas

Por si fuera poco, durante los procedimientos de adjudicación de obras y servicios, en los municipios predominan actos que poco abonan en la transparencia y sana competencia, e incluso caen dentro de las presuntas irregularidades tales como la asignación directa de obras en un alto porcentaje.

Por ejemplo, en Xalapa, la capital de Veracruz, durante el ejercicio 2018 se reportaron 180 obras por un monto de 235 millones 491 mil 560 pesos con 84 centavos, de las cuales 122 se asignaron a empresarios constructores mediante adjudicación directa, 54 se adjudicaron por invitación y sólo 4 se sometieron a licitación pública.

En Poza Rica, al norte del estado, se reportaron 123 obras cuyo monto total ascendió a 156 millones 3 mil 49 pesos con 76 centavos. Ninguna de ellas se sometió a licitación pública, 40 fueron por adjudicación directa y las restantes 83 se adjudicaron por invitación.

En Minatitlán, al sur de la entidad, la situación es parecida, se reportaron 83 obras y servicios adjudicados mediante contrato por un monto total de 118 millones 318 mil 465 pesos con 55 centavos, de las cuales, 50 fueron adjudicadas por Invitación a cuando menos tres personas y las restantes 33 por adjudicación directa.

También es una constante que el órgano fiscalizador tenga que dar vista al titular del Órgano de Control Interno de cada Ayuntamiento para que “en el ejercicio de sus funciones verifique e instruya a lo que haya lugar, en contra de los servidores públicos probables responsables del proceso de adjudicación de contratos para la ejecución de las obras, así como se lleve un puntual seguimiento y supervisión de los mismos con la finalidad de dar cumplimiento a los criterios de imparcialidad y transparencia”.

De todo lo anterior dan cuenta los Informes de Fiscalización Superior correspondientes a la Cuenta Pública 2018 de los Municipios, los cuales están siendo analizados por los 15 diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia en la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz.

Alcaldes temerosos

El diputado local por Orizaba, Augusto Nahúm Álvarez Pellico, presidente de la Comisión de Hacienda Municipal en el Congreso del Estado, confió en el trabajo que desde el pasado 25 de septiembre realizan sus homólogos en materia de fiscalización.

En su caso, mantiene una especial atención sobre los cuatro municipios que conforman el distrito XX: Orizaba, Fortín, Atzacan e Ixtaczoquitlán, y en los municipios aledaños.

De la revisión a la obra realizada por el Orfis en Orizaba, donde gobierna el PRI, se desprende la siguiente observación: “de los 135 contratos se adjudicaron 107 a solo 19 empresas contratistas, sin respetar los criterios normativos de imparcialidad y transparencia”.

En Fortín, gobernado por el PAN, la situación es muy parecida a la anterior en la adjudicación de 31 a solo 9 empresas contratistas. En Atzacan, gobernado por el PVEM, se hallaron inconsistencias durante los procesos licitatorios de obras. Mientras que en Ixtaczoquitlán, con administración panista, se detectó, entre otras irregularidades, un probable daño patrimonial por 1 millón 48 mil 938 pesos con 31 centavos en la construcción de una cancha de futbol.

El diputado Álvarez Pellico reveló que en los últimos días han acudido a su oficina algunos alcaldes para informarle de la situación de algunas obras y empresas contratadas que resultaron con observaciones, “les dimos las gracias por la información y nos dimos por enterados”.

Consideró que en la realización de obra pública es donde se le facilita a las autoridades y a los contratistas “hacer el desvío del recurso” debido a los montos y tiempo que se manejan, no obstante, en las próximas semanas se tendrá que subsanar o en su caso sancionar las observaciones hechas por los auditores del Orfis a la calidad de las obras que han sido señaladas.

Montos y obras ejecutadas

Durante 2018, en materia de auditoría técnica a la obra pública, en los 212 municipios de la entidad se ejecutaron 12 mil 145 obras con un monto total de 9 mil 341 millones 235 mil 204 peros con 88 centavos.

De ese universo, el Orfis auditó una muestra del 34.19 por ciento, equivalentes a 4 mil 152 obras entre las cuales se aplican 5 mil 900 millones 486 mil 796 pesos con 36 centavos, el 63.17 por ciento del monto total.

En tanto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tiene incluido en su Programa Anual de Auditorías la revisión directa de los Fondos FISMDF, FORTAMUNDF y FORTASEG, en donde se incluyen las construcciones a cargo de los entes municipales, en rubros como agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, así como mantenimiento de infraestructura.

La Cámara de Diputados, a través de los legisladores federales, también está facultada para vigilar el ejercicio de esos recursos.

La arraigada corrupción 

Para el caso veracruzano, en 2018, del total de los Ingresos Municipales recaudados por los 212 municipios fueron equivalentes a 28 mil 619 millones 423 mil 347 pesos con 36 centavos. De estos, el 85.92 por ciento, es decir 24 mil 589 millones 364 mil 636 pesos con 74 centavos, provinieron de participaciones y aportaciones federales, según consta en la información contenida en las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables Municipales y de la documentación presentada por cada uno de ellos al Orfis.

De ahí que la diputada federal por el distrito de Coatzacoalcos, Flora Tania Cruz Santos, expresara lo siguiente durante entrevista: “Tenemos que estar muy vigilantes, recordemos que nosotros como diputados lo que nos ocupa es ese tema, el presupuesto federal, no se puede hacer mal uso de los recursos”.

La legisladora de Morena lamentó que a pesar de la adecuación de las leyes en materia de combate a la corrupción, la realización de obra pública siga siendo el talón de Aquiles para los gobiernos municipales.

Erradicar completamente la corrupción es algo que nos va a ir costando, como decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, para limpiarla se requiere barrerla como se barren las escaleras, empezando desde arriba. Hay mucha gente, creo que aún existe gente en algunos puestos, en algunos lugares que todavía están acostumbradas al régimen anterior, al régimen corrupto y eso nos va a costar trabajo erradicarlo”.

No importa quien gobierne

El municipio de Coatzacoalcos, actualmente gobernado por Morena, recibió del Orfis un total de 41 observaciones y 18 recomendaciones que hacen presumir faltas administrativas y la existencia de un daño patrimonial a la Hacienda Pública por 4 millones 273 mil 590 pesos con 64 centavos. Del total de los señalamientos, 7 obedecen a observaciones técnicas a la obra pública y otras 7 son recomendaciones en el mismo rubro.

A ese respecto, la diputada Tania Cruz, prefirió no defender a su correligionario, el alcalde Víctor Carranza Rosaldo, ante el presunto incumplimiento de disposiciones legales o posible comisión de faltas administrativas en que habría incurrido su administración, y en cambio, destacó la importancia de la fiscalización de los recursos públicos para obligar a todos los Ediles a rendir buenas cuentas al pueblo, “aquí no importa quien gobierne”.

Sostuvo que todos los municipios —incluyendo a Coatzacoalcos y los otros 16 que gobierna su partido en Veracruz— deben hacer buen uso del dinero público y, de ser el caso, solventar las observaciones recibidas por el órgano fiscalizador, pues “como dicen los ciudadanos: queremos cuentas claras y así lo esperamos, así lo confiamos y estaremos pendientes también”.

Nuevas leyes, más sanciones

El también diputado federal por el distrito de Veracruz, Ricardo Francisco Exsome Zapata, recordó que el estado va saliendo de “tres sexenios terribles”, plagados de excesos, donde, a pesar de las evidencias de que “se estaban robando el dinero y había tráfico de influencias no había culpables, no se sancionaba a nadie”.

La corrupción —detalló el también empresario— se presentaba en todos los lugares donde se invierte dinero federal, en las compras de productos o en la contratación de servicios y obra pública, también se daban casos de “aviadores” o personas que cobraban sin trabajar en las dependencias federales, secretarías estatales y municipios, “en todos lados había una corrupción terrible”.

Dijo que fue después de diciembre del año pasado, con la llegada de “un gobierno derecho, decente”, cuando se procedió a revisar el tema y a legislarse el combate a la corrupción, el cual pasó a catalogarse como un delito grave que amerita prisión preventiva.

Apenas el 15 de octubre de este año la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen a la minuta que combate a las empresas fantasma y la defraudación fiscal con facturas falsas.

Esperemos que ahora, con las modificaciones que se hicieron, el Ministerio Público, los fiscales y los jueces tengan más herramientas para condenar a todos esos delincuentes”, abundó el diputado Exsome Zapata.

Aun así, reconoció que es necesaria una mayor vigilancia no sólo en el tema de obra pública sino en todas las actividades del gobierno donde haya intercambio de dinero por ser más susceptibles a probables actos de corrupción.

Aclaraciones y justificaciones

En tanto, para evitar ser denunciados y en su caso sancionados por las nuevas leyes, durante las próximas semanas los Ediles y funcionarios municipales involucrados en las observaciones deberán subsanar su situación, sobre todo aquellos en los que existe la presunción de que los servidores públicos y en su caso los ex servidores públicos cometieron probables irregularidades o posibles conductas ilícitas en el manejo de los recursos públicos municipales, que hacen presumible la existencia de presunto daño patrimonial a sus haciendas públicas.

Es el caso de 125 municipios en los que las aclaraciones y documentación justificatoria y comprobatoria presentadas no fueron suficientes para solventar las observaciones que hacen presumir una falta administrativa y/o la existencia de presunto daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal, respecto de la gestión financiera.

También hay 87 Municipios y 19 Entidades Paramunicipales (15 Organismos de Agua, 3 Institutos Municipales de las Mujeres y el OPD “Foro Boca”) cuyas aclaraciones y documentación justificatoria y comprobatoria presentadas, no fueron suficientes para solventar las observaciones que implican el incumplimiento de disposiciones legales o posible comisión de faltas administrativas.

En los próximos días podrían ser denunciados por el Congreso del Estado y el Orfis aquellos casos que no logren sortear la etapa de solventaciones, incluidos por supuesto, los casos de desvíos en obra pública, ese agujero en el que caben tantos actos de corrupción.

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