Ayuntamientos bajo sentencia de muerte
Por Salvador Vega
Amenazados, sin mecanismos de protección y con recursos limitados es como ejercen sus funciones los presidentes municipales de las regiones más pobres, conflictivas y aisladas del país.
Condiciones que no sólo han cobrado la vida de 10 representantes del Ejecutivo regional y decenas de autoridades allegadas en un periodo de nueve meses, sino que ponen en evidencia el abandono al que están sujetos los ayuntamientos y el nivel de penetración que mantienen en ellos las diversas células del crimen organizado.
Un fenómeno de violencia que –en caso de mantener su tendencia actual– podría posicionar al 2019 como el año más letal para estos funcionarios en la última década.
Señalados como parte indispensable de la cadena de mando, los presidentes municipales han estado presentes en el discurso del Gobierno federal desde el inicio del régimen de la Cuarta Transformación. Esto a través de un llamado general para el fortalecimiento de acciones articuladas en los tres órdenes de gobierno.
Dentro del diagnóstico emitido en la Estrategia Nacional de Seguridad –publicada el 16 de mayo en el Diario Oficial de la Federación– uno de los compromisos establecidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador fue el integrar de una forma más activa a los representantes locales dentro de la dinámica nacional.
“Enfrentaremos el reto de la inseguridad, coordinadamente con las autoridades estatales y municipales. Sin repartir culpas ni eludir responsabilidades, sumaremos a las y los gobernadores de los estados y a las y los presidentes municipales en un trabajo conjunto, coordinado, eficaz y permanente con el propósito de garantizar mejores condiciones de seguridad en todos los niveles, con independencia del ámbito federal, estatal o municipal en que los delitos que se cometa”, indica el texto del decreto.
Sin embargo, la realidad que se percibe dentro de los ayuntamientos en gran parte del territorio nacional dificulta el cumplimiento de dichos propósitos, pues las autoridades regionales se encuentran ante la disyuntiva de ceder espacios al crimen organizado –con el riesgo implícito que acarrea consigo cualquier vínculo con actividades ilícitas– o sufrir las consecuencias de encarar a los delincuentes con insuficiencia presupuestal, pocos elementos de seguridad y poniendo la vida de por medio.
Durante lo que va de la presente administración, las estadísticas de ataques mortales contra representantes de municipios va en aumento, siendo 24 los ataques contra presidentes municipales, exalcaldes, síndicos o regidores los que fueron perpetrados desde diciembre 2018.
De acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), del total de crímenes registrados contra estas autoridades en el transcurso del año, destacan cuatro ejecuciones de presidentes municipales en funciones y seis de exalcaldes perpetradas en siete entidades del país.
El incremento de los niveles de violencia contra los titulares de los municipios, los coloca como el eslabón más débil en la cadena del Ejecutivo; en una encrucijada en donde el involucrarse en actividades delictivas –permitiendo la libre operación de los cárteles en sus territorios– o arriesgar sus vidas y ganar una sentencia de muerte casi inmediata son en apariencia los únicos caminos visibles para esta clase de servidores públicos.
“El patrón que observamos casi siempre se relaciona con estas bandas muy organizadas que quieren tomar los territorios o municipios y obviamente los presidentes municipales que no lo permiten, los asesinan”, menciona Enrique Vargas del Villar, presidente municipal de Huixquilucan, Estado de México y titular de la ANAC.
Para el representante local, resulta muy lamentable que la violencia impacte de esta forma a los ayuntamientos, pues envía una señal inequívoca de que el narcotráfico está fuera de control. Y aunque reconoció que en algunos de los casos, los alcaldes que fueron víctimas de un asesinato “andaban en malos pasos”, la mayoría sólo se encontraba en el ejercicio libre de su función al momento de sufrir este tipo de represión.
En consideración de Vargas del Villar, existen dos elementos que refuerzan el fenómeno de la violencia contra munícipes del país, que son la falta de presupuesto y la ausencia de un mecanismo de seguridad integral que involucre a las fuerzas federales.
En el primer aspecto, el titular de la ANAC criticó que la actual administración federal decidiera recortar el programa para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad (Fortaseg) de los ayuntamientos, un subsidio creado en 2016 que brindaba a los representantes locales 1 mil millones de pesos para su protección ante esta clase de siniestros.
Dentro de sus investigaciones, la Asociación reflejó que de los 148 municipios donde se registraron víctimas en los últimos tres sexenios, 136 de ellos –es decir, el 91.8 por ciento– no contaban con ninguna clase de estímulo para la protección de los funcionarios regionales.
Sin defensas
Además de la falta de suficiencia presupuestal, otro de los elementos que vuelven vulnerables a los ayuntamientos del país es la falta de protocolos o mecanismos de protección para autoridades municipales.
En la actualidad, no existe ninguna alerta o medida de seguridad implementada por la Secretaría de Gobernación (Segob), similar a las que existen para otros sectores vulnerables que a menudo se encuentran bajo amenaza, como los periodistas o defensores de derechos humanos.
Con relación a esta falta de protocolos de seguridad, la ANAC aseguró estar trabajando en una nueva estrategia que ayude a la federación a contrarrestar la creciente violencia contra los ediles del país.
“Es un tema integral que no podemos mencionar mucho por lo mismo, pero es un protocolo que desde la ANAC hemos venido impulsando desde hace muchos años para salvaguardar la vida de los munícipes.
Estamos pidiendo una línea directa con la Segob o con la Secretaría de Seguridad para que los alcaldes, ante una amenaza o situación de riesgo, puedan tener directamente una línea segura para que puedan intervenir”, menciona Enrique Vargas.
En tanto, otras dependencias como el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) –órgano desconcentrado de la Segob que tiene como propósito la promoción del “diálogo entre los tres órdenes de gobierno para fortalecer a los municipios de México”– manifestó no tener interés o postura alguna sobre los temas de seguridad que están afectando, precisamente, la construcción de un diálogo y acciones coordinadas entre las distintas cadenas de mando.
Víctimas 2019
Menos de semanas después de la toma de protesta del presidente López Obrador en el Zócalo capitalino, se presentó el primer caso de un crimen de alto impacto contra un funcionario regional; se trataba de la alcaldesa del municipio de Juárez, Coahuila, Olga Gabriela Kobel Lara, quien fue reportada como desaparecida el día 10 de diciembre del 2018.
Seis días más tarde se confirmó la muerte de la funcionaria, cuyo cuerpo fue hallado con dos impactos de bala en un rancho de la región de Sabinas.
Ya en el 2019 –el 1 de enero por la mañana–, momentos después de tomar protesta como alcalde del municipio de Tlaxiaco en Oaxaca, Alejandro Aparicio Santiago fue baleado en la intersección del boulevard Oriente con la calle de Perú, convirtiéndose en el primer caso de violencia contra alcaldes del presente año.
A partir de ese momento y con excepción de los meses de marzo, mayo y junio, la violencia contra estos representantes regionales se ha mantenido al alza; siendo los meses más violentos abril y agosto, cada uno con tres atentados contra funcionarios estatales.
Uno de los casos que destacó por la violencia con la que se llevó a cabo fue el de Juan Manuel Carbajal Hernández, exalcalde del municipio de Chalco, Estado de México, quien la mañana del miércoles 3 de abril fue secuestrado por un comando de al menos 15 personas.
Los atacantes, quienes de acuerdo con los testimonios habrían arribado al domicilio particular del de Carbajal Hernández portando uniformes de la Policía Federal, se llevaron por la fuerza al político. Al otro día, cerca de las ocho de la mañana se dio el hallazgo del cuerpo del exalcalde de Chalco en un terreno del municipio contiguo de Amecameca, el cual se encontraba semidesnudo y con un impacto de arma de fuego a la altura de la sien.
El caso más reciente se registró el pasado 15 de septiembre, con el asesinato del expresidente municipal de Tuxtla Chico, Chiapas, Gustavo Alonso Bonilla Palomeque, quien murió cuando un par de desconocidos le abrieron la cabeza a machetazos, despojándolo de su vida y de cerca de 25 mil pesos de la nómina para los empleados de su rancho ganadero.
Reforzar estrategia
Desde el Senado de la República, la presión para acarrear mayores recursos y herramientas para los ayuntamientos se hizo evidente durante la discusión del Paquete Económico 2020, y funcionarios como Cristóbal Arias Solís buscan mantener la discusión activa.
En consideración del también presidente de la comisión de Gobernación de la Cámara alta, es precisamente en los municipios donde debe ponerse el acento para la prevención y la desarticulación de grupos criminales, tanto para delitos graves como para casos del fuero común.
“No debe de regatearse el presupuesto. Al contrario, yo creo que debe destinarse el mayor número de recursos y apoyar, por supuesto, a los estados y ayuntamientos. Buscar que se capaciten técnicamente para que haya resultados positivos”, destaca.
Desde su perspectiva, la colaboración con los otros dos órdenes de gobierno para el combate al crimen es indispensable, pues “la seguridad pública no es nada más función única y exclusiva del Gobierno federal”. Arias Solís afirma que esa articulación tripartita está claramente reflejada en el artículo 21 constitucional que señala que es una función de la federación, los estados y los municipios el mantener la seguridad.
“No debe de regatearse el presupuesto. Al contrario, yo creo que debe destinarse el mayor número de recursos y apoyar, por supuesto, a los estados y ayuntamientos. Buscar que se capaciten técnicamente para que haya resultados positivos”, destaca.
Desde su perspectiva, la colaboración con los otros dos órdenes de gobierno para el combate al crimen es indispensable, pues “la seguridad pública no es nada más función única y exclusiva del Gobierno federal”. Arias Solís afirma que esa articulación tripartita está claramente reflejada en el artículo 21 constitucional que señala que es una función de la federación, los estados y los municipios el mantener la seguridad.
