#UnPaísConNosotras – Patricia Olamendi

Fuerza política, un camino por construir

Los mecanismos de protección y la aplicación de protocolos de atención con perspectiva de género, son algunos de los baches más evidentes en nuestro sistema de justicia mexicano. Espacios en donde la indiferencia y la inoperancia de las autoridades, mantienen sepultadas las voces de las incontables víctimas de violencia de género en nuestro país.

Sin embargo, en el marco del Día Internacional de la Mujer la doctora en derecho Patricia Olamendi Torres, señala que la problemática que enfrentan las víctimas va más allá, y se traduce en la ausencia de un programa integral de Gobierno para la atención de esta crisis de seguridad. Un programa lo suficientemente robusto como para garantizar que a partir de este 2021, se ponga un freno real a la violencia contra las mujeres en el territorio nacional.

“El no contar con un programa de gobierno es muy significativo, porque refleja que no se le ha dado en este sexenio la importancia que tiene. La violencia contra las mujeres no se ve como un tema grave, pues no está dentro de las prioridades en la agenda de seguridad pública, ni siquiera en el diseño del nuevo andamiaje legal en materia de seguridad.

Tiene una frase por ahí en la Guardia Nacional que dicen «se considerará la perspectiva de género en lo que corresponda», pero eso no dice absolutamente nada. La ausencia de políticas públicas nos lleva a cero áreas especializadas en materia de género”.

Para la abogada feminista, y actual integrante de la organización civil Nosotras Tenemos Otros Datos, el nulo reconocimiento del impacto que tiene la violencia contra las mujeres en el ámbito de seguridad y de justicia, habla de un rezago de nuestro país frente a todo el continente. Pues en los casos en donde hay fiscalías, no cuentan con suficientes elementos para la atención y no se atienden los casos en apego a los protocolos de perspectiva de género.

“En México (curiosamente y contrario a lo que sucede en América Central) no tenemos un solo juzgado especializado para dirimir ninguno de los delitos en materia de violencia de género. En América Latina, ya hay muchas experiencias en esta materia. Es más que evidente que en nuestro país no se considera la violencia contra las mujeres como una emergencia nacional.

No solamente la justicia no es pronta: no es expedita y mucho menos gratuita, aunque todo en la práctica va contrario a lo que dice la Constitución. La Constitución dice que la víctima tiene derecho, por supuesto, a asistencia jurídica, médica y psicológica de emergencia, así como el derecho a la reparación del daño. Pero casi ninguna sentencia considera la reparación del daño. Las víctimas tienen a veces que pagar para poder tener la asistencia jurídica y en otras ocasiones los tratamientos curativos o médicos, consecuencias de esa violencia, también corren por parte de la víctima”.

Con una experiencia de al menos tres décadas en la atención a mujeres víctimas de violencia de género, la Dra. Olamendi califica el panorama actual como “tremendamente desalentador”, pues no se avisoran alternativas ni mucho menos vías para una atención efectiva para estos casos. Un fenómeno que orilla a las mexicanas a no denunciar; a optar por perderlo todo (empleo, propiedades, lugar de residencia o dinero) y salir huyendo de la violencia.

“El número de divorcios son enormes porque las mujeres no quieren vivir con violentadores. Es muy sintomático que en México no se mida que el feminicidio se puede prevenir y que esas mujeres que van a denunciar, a pedir apoyo, a decir que requieren protección, no se les haga caso y después ocurra una muerte violenta. Entonces el panorama es muy desolador para las mujeres, porque lo que hemos creado más bien es una burocracia de víctimas que hace a la justicia inaccesible.

“(…) En un país como en el que estamos hoy en día, resulta realmente insoportable vivirlo”.

La fuerza de la organización

Sin embargo, a la par de los baches institucionales, la organización e interrelación entre diversas colectivas feministas está generando que las mujeres en México logren romper el discurso oficial de negación; esa postura que desde Palacio Nacional se traduce en el “nosotros tenemos otros datos” o el “ya chole”, expresados por el presidente Andrés Manuel López Obrador cada que es cuestionado por asuntos de género.

Al respecto, la abogada feminista observa un rumbo claro para la organización de las mujeres en el país.

“Yo creo que las mujeres tenemos que pasar de ser una fuerza numérica a ser una fuerza política. Hoy somos muchas, pero en términos reales no tenemos la fuerza política. Es decir, somos un grupo sin fuerza para influir. Entonces necesitamos que nuestra voz se escuche y nuestras propuestas sean incorporadas. Es increíble que siendo más de la mitad de la población, nuestras voces no puedan ser escuchadas.

Necesitamos que las mujeres se empoderen; que las víctimas se empoderen, porque vivimos en un país tan arbitrario, en el que desaparecen a tu hija, a tu hijo y vas a una dependencia en la que te maltratan, te dicen que te tienes que esperar horas. En México hacemos todo lo contrario que se hace en el sistema internacional de desaparecidos. Los protocolos internacionales, sobre todo de nuestro vecino (EU), dicen que si una persona desaparece al momento de conocer la situación, la autoridad tiene que prender todas las alertas, porque lo más probable es que ya estés buscando un cadáver. Es decir, dejar pasar 24 horas, pues ya de por sí ya es un tema grave. Aquí le decimos a las personas que esperen días: 10 días, 8 días, 7 días. Tenemos recomendaciones internacionales que a pesar de las mismas, no las ponemos en práctica. Pero yo insisto, mientras no exista una voluntad clara, expresa del Estado con respecto a la atención a víctimas, pues creo que vamos a seguir este año y quizá los próximos viviendo este asunto hasta que todos digamos «ya basta» y empecemos a actuar y a demostrar nuestra fuerza real como grupo. Ahorita pues estamos dispersos. Para las feministas, el trabajo conjunto, la unidad, una sola voz, la manifestación, como son los derechos políticos, pues estamos disputando y ejerciéndolo; libertad de expresión, de asociación, de reunión, de manifestación, pues tienen que ser libertades cotidianas, que se conviertan también en mecanismos reales de presión política”.

Salgado Macedonio: catalizador de la indignación

Durante 2021, uno de los casos más emblemáticos por la indignación que logró despertar fue el de la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero. El senador con licencia, acusado de violación y agresiones contra al menos cinco mujeres, ha recibido el respaldo del presidente López Obrador, así como de la cúpula del partido Morena. Desestimando las denuncias y relegándolas al terreno de la calumnia política.

Como parte del equipo legal de las denunciantes, Patricia Olamendi identifica este caso como un auténtico parteaguas; una evidencia de la problemática enquistada del machismo en México y de las prácticas que desde la sociedad civil se deben combatir.

“Yo creo que este caso sí es un caso emblemático, porque se refleja por un lado el abuso de quien ha ostentado el poder de manera política contra mujeres que viven en contextos de discriminación y de marcada exclusión, como es el caso de (una de las denunciantes), una joven de 17 años en un estado como es Guerrero, caracterizado por ser uno de los más altos en violencia sexual.

Donde todavía se venden o entregan niñas. Ya no es matrimonio porque los prohibimos, pero de todas maneras siguen entregando niñas de 12,13 años a hombres adultos e para que sean parejas sentimentales de estos hombres adultos, por no decirlo peor; tiene un alto índice de trata de personas y es en estos contextos terribles que vivimos donde el poder político abusa de sus cargos para cometer delitos. Pues yo diría que es un caso muy, muy significativo de esta situación.

Creo que (el caso Salgado Macedonio) ha levantado la indignación no sólo de las mujeres, sino también de muchos hombres y de muchas personas que se niegan a aceptar que en México sigamos viviendo esta condición tan brutal de violencia. Yo creo que la respuesta ha sido muy importante de la sociedad, comprendiendo la magnitud de esta violencia, entendiendo que no podemos seguir teniendo autoridades que que nos representan en lo político, pero que tengan un historial de abuso y poder tan brutal como como lo tiene el señor candidato de Morena en Guerrero.

Entonces creo que tenemos que seguir presionando a la autoridad, tenemos que seguir insistiendo ante las autoridades y ante los partidos políticos que este tipo de personas no caben en nuestra sociedad; no pueden ser admitidos y no pueden ser nuestros gobernantes, porque el mensaje es tan claro. El mensaje es como decirle a las víctimas «ustedes no nos importan, no nos van a importar». Pero además, la violencia contra las mujeres está legitimada. Y eso es demoledor.