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Julen Rementería y la corrupción en la obra pública

Por Flavia Morales/AVC Noticias y ONEA México

Cuando fue titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Julen Rementería del Puerto, ahora senador por el PAN, ejerció el cuarto presupuesto más alto del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares: más de 4 mil millones de pesos. Desde ahí impuso la adjudicación directa como regla y entregó el 60 % de los contratos bajo esta modalidad.

Con las adjudicaciones privilegió a una red de empresarios cercanos, que incluía a panistas, como el líder José de Jesús Mancha Alarcón, líderes de cámaras empresariales, otros empresarios como Felipe Ruiz y al bastión panista Veracruz- Boca del Río.

La reciente auditoría del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) a la Cuenta Pública 2018 revela que entregó 82 contratos de obra por 244 millones de pesos a solo 22 empresas.

De las 477 obras que se realizaron durante su gestión, -2017 y 2018-, más de la mitad, o sea 284, fueron vía adjudicación directa, 117 por invitación a tres personas y solo 79 por licitación pública nacional.

En 2017, la auditoría había señalado estas irregularidades cuando entregó a cinco empresas 54 millones de pesos bajo esta modalidad, aun cuando podía hacer licitaciones públicas simplificadas.

Aunque la Ley de Obras Públicas del Estado señala que el monto máximo para realizar una adjudicación directa son 1.5 millones pesos, la SIOP adjudicó bajo esta modalidad contratos hasta por 70 millones de pesos, justificando la acción con dictámenes de excepción por la premura de los tiempos.

Las auditorías invalidaron la parte de los dictámenes que justificaban las adjudicaciones de algunas obras, pues aunque se tenía tiempo para hacer licitaciones simplificadas anticipadas, se prefirió entregar contratos sin licitación.

Las diversas auditorías también revelan que las empresas beneficiadas cometieron varias irregularidades: obras infladas en costo y otras con deficiencias en su construcción, algunas más están abandonadas. La Cuenta Pública 2018 observó un probable daño patrimonial por 49.9 millones de pesos.

Las obras más caras a empresarios favoritos

Rementería entregó a la red de empresarios que más benefició las obras más caras del presupuesto, un claro ejemplo es la pavimentación de la calle López Mateos en Tuxpan por 94. 9 millones de pesos; esta obra fue entregada a la empresa Triturados Santa Clara SA de CV y Construcciones Santa Clara SA de CV, propiedad de Sergio Lara Hernández, hermano del exdiputado y expanista Oscar Lara.

También entregó la obra de reconstrucción de la carretera Banderilla-Misantla al grupo de constructores integrado por Pemarte SA de CV (del exdirector de CMIC) , Desarrollos Asfálticos (de los hermanos del diputado Oscar Lara) y Diego López Méndez.

Aunque la obra fue licitada por 113 millones de pesos, durante el contrato se hicieron varias modificaciones que dispararon el presupuesto hasta 60 % más –81 mdp- , alcanzando un costo de 194 millones de pesos, lo cual fue observado por el Orfis, pues la obra tuvo fallas en su construcción.

Rementería del Puerto tampoco respetó las reglas de operación de fondos clave para paliar la pobreza, como es el caso del Fondo para Entidades Federativas y los Municipios Productores de Hidrocarburos (FEFMPH), el cual se alimenta de los impuestos cobrados a las empresas por asignaciones y contratos, y debe ser destinado a comunidades afectadas por la extracción petrolera.

El dinero de este fondo federal superó los 3 mil millones de pesos durante 2017 y 2018, pero el 90 % lo concentró la SIOP en obras de pavimentación que fueron entregadas a través de estas adjudicaciones directas o invitaciones restringidas a grupos empresariales privilegiados.

Más de la mitad del dinero del fondo se invirtió en pavimentaciones y rehabilitaciones de asfalto en municipios donde no hay un solo pozo y la vocación petrolera es mínima. Las obras más importantes las concentró en dos municipios lejos de la extracción petrolera, pero que son bastión panista: Veracruz y Boca del Río.

¿Quiénes ganaron las obras?

Las auditorías señalan un patrón común en la SIOP: se hallaron procesos licitatorios inconsistentes, aunque podía hacer licitaciones públicas con reducción de plazos, omitió los pasos y adjudicó de forma directa los contratos.

En 2018 se realizaron 204 obras, de las cuales 108 fueron adjudicadas de forma directa en contratos que van desde los 2 hasta los 70 millones de pesos. Aunque se hicieron dictámenes para exceptuar el trámite, los auditores declararon improcedente la Adjudicación Directa de 30 contratos por más de 126 millones de pesos.

Entre las empresas a quienes se adjudicó directamente el recurso se encuentran Grupo Mascaya SA de CV, quien con apenas nueve meses de creación, en marzo del 2018 ganó una adjudicación por 5.8 millones de pesos.

También se encuentran empresas como Comercializadora Semiged SA de CV, del exalcalde de Chinameca, Víctor Salomón Carmona, a quien entregó tres contratos vía directa por 39.5 millones de pesos.

Construcciones Lupama del líder del Consejo Coordinador Empresarial, Luis Palacio Macedo, se benefició con tres contratos por 98.9 millones de pesos; el líder de la Cámara de la Industria Mexicana de la Construcción, Julio Enrique García, también obtuvo tres contratos por 87.2 millones de pesos.

También las empresas de la exdiputada por Roza Rica y excandidata del PRI, Construcciones y Montajes de Veracruz, Michelle Gustín Cárdenas, obtuvo cuatro contratos por 53.4 millones de pesos.

En 2017, el primer año de su gobierno, el techo financiero para Inversión Pública fue de 2 mil 192 millones de pesos. Se realizaron 273 obras y 176 fueron entregadas sin licitación.
Al menos 17 de estas obras presentan irregularidades en los dictámenes de excepción, aunque debieron ser por invitación a cuando menos tres personas o por Licitación Pública Nacional.

Ese año entregó dos contratos de obra por 39.2 millones de pesos a la inmobiliaria Ruso SA de CV, cuyo socio principal es Juan Felipe Ruiz Ortiz, hermano del magnate Valentín Ruiz, del grupo empresarial más favorecido durante el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.

También dio un contrato por 19.8 millones de pesos a la empresa Irkon Holding SA de CV, cuyos socios son: Ricardo Alonso Camacho Flores y Ricardo Alessio Robles Cerda, empresarios de Monterrey señalados por crear empresas en paraísos fiscales, y cuyos nombres aparecen en la lista de los Panamá Papers.

Durante los procesos de licitación también se detectaron obras con conflictos de intereses.

Como es el caso de la obra SIOP-OP-PF-144/2017-DGCCYCE para la “Construcción de pavimento con concreto hidráulico, de Roca de Oro-E.C. Banderilla, Martínez de la Torre”, en el municipio de Yecuatla por 18.9 millones de pesos.

Se identificó que en el acta de fallo, Rafael Núñez Landa, presidente de la Asociación de Constructores del Estado de Veracruz, fungió como invitado, pero la obra fue otorgada a la constructora Empresa Inmobiliaria y Constructora Laconsa SA de CV, empresa de la cual Núñez Landa es socio activo y apoderado legal.

En los procesos por licitación pública e invitación a cuando menos tres personas, el ente fiscalizable también omitió información respecto a las empresas participantes, personas morales y sus accionistas, así como personas físicas que participaron en los procedimientos.

Los contratos al líder panista José de Jesús Mancha 

En 2017, Rementería entregó a la empresa Izal Inmobiliaria SA de CV, que tiene como socios apoderados al panista José Mancha Alarcón y a su esposa Monserrat Ortega Ruiz, la obra para la pavimentación del camino La Chinantla-Helio García Alfaro-La Horqueta, en el municipio de Uxpanapa, por 16.7 millones de pesos, pese a que simuló una licitación.
El Orfis confirmó que el ente fiscalizable debió identificar en la revisión detallada de las propuestas que existía un vínculo entre dos de las empresas participantes en la licitación, lo que ocasionaría que se desecharan ambas propuestas, pero no lo señaló.

En la licitación pública LO-930007995-E86-2017, que se realizó para adjudicar el contrato SIOP-OP-PF-015/2017-DGCCYCE, las empresas que compitieron tiene en común a una accionista: Monserrat Ortega Ruiz, con su empresa Izal Inmobiliaria SA de CV, y también la compañía Multiservicios El Elemento SA de CV, que tiene como socios a la misma Monserrat, a Antonio Bautista Villalba (coordinador de la zona norte del IVEA) y Rosa María Ruiz Gaytán (suegra del líder del PAN).

También se detectó que el objeto social de ambas empresas se refiere a “comisión, asesoría, gestión, representación, promoción y venta de todo tipo de bienes y servicios” sin que exista atribución para realizar la construcción de obra públicas, lo que también implicaba su desechamiento.

El Orfis emitió, por estas irregularidades, una observación de carácter administrativa que pudiera constituir una falta grave, y adelantó que será el área de investigación del Orfis la que la atenderá, de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Cabe señalar que el líder panista, a través de cinco empresas, recibió contratos por 70 millones de pesos de distintas instancias de gobierno, los cuales corresponden a obras públicas y convenios publicitarios en los ejercicios fiscales 2017 y 2018.

La familia del líder panista conformó las empresas: Izal Inmobiliaria SA de CV; Innovadora en Medios SA de CV; Multiservicios El Elemento SA de CV; Biodiversidad del Golfo, SA de CV y Multimedios Periodísticos SA de CV, a través de la cual ganó diversos contratos.

Obras con sobrecosto y con deficiencias en su construcción

Sin evidencia ni autorización de la Secretaría de la Función Pública, por tratarse de recursos federales, la SIOP realizó modificaciones a diversos contratos de obra donde se aumentó en más del 25 % su costo original.

Es el caso de la reconstrucción de la carretera Banderilla – Misantla, que se presupuestó en 113.7 millones de pesos y aumentó a 194.7 millones de pesos, es decir, un 62.5%.

Aun cuando se aumentó en 81 millones de pesos, a mitad de su construcción tuvo graves fallas en su construcción.

Hay detectado un daño patrimonial de por lo menos 4.4 millones de pesos por la mala calidad y las deficiencia técnicas constructivas, pues en las revisión de la obra se pudo ver que había saturación de agua en el suelo y subsuelo, lo que provocó un colapso y deslizamiento del talud de la carretera.

Aunque la SIOP intentó justificar la obra, los auditores en Acta Circunstanciada de fecha 4 de agosto de 2019, señalaron que debieron considerarse en el diseño de pavimento las condiciones propias del terreno, de manera que se calcularan con las características apropiadas al tipo de suelo.

Otra obra que fue realizada con fallas y sobrecostos es la rehabilitación del boulevard Manuel Ávila Camacho, cuyo costo fue de casi 150 millones de pesos.

Una auditoría a la obra reveló que la SIOP debió supervisar la correcta ejecución de los trabajos para autorizar el pago de solo aquellos volúmenes de obra verificados previamente en campo con sustento documental, lo que en el desempeño de sus funciones no ocurrió.

Al verificar los trabajos motivo de revisión, detectó pagos en exceso en la obra.

En la Cuenta Pública 2018, otras obras con sobrecosto son la reconstrucción del tramo carretero San Sebastián-Chicontepec, que se otorgó a la empresa Desarrollos Asfálticos SA de CV por 82.8 millones de pesos, y quien no pudo comprobar gastos extras por 5.4 millones de pesos.

También se detectaron pagos improcedentes con las obras de Reconstrucción del camino Huatusco-Col. Manuel González (Zentla)-Camarón de Tejeda-Soledad de Doblado-Oluta (Santa Rita) , por 3.8 millones de pesos.

En el caso de la Modernización de la Carretera Federal No. 140 Xalapa-Veracruz del tramo entronque J.B. Lobos, los pagos sin justificar para la obra alcanzaron los 7.3 millones de pesos.

La empresa que supervisó la obra también fue sancionada por un desvío de 2.8 millones de pesos por trabajos no efectuados y pagos en exceso de volúmenes no ejecutados.

Carretera Xalapa- Coatepec obra mal planeada 

Una de las obras más caras de la administración yunista fue la reconstrucción de la carretera Xalapa-Coatepec, que le fue dada al Presidente de la CMIC, Julio Martínez, por 105 millones de pesos.

La auditoría realizó una visita a la carretera Xalapa–Coatepec luego de que se registraron hasta cuatro accidentes diarios en la vialidad.

Un análisis pudo determinar que los usuarios utilizan la carretera como vía de alta velocidad, siendo que su uso debe estar limitado a 60 km/hr.

Pero también detectó carencia en reductores de velocidad, señales informativas a corta distancia, falta de elementos viales que logren proporcionar una seguridad en la carretera como topes que funcionen como pasos peatonales en zonas urbanas, vialetas, botones y señalamientos horizontales y verticales, aunados a la falta de iluminación.

Aunque la auditoría no detectó un efecto deslizante en el pavimento que esté provocando más accidentes, sí detectó que la carretera tiene escurrimientos de agua naturales que cruzan de lado a lado de la carretera, y no toda la carretera cuenta con cunetas o elementos de desagüe que capten estos escurrimientos.

Estos escurrimientos crean efectos de acuaplaneo que provocan una condición insegura y pueden crear una situación de peligro para los conductores, pues al aumentar la lluvia aumentan los escurrimientos y hay mayor riesgo de que si se utiliza con una velocidad inmoderada y una distancia entre autos inadecuada, puede dar origen a accidentes en la autopista.

El Órgano de Control Estatal instruyó el procedimiento administrativo a que haya lugar en contra de los servidores o exservidores públicos como probables responsables.

Las irregularidades y la discrecionalidad en la aplicación del fondo petrolero

El Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (FEFMPH), el cual se alimenta de los impuestos cobrados a las empresas por asignaciones y contratos, fue el principal fondo de la obra pública en Veracruz en 2017 y 2018.

El 90 % del fondo fue controlado desde SIOP a cargo de Julen Rementería, y aunque tiene reglas claras de operación, por ejemplo que el 20 % de los recursos se transfieran a los municipios y el resto se concentre en obras para resarcir las afectaciones al entorno social y ecológico en las comunidades de donde se extrae el petróleo, el gas y el aceite, el cumplimiento falló.

El fondo tuvo recursos por 1 mil 327 millones de pesos en 2017 y el recurso aumentó a mil 700 millones de pesos para 2018.

En 2017, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ordenó a la Contraloría General de Veracruz iniciar un procedimiento administrativo en contra de servidores públicos de la Secretaría de Finanzas por no transferir 62.5 millones de pesos de este fondo.

El dictamen emitido el 6 de febrero del 2019 señala la falta de claridad respecto del reintegro o aplicación de los recursos no distribuidos por parte de las entidades federativas hacia sus municipios.

La discrecionalidad para operar el fondo fue la misma que en el resto de las obras, los contratos se adjudicaron de manera directa; sin embargo, carecieron del soporte documental que acreditara el supuesto de excepción, y de la resolución del dictamen sometido a consideración del comité de infraestructura; además, en la propuesta técnica no se integraron las cotizaciones de los insumos más representativos ni la brigada topográfica, como se solicitó en las bases de licitación.

El uso del recurso por parte de Rementería se hizo de forma discrecional, mientras los bastiones electorales del PAN, partido del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, recibieron obras por casi 500 millones de pesos, otros, tradicionalmente petroleros como Tihuatlán, Coatzintla y Pánuco, suman apenas 157 millones de pesos en inversión.

Incluso el municipio de Molocán, donde se encuentra Villa Cuichapa, cuya área contractual fue entregada a la empresa Servicios de Extracción Petrolera Lifting de México desde el 2016 en la ronda 2, y que produce alrededor de 2 mil barriles diarios de aceite y gas, tiene una inversión del fondo de apenas 12 millones de pesos, todo destinado a pavimentación.

Aunque el Puerto de Veracruz, gobernado por Fernando Yunes Márquez, hijo del gobernador, apenas tiene unos kilómetros de áreas de asignación, suma en dos años, junto con Boca del Río, municipio colindante y también bastión panista, inversiones por 455 millones de pesos.

Las denuncias

Por las irregularidades en el ejercicio del recursos estatales y federales, a Rementería y a otros funcionarios durante su cargo al frente de la SIOP, les siguen investigaciones por parte de la Contraloría General del Estado y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En la segunda entrega de la Cuenta Pública 2018, la ASF determinó ocho Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria en contra de funcionarios del gobierno estatal por irregularidades en el uso de recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (FEFMPH).

El actual secretario de la SIOP, Elio Hernández Gutiérrez, anunció que presentaría un informe con las anomalías detectadas en licitaciones mal adjudicadas y obras mal hechas, y también adelantó la presentación de denuncias penales.

En junio pasado dijo que las inconsistencias en la construcción de la carretera Xalapa-Coatepec estaban siendo analizadas, y que había la posibilidad de varias denuncias en contra de servidores públicos por irregularidades en la ejecución de la obra.

Aunque a la fecha no hay una denuncia penal concreta contra Julen Rementería, algunos de sus colaboradores se han amparado ante posibles denuncias, como es el caso del exdirector general de Proyectos, Programación y Presupuesto de la SIOP, Gerardo Lobato Guzmán.

Desde junio del 2018, los diputados federales Alicia Barrientos, Sergio René Cancino y Virgilio Dante Caballero, presentaron un punto de acuerdo ante la Cámara de Diputados donde exhortaban a la Contraloría General y a la Fiscalía General a investigar y fincar responsabilidad contra Julen Rementería por la presunta comisión de diversos delitos de corrupción.

La acusación estaba fincada en los contratos que otorgó de forma ilegal a empresas vinculadas con el líder del PAN, José de Jesús Mancha, y que el Orfis calificó como faltas graves.

En ese punto exhortaron a la Auditoría Superior de la Federación para que, en el ámbito de sus atribuciones, auditara las obras y contratos otorgados con recursos federales a las empresas Izal Inmobiliaria SA de CV y Biodiversidad del Golfo SA de CV, por las múltiples denuncias de irregularidades cometidas en los procesos de licitación en los que ambas participaron.

También pidieron a la Contraloría del Estado investigar y sancionar a Rementería del Puerto por los presuntos hechos de corrupción que se configuran en comisión de conflicto de interés y por los delitos de cohecho y tráfico de influencias, al otorgar diversos contratos de obra a Izal Inmobiliaria SA de CV.

En agosto de este año, el diputado de Morena por Papantla, Jaime Humberto Pérez Bernabé, denunció que presentaría un punto de acuerdo para pedir que se investigue la riqueza del senador panista Julen Rementería del Puerto.

Adelantó entonces que denunciarían al senador por presunto enriquecimiento ilícito, y se sumó al exhorto de presentar denuncias por la adjudicación directa de obras al líder panista.

Por su parte, la barra de abogados penalistas de Veracruz en voz de Jorge Hernández, también exigió una investigación contra el ahora senador por las irregularidades en los contratos otorgados a un grupo empresarial.

Cabe señalar que durante la Cuenta Pública 2018, Julen Rementería acumuló un presunto daño patrimonial por observaciones técnicas de obra por 49.6 millones de pesos. A esto se suman las responsabilidades administrativas que le fincó la ASF en la revisión al fondo petrolero.

Entrevistado sobre este tema en agosto pasado, Julen Rementería dijo que las revisiones a las cuentas públicas ni le preocupaban, ni le ocupaban.

Rementería del Puerto renunció a la SIOP el 8 de febrero de 2018 para ser candidato a senador por Veracruz, en el período 2018 a 2024.

“Estoy tranquilo, no tengo cuentas pendientes con la SIOP, lo hicimos todo conforme a derecho”, declaró entonces.

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