Con un historial de más de dos décadas en el activismo y la defensa de los derechos humanos, María de la Luz Estrada –Coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio e integrante de la organización de Católicas por el Derecho a Decidir– ha sido testigo y partícipe de los distintos movimientos feministas que, sexenio tras sexenio, han buscado cerrar la brecha de la desigualdad en México.

En entrevista para ONEA, la maestra María de la Luz reflexiona sobre la evolución del movimiento feminista en nuestro país.

“Después de las grandes marchas que cuestionaron al gobierno de Vicente Fox, que era el gobierno de la alternancia y transición –como le llamaban–, las movilizaciones multitudinarias de este 8 de marzo marcan un hecho importante sobre el cómo construimos estas expresiones de mujeres. 

Tanto feministas, no feministas; colectivos de diversas generaciones, con una gran confluencia de las mujeres jóvenes para plantear que no van a quedarse calladas. Pero el tema que articuló a todas estas organizaciones fue el tema de los feminicidios y la violencia contra las mujeres”. 

María de la Luz destaca que, sin dejar a un lado otras expresiones y batallas dentro de los movimientos feministas –como las de los derechos reproductivos y laborales– este año marcó un punto y aparte en la percepción de las agresiones contra este sector, razón por la cual la seguridad de las mujeres fue el tema rector.

“No nos podemos llamar un estado democrático cuando los derechos mínimos a la vida, en el caso de las mujeres, no se garantizan. Entonces la marcha y paro se hicieron en el sentido de nuestra participación en todos los ámbitos. Las mujeres están en espacios económicos y políticos; en la economía informal y los cuidados del hogar, por la misma formación que tenemos de roles. 

Lo que los gobiernos han hecho no ha servido. Se tienen que revisar las políticas públicas de igualdad porque todavía no han cerrado la brecha, sino todo lo contrario. La violencia es la expresión máxima de esta descomposición y este sometimiento, que no sólo la cometen individuos desconocidos, sino conocidos”. 

La coordinadora del OCNF afirma que entre enero y febrero del presente año se contabilizaron 33 mil 645 denuncias de violencia familiar; 632 asesinatos de mujeres pero únicamente 166 de ellos investigados como feminicidio. Un dato que permite proyectar el panorama de que las mujeres de este país corren tanto peligro en la vía pública como en espacios privados. 

Un motivo más para impulsar la urgencia de las declaratorias de alerta de violencia de género contra las mujeres (AVGM) en los principales focos rojos del país para obligar a las autoridades a conocer el contexto e investigar con perspectiva de género estas agresiones. 

“Nosotras como Observatorio monitoreamos las alertas de género. Ahorita son 20 declaratorias; seguido las estamos evaluando porque este mecanismo sí focaliza y permite ver en dónde están las fallas estructurales. Y aunque si bien, las alertas son un mecanismo subsidiaro de la política pública, sí visibilizan las fallas en el acceso a la justicia de las mujeres. Ahí vemos las grandes deficiencias del gobierno para atender, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres”.