En el manejo de nóminas y construcción de obras de infraestructura educativa ocurren los principales actos de corrupción y presuntos desvíos de recursos públicos en la educación media superior y superior de Veracruz.

En instituciones de esos niveles educativos, como el Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (Cobaev), los institutos y universidades tecnológicas, y en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) se han registrado pagos a “aviadores” o personas que cobran sin trabajar e irregularidades administrativas en la contratación de empresas que no concluyen las obras por las que reciben varios millones de pesos.

A decir del secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García, lo anterior es herencia de los gobiernos pasados, principalmente del sexenio del priista Javier Duarte, el más documentado y mediático de todos.

Sin embargo, la situación no cambió mucho en el bienio del panista Miguel Ángel Yunes Linares. Tan solo en la Cuenta Pública 2018 se han detectado irregularidades administrativas en el sector educativo por más de 1 mil 166 millones 39 mil 216 pesos, monto que podría incrementarse en las próximas semanas, cuando se tiene previsto la presentación de nuevas denuncias por parte de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).

Y es que autoridades educativas encabezadas por el secretario Zenyazen Escobar han denunciado inconsistencias halladas en la nómina del Cobaev, otras en la construcción de escuelas, así como presuntos malos manejos administrativos en 19 de los 21 institutos tecnológicos, tres universidades tecnológicas y la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV).

Se trata de organismos públicos sectorizados que tienen representación legal en sus directores, además de la propia responsabilidad de la SEV como sector correspondiente.

Ya en los informes individuales de la fiscalización superior a la Cuenta Pública 2018, relativos a los organismos antes mencionados, se evidenciaban las irregularidades arriba enlistadas; pese a ello, el 26 de septiembre de este año, el Congreso de Veracruz ordenó a la nueva auditora general de Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Dalia González Cobos, volver a revisar todos los informes entregados por su antecesor.

En total, la SEV ha interpuesto ante la Fiscalía Anticorrupción 41 denuncias, la mayoría contra institutos y universidades tecnológicas, dos contra el Cobaev, una contra la UPAV y una más contra el Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz (IEEEV).

Apenas el 21 de noviembre se presentó un paquete de nueve denuncias en contra del Cobaev, y de institutos y universidades tecnológicas por el presunto uso indebido de 1 mil 75 millones 224 mil 348.73 pesos.

Este presunto daño al erario público fue reprobado por el subsecretario de Educación Media Superior y Superior de la SEV, Jorge Miguel Uscanga Villalba, “eran recursos destinados obviamente a la educación, con temas de infraestructura, de equipamiento; recursos que vienen del Gobierno federal y que definitivamente tendrían que haberse usado para la educación”.

Los presuntos malos manejos documentados en cada uno de los tecnológicos denunciados datan de los años 2013 y 2014 y alcanzan el 2018, de tal suerte que involucra a los dos últimos gobiernos estatales, mismos que tuvieron conocimiento de la situación pero no denunciaron.

En el gobierno actual, la SEV decidió cambiar la estrategia y poco a poco ha ido acumulando denuncias, la mayoría se presentaron en el mes de noviembre. Por ejemplo, al Cobaev lo denunció por el presunto mal manejo de 25 millones 906 mil 461 pesos.

También se procedió contra los institutos Tecnológico Superior de Las Choapas por 587 mil 629 pesos, el Tecnológico Superior de Perote por 1 millón 31 mil pesos, lo mismo contra la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora por 26 millones 111 mil 534 pesos y el Instituto Tecnológico Superior del Sureste por 4 millones 484 mil 582 pesos.

A mediados del mismo mes se habían presentado las denuncias contra el Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla por 85 millones 817 mil pesos y el de Acayucan por 94 millones 875 mil pesos, también contra la Universidad Tecnológica del Sureste por 15 millones 548 mil pesos y el Instituto Tecnológico de Martínez de la Torre por 4 millones 247 mil pesos.

De la misma manera se procedió contra los institutos tecnológicos de Tantoyuca por 100 millones 573 mil pesos; Misantla por 168 millones 97 mil pesos; Naranjos por 23 millones 421 mil pesos y el de Chicontepec por 42 millones 631 mil pesos.

Mientras que al Instituto Superior de Álamo lo denunciaron por la cantidad de 9 millones 618 mil; al de Pánuco, por 76 millones 432 mil; al de Poza Rica, 70 millones 400 mil pesos; Coatzacoalcos, 139 millones 92 mil pesos; asimismo contra el de Tierra Blanca por 23 millones; Rodríguez Clara por 22 millones 732 mil; Alvarado por 92 millones 849 mil, Huatusco por 1 millón 650 mil, Universidad Politécnica de Huatusco por 31 millones 289 mil y el Instituto Tecnológico de Zongolica por 2 millones 494 mil.

La SEV advirtió que las denuncias no han terminado, pues se han detectado más irregularidades en el uso de recursos de infraestructura en los tres tecnológicos faltantes (Jesús Carranza, Cosamaloapan y Xalapa), mismos que seguirán siendo investigados y denunciados.

Sobre el Instituto Tecnológico Superior de Xalapa (ITSX), ya en el mes de septiembre el Orfis había realizado una serie de observaciones que hacen presumir la existencia de un daño patrimonial a la Hacienda Pública Estatal por 13 millones 333, mil 979.80 pesos.

Pese a ello, el director Walter Luis Saíz González dijo que aún no ha sido denunciada ninguna irregularidad administrativa; no obstante, recordó que la polémica “donación” de 10 hectáreas del predio del instituto para la construcción de La Villa Olímpica en 2014, ha impedido al ITSX ampliar su infraestructura para mejorar la atención al alumnado.

“El año pasado teníamos una matrícula de mil 400 alumnos de nuevo ingreso y este año fueron 2 mil 100. Alrededor de un 60 por ciento de nuestros estudiantes vienen de comunidades aledañas a Xalapa, y si bien tenemos carencias las hemos enfrentado”, y es que hasta hace unas semanas, por la falta de inmobiliario, los estudiantes recibían sus clases sentados en el suelo, situación que se resolvió luego de gestionar la adquisición de 500 mesabancos.

En el mes de mayo se había dado a conocer mediáticamente el pago irregular por 10 millones de pesos a 498 “aviadores”, es decir, personas que cobraban en la nómina sin trabajar. Dos meses más tarde, en julio, fueron revelados otros 88 beneficiados con pagos de hasta 70 mil pesos mensuales.

En el primer paquete se detalló la existencia de 158 “trabajadores” que cobraban 28 mil pesos, dos ganaban 30 mil pesos, cinco, 25 mil pesos; 16, entre 20 y 24 mil pesos y 33, entre 10 y 19 mil pesos.

Además, 214 personas que no se presentaban a trabajar y solo cobraban compensaciones que iban de los 19 mil hasta los 30 mil pesos, significando un gasto anual de unos 100 millones de pesos del erario.

En su mayoría eran trabajadores comisionados en el Sindicato Único Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SUITCOBAEV), entre ellos, familiares de la dirigente sindical Erika Ayala Ríos, actual diputada local del PRI.

Para el mes de septiembre se había despedido a 200 de esos trabajadores, para octubre, la revisión a la Cuenta Pública daba cuenta de solo cinco de esos “aviadores”. Al final, la situación fue denunciada por la SEV y se espera que sea aclarada.

Pero el problema de la corrupción también trastoca a otra institución de nivel superior: la UPAV, allí, las irregularidades radican en su propio marco normativo, pues se designa como “asesores solidarios” a los cerca de 4 mil docentes con que cuenta en la actualidad a “aprendientes” a sus más de 11 mil alumnos.

Pero no es todo, dentro de su operatividad, la universidad creada en el año 2006, trabaja mediante “convenio de colaboración” con una asociación civil que es la responsable de captar las “aportaciones voluntarias” o pagos que realizan los estudiantes por concepto de inscripción y cuotas. Dichos pagos son sometidos a transferencias bancarias, que entre otros, se deben destinar a la realización de actividades y eventos académicos, cursos, congresos y sobre todo, al pago de “gratificaciones, ayudas económicas y compensaciones”, es decir salarios de los asesores solidarios.

Al respecto de la gestión financiera de 2018 de la UPAV y de la Alianza para el Fomento del Aprendizaje A.C., presidida por Andrés Domínguez Castillo, el Orfis documentó siete observaciones de carácter financiero: cinco para la universidad y dos para la asociación, que hacen presumir la existencia de un daño patrimonial a la Hacienda Pública Estatal de 10 millones 648 mil 764.76 pesos.

Sin embargo, la denuncia interpuesta ante la Fiscalía Anticorrupción por la SEV solo documentó 9 millones 648 mil 521 pesos, es decir, un millón menos.

Se trata de presuntas irregularidades en el manejo de los ingresos recibidos por concepto de transferencias bancarias a la asociación, para cubrir los pagos de gratificaciones, ayudas económicas y compensaciones a los asesores solidarios, gracias al convenio de colaboración que había entre ambas partes hasta el 2018.

Las cantidades eran captadas mediante el pago de aportaciones voluntarias de los estudiantes. Los depósitos que se registraron en cinco ocasiones fueron por 3 millones 192 mil 566 pesos; 3 millones 492 mil 200 pesos; 664 mil 470 pesos; 543 mil 816 pesos y un millón 755 mil 469 pesos, dando un total de 9 millones 648 mil 521 pesos.

Al respecto, el rector de la UPAV, Ome Tochtli Méndez Ramírez, dijo que la denuncia va dirigida a quien resulte responsable, pues se trata de un dinero que no fue justificado y, por lógica, no se aplicó, pero no así con los movimientos bancarios que sí se reflejaron.

“En este caso el problema está en que muchos de los asesores solidarios de períodos anteriores se han quejado de que no han sido gratificados, es ahí donde viene parte de esta investigación, que esas aportaciones que dan los ‘aprendientes’ son para cubrir los servicios que les da una asociación”.

Actualmente, la UPAV opera bajo el mismo esquema, ahora con una nueva asociación civil denominada “Asociación en Beneficio de Jóvenes y Adultos” presidida por Sergio González.

De los riesgos que hay de que esta asociación incurra en las mismas prácticas que su antecesora, Méndez Ramírez dijo que los convenios entre las partes dejaron de ser “eternos”, y actualmente son de un año, con ello se busca que la asociación entregue cuentas anuales y con ello tenga consecuencias inmediatas “si no está actuando de manera correcta”.

Tal y como ocurre en la mayoría de las dependencias de gobierno, también en la SEV, en la construcción de obra de infraestructura educativa se presentan malos manejos de recursos públicos.

En el mes de octubre de este año, fueron presentadas otras denuncias contra empresas constructoras y contra el IEEEV por 20 obras inconclusas en agravio de planteles educativos de distintos puntos del estado, entre las cuales sumaban un presunto daño patrimonial de 81 millones 166 mil 346.28 pesos.

El Secretario de Educación relató que en los recorridos que ha venido realizando en las distintas regiones de la entidad, para conocer de manera directa la problemática de los planteles educativos, se ha detectado un buen número de obra abandonada.

Por ejemplo, en el Instituto Tecnológico Superior de Tantoyuca se encontró con dos obras a medio construir, una de ellas es un edificio para el que se habrían destinado cerca de 13 millones de pesos y otra obra para la cual se destinaron 14 millones de pesos para su reciente conclusión.

Aseguró que durante el primer año de gestión del actual gobierno se ha logrado “rescatar” 500 de 800 obras que estaban abandonadas, gracias, en parte, a la conciliación impulsada con las empresas constructoras responsables.

“Se ha dialogado con las constructoras, con las que no se encontraron ya se presentó la denuncia y eso las obliga,; de igual manera quedan fuera estas empresas para seguir colaborando con el Gobierno del estado, dado el incumplimiento de la obra”, dijo Escobar García.

“Anteriormente, la propia Secretaría de Educación dejaba muy suelto el tema de los OPDS, de los Tecnológicos, y prácticamente se veían como autónomos, pero no, los tecnológicos en el estado dependen de la secretaría y por ello nuestra responsabilidad es fortalecer como tal al sistema, a las universidades tecnológicas y la universidad politécnica”.

Negó que se trate de una cacería de brujas o de una campaña en contra de anteriores administraciones, “simplemente es lo correspondiente, porque si nosotros no hiciéramos la denuncia seríamos parte de, la omisión también se considera parte de la corrupción, un delito, y en ese sentido estamos haciendo las denuncias correspondientes, llevamos bastantes, pero no es un tema mediático”, aseguró.

Para José Alfredo Corona Lizárraga, encargado del Despacho de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, las denuncias presentadas por la SEV demuestran la preocupación actual respecto a cómo fueron manejados los recursos públicos en administraciones pasadas, preocupación que también han encauzado por la vía legal adecuada por los probables hechos constitutivos de delitos en los organismos desconcentrados involucrados.

Corona Lizarraga informó que los señalamientos en contra de institutos y universidades tecnológicas, el IEEEV, el Cobaev y la UPAV ya cuentan con las carpetas de investigación que están siendo diligenciadas, y en la fiscalía a su cargo se cumple con todo el trámite legal que ameritará dictámenes periciales que permitan “llegar a la veracidad de los hechos denunciados donde se presumen algunos hechos delictivos”.

Asimismo, dijo que mientras las investigaciones estén aperturadas no se tiene un plazo mínimo para su resolución, dado que los asuntos relacionados con recursos financieros ameritan diligencias pertinentes, y sobre todo la integración de carpetas bien sustentadas que impidan torcer la ley, y le den al juzgador la pauta para determinar las correspondientes vinculaciones a proceso.

Al momento de su arribo a la Fiscalía Anticorrupción, el 12 de octubre había cerca de 1,400 carpetas de investigación rezagadas, sin determinación, a las que se han ido incorporando nuevas.

En tanto, en la SEV, el personal jurídico trabaja en la elaboración de nuevas denuncias, en las que se insistirá en los presuntos desvíos de recursos y presuntos actos de corrupción detectados en diversos organismos sectorizados de la propia secretaría.