Desapegado de los reflectores durante largos años, en los que más bien trabajó en las sombras y en los que era común verle evitar a la prensa, durante el tercer trimestre de este 2019 Lorenzo Portilla Vásquez tuvo que salir a la luz pública para empujar su campaña reeleccionista, dedicando tiempo a la autopromoción mediante un carrusel de entrevistas en diversos medios de comunicación, en la página oficial del Orfis y hasta en las redes sociales.

Más aún, en su intento por que la opinión pública y sobre todo los Poderes Ejecutivo y Legislativo cambien la percepción que tienen de su trabajo al frente del órgano fiscalizador, se dio a la tarea de difundir informes mensuales con el slogan “Por una fiscalización superior confiable, oportuna y eficaz”, en los que detalla sus labores y desmenuza las investigaciones que se siguen a cada uno de los 340 entes fiscalizables.

También destacó, cada vez que pudo, las 176 denuncias penales de hechos que ha presentado el Orfis durante su gestión ante la Fiscalía General del Estado y algunas ante la Fiscalía General de la República en contra de 2 mil 500 exfuncionarios estatales y municipales involucrados en un presunto daño patrimonial total estimado en 34 mil millones de pesos.

Y aunque aseguró que los abogados del órgano fiscalizador dan seguimiento a las denuncias interpuestas, dijo desconocer la situación que guardan en los Ministerios Públicos las averiguaciones previas, sentencias o encarcelamiento de los denunciados.

Pese a ello, el desempeño del xalapeño siempre ha estado fuertemente cuestionado por el Poder Legislativo, tal y como ha quedado de manifestó durante las comparecencias anuales que ha ofrecido en el Congreso del Estado, en donde se han repetido algunos de los señalamientos en su contra: que las mayores irregularidades en las finanzas de Veracruz son detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y no por el organismo fiscalizador de Veracruz, que desde este último se han encubierto anomalías de pasadas administraciones y que además, sirve a intereses políticos. También son constantes los señalamientos de diputados y otros actores políticos en torno a la contratación irregular de despachos contables.

Dos hechos recientes han marcado el desempeñó del auditor general. El primero ocurrió en marzo de 2018 cuando se exhibió documentación presuntamente firmada por Portilla Vásquez en la que recibía 20 millones de pesos del gobierno de Javier Duarte a cambio de ocultar los desvíos de recursos cometidos en el año 2014 y de lo cual salió ileso luego de que el entonces fiscal Jorge Winckler Ortiz lo deslindará.

“Se atrevieron a falsificar mi firma y me denunciaron porque había yo recibido dinero, obviamente actuamos en consecuencia y no hubo nada”, sostuvo Lorenzo Portilla.

El 17 de julio de este año, el mismo funcionario fue denunciado por el delito de ejercicio indebido del servicio público por violar el artículo 67 de la Constitución del Estado de Veracruz, que en su fracción III, numeral ocho y párrafo noveno establece que “durante el ejercicio de su cargo, el titular del Órgano de Fiscalización Superior del Estado no podrá formar parte de ningún partido político”.

Lo anterior debido a que Lorenzo Portilla es militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), según consta en la lista de miembros afiliados a este partido político publicada en su página web oficial, más aún, se reveló que Portilla Vásquez trabajó en la campaña por la gubernatura de Veracruz en 2010 como contralor del Comité Directivo Estatal del PRI, cuyo candidato era Javier Duarte de Ochoa.

Aun así, a Portilla Vásquez no le parece inmoral quererse reelegir cuando ni el presidente de la República pretende hacerlo, de hecho, matiza diciendo que lo que busca “es la continuidad y si los diputados y diputadas así lo determinan yo estoy en la mejor disposición de hacerlo”.

Esa postura del auditor general fue reprobada por Víctor Molina Barrón, administrador de empresas con estudios superiores en fiscalización y rendición de cuentas, quien también contendía por el cargo y por segunda ocasión quedó al margen.

En entrevista, Víctor Molina lamentó que Portilla Vásquez esté por cumplir siete años en el cargo y busqué mantenerse otros siete, “¡pues ya que se quedé ahí otros 500 años!”

De su análisis hecho a la situación actual del Orfis, del cual fue fundador y colaboró en la redacción de su Código de Ética, observa que a punto de cumplir 20 años, en el Orfis persiste la opacidad.

Por ejemplo menciona la retención que hace el órgano fiscalizador a los constructores de “cinco al millar” equivalentes a unos 30 millones de pesos anuales, y que en siete años superan los 210 millones de pesos, “que no sabemos en qué se aplicaron, tenemos que saber a dónde se destinaron, se supone que esta retención es para la supervisión y vigilancia de una obra.

También recuerda que en todo sistema democrático las instituciones tienen la obligación de cambiar a sus titulares y fomentar la renovación, “por salud, simple y sencillamente”.

Sin embargo, “vivimos en un mar de corrupción, ya basta, hay que hacer las cosas diferentes porque el que hace las cosas igual va a obtener los mismos resultados, eso lo dijo Alberto Einstein”, agrega.

Y se extiende: “Es preocupante lo que está pasando en nuestras instituciones porque no hemos podido parar la corrupción, tenemos muchas entidades fiscalizadoras: el Sistema Nacional Anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoria Superior de la Federación, las contralorías de los estados, los órganos de fiscalización en los estados, los institutos de transparencia, los órganos internos de control, los códigos de ética y de conducta y aun así, con todos estos organismos no hemos podido parar la corrupción, la corrupción sigue siendo la misma  y tal vez hasta peor, entonces, necesitamos hacer un cambio y meternos mucho a la cultura de la legalidad”.

También, dice Víctor Molina se debe atacar el nepotismo en las instituciones, plagadas por hombres y mujeres, quienes, al asumir un alto cargo, “de inmediato quieren meter a trabajar a toda su familia”.

Por último, confío en que esta vez el Congreso del Estado no se vuelva a equivocar en la designación del nuevo auditor general como ocurrió en 2012, y ahora se nombrará a quien tenga la mejor experiencia en la fiscalización y rendición de cuentas. Para ello, dijo, se debe hacer de lado “la política a la antigüita” y dejar de pensar en nombrar a su gente, en detrimento de los hombres y mujeres más capaces.

Antonio Ramón Rodríguez Vázquez, licenciado en derecho con maestría en Administración Pública y certificación expedida por el Orfis en materia de legalidad y una patente para el ejercicio del notariado es otro aspirante a dirigir dicho organismo.

Ya se desempeñó como auditor especial social, teniendo a su cargo la capacitación y recorridos con las contralorías sociales de los ayuntamientos.

En el año 2012, por mes y medio fue encargado de despacho y fue él quien, ante la salida de Mauricio Audirac Murillo, entregó la oficina precisamente a Francisco Portilla Vásquez.

Antonio Ramón Rodríguez considera que muchas de las observaciones que se realizan durante las auditorías y procesos de fiscalización se deben a la falta de capacitación de los funcionarios públicos, aspecto, que dijo debe ser atendido con urgencia.

“Por la experiencia que tuve cuando trabajé en el órgano creo que hay que apostarle a la capacitación. Me tocó recorrer gran parte del estado, visitar ayuntamientos que son muy pequeños, en donde hace falta mucho la capacitación, creo que la ciudadanía lo que más quiere son resultados no le veo yo como ciudadano que haya una sanción para un servidor “equis” o “ye” porque hizo mal las cosas, lo que los ciudadanos necesitamos es que las cosas se hagan y se hagan bien”.

En tanto, la Comisión Permanente de Vigilancia del Congreso del Estado concluyó la revisión de expedientes de los aspirantes a auditor general del Orfis, mediante la cual se descartó a 8 hombres y mujeres que carecían del perfil profesional para el cargo, quedando 54.

Entre el 6 y 12 de septiembre, los 15 diputados integrantes de la Comisión entrevistaron a los 54 aspirantes que reunieron todos los requisitos establecidos en la convocatoria para que de viva voz se presenten y expongan sus propuestas.

Al término de la etapa de entrevistas, la Comisión volverá a reunirse para emitir el dictamen donde definirá quiénes son los o las tres finalistas de entre los cuales saldrá la o el próximo titular del Orfis.

Dicha terna será votada por el pleno legislativo en sesión extraordinaria, a celebrarse el próximo 26 de septiembre. Un día después, quien resulte electo en dicha sesión estará ya en funciones al frente del órgano fiscalizador.

El presidente de dicha Comisión, diputado Eric Domínguez Vázquez, aseguró que “no hay ventajas ni privilegios para nadie” y sostuvo que todos los aspirantes participan en igualdad de condiciones, en un proceso público y transparente y con las mismas posibilidades de contar con el voto del pleno legislativo.

Por lo que hace a Portilla Vásquez Desde, desde la tarde del 2 de septiembre en que salió del Congreso con la ficha número 54 de los 62 inscritos, ha cumplido con su palabra y se ha mantenido alejado de los medios de comunicación, esperando ser designado.

En los próximos días el Congreso deberá definir si respaldan la continuidad o se inclinan por un cambio en el Orfis.