De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, durante el año 2019 se registraron 1277 casos de mujeres desaparecidas en el país. En ese mismo periodo, México Evalúa apuntó que entre julio y diciembre el 99.7 por ciento de los casos de violencia sexual que sufrieron las mujeres mayores de 18 años no fueron denunciados.

Realidades alarmantes que obligan a incrementar la atención en la generación de medidas preventivas, procuración de justicia y nuevas leyes que permitan erradicar la violencia de género de nuestro país.  

Desde la Cámara de Diputados, la presidenta de la comisión especializada en esta materia, Wendy Briceño Zuluaga, comparte con ONEA la necesidad de que los distintos gobiernos del país –desde la cima de la pirámide federal, hasta la base de los estados y municipios– emprendan acciones coordinadas y brinden al tema la urgencia que merece. 

“Con todas estas irrupciones en la vía pública (8 y 9 de marzo) y discusiones sobre la violencia que hemos vivido las mujeres, el tema ha cobrado una centralidad muy importante. Desde hace muchos años, las mujeres feministas hemos denunciado que esta emergencia que vivimos debe ser un compromiso que atiendan las autoridades; los feminicidios, en ese sentido, están directamente vinculados a lo que hace o no hace el Estado. 

Porque al hablar del Estado, hacemos referencia a sus tres poderes y hablamos de todas las instituciones que tienen una responsabilidad directa en la atención, prevención, sanción y erradicación de estos crímenes”. 

La diputada federal detalla que en el en el marco de la contingencia sanitaria, se están organizando reuniones virtuales con autoridades federales y estatales para dar seguimiento de las acciones que llevan a cabo para atender la violencia que viven las mujeres en sus hogares.  

De igual forma, dijo que se mantiene una atención permanente en el tema de los refugios para mujeres, a la par de revisar los mecanismos para que el trabajo de la comisión de Igualdad de Género que preside no se detenga en el contexto de la pandemia.

“Yo creo que hay que darle seguimiento a lo que a cada instancia del Estado mexicano le toca. 

Nosotras comenzamos a hablar y a exhortar en cuanto a la atención de los feminicidios desde septiembre de 2018. En ese sentido hemos tenido una agenda legislativa donde destacan temas como la paridad –una participación igualitaria en la política y el espacio público– o la violencia política contra las mujeres en razón de género –propuesta que desde hace años se quedó atrapada entre ambas cámaras y logramos sacar adelante la última semana de marzo”. 

Briceño Zuluaga indica que el diálogo generado a partir de las protestas del 8 y 9 de marzo del presente año contribuye a la agenda legislativa e impulsa las propuestas que ya se tenían en marcha. 

“Nuestra agenda no comienza a partir de las irrupciones más fuertes de las mujeres en los espacios públicos, porque ya la conocemos; porque hemos caminado –en mi caso desde hace más de 20 años– en estos temas. El tema (a partir de las marchas de este año) se refuerza, se vuelve más contundente. Y es un asunto que no sólo cae en el Legislativo federal, sino que cae en los legislativos locales.

Es un tema del Gobierno federal, pero también de las autoridades estatales, que muchas veces no se pronuncian y no hacen ni ‘pio’ frente a esta emergencia, pero también les toca y es su responsabilidad. Hay que buscar todos los puentes de diálogo. Atender a todas las mujeres que ya están señalando la violencia que viven; a las jóvenes que están haciendo las denuncias y buscar los mecanismos para lograr llegar a soluciones. Reitero que esta emergencia de violencia contra las mujeres no tiene que ser tomada por los gobiernos de forma coyuntural, haciendo dos o tres menciones y en la vida lo vuelven a mencionarlo hasta que llega otro lamentable y terrible caso más de feminicidio en su entidad. 

El llamado es a que lo hagan de manera permanente y que en sus mesas de trabajo de seguridad pública esté el tema siempre permanente. Yo creo que mucho de lo que representa este repensamiento y nuevo imaginario, tiene que ver con que las autoridades hagan su parte al dar dimensión e importancia a esta emergencia.

Hemos visto que también se han ido modificando aspectos, sobre todo la opinión pública está obligando a los gobernantes a reaccionar frente a manifestaciones y acciones, pero también ante expresiones misóginas o totalmente fuera de lugar. Hacia eso nos tiene que llevar la reflexión”.