Cerco de violencia en las montañas de Guerrero

Por Tamara Gidi y Salvador Vega

Cautivos en sus comunidades, entre la violencia y la impunidad, es como permanecen en pleno 2021 al menos 24 comunidades indígenas de La Montaña de Guerrero. Pueblos originarios que, tras un año de denuncias y 28 asesinatos a manos de presuntos integrantes del crimen organizado, exigen la acción inmediata de las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Históricamente marginadas y aisladas en lo alto de las cadenas montañosas del sureste mexicano, 24 comunidades indígenas del estado de Guerrero padecen  la brutalidad del crimen organizado en completo desamparo 

Pueblos nahuas, tlapanecos y mixtecos que componen una región conocida como La Montaña; más de 9 mil km2 de extensión delimitados por una frontera invisible, pero altamente letal, donde impera la violencia, la sangre y la impunidad. 

El pasado 19 de diciembre, cuatro comerciantes de la comunidad de Alcozacán, pagaron con su vida la ruptura del cerco que los cárteles de la droga impusieron sobre las comunidades indígenas de esta zona. Un castigo ante la resistencia de ceder el control sobre sus tierras, usadas generalmente para el cultivo de amapola.

Estos asesinatos se suman a la lista de 28 homicidios perpetrados contra habitantes de los municipios de Chilapa de Álvarez y José Joaquín Herrera durante 2020. Crímenes cuya respuesta otorgada por las autoridades de los tres órdenes de gobierno se ha caracterizado por  la omisión, el desconocimiento y la inacción.  

Romper el silencio

Desde finales de 2019 y hasta principios de este 2021, cada acto de violencia ha detonado una nueva ola de indignación que potencia los gritos de ayuda y las exigencias de justicia que retumban desde la región de La Montaña. 

 

Chilapa, con un aproximado de 120 mil 700 habitantes –de acuerdo con el último reporte del INEGI–, es sólo uno de los municipios que padecen la crisis de seguridad. Pero esta problemática reafirmó la unidad entre las comunidades afines al Concejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), principal organización que encabeza la lucha de resistencia contra la represión del narco y la pasividad de la autoridad. 

 

“Hoy y en los tiempos que vienen, nos seguirán asesinando, sobre nuestros cadáveres se va a construir ese México en el que nuevamente estorbamos. Pero ya no podemos continuar en la esclavitud, aquí en la montaña baja de Guerrero el COVID-19 es lo de menos, nos están asesinando, así, como animales.” 

 

“Sin que nadie escuche, sin que nadie haga nada. Nuestro ¡Ya Basta! continuará y costará más sangre, porque ninguna lucha por la verdadera libertad y la justicia ha sido tersa, nunca en la historia a los pueblos nos han regalado nuestra libertad”, se asentó en un comunicado del Congreso Nacional Indígena (CNI) del pasado 20 de diciembre. 

 

Con esta declaración de principios, los pueblos organizados del CIPOG-EZ emprendieron el primer bloqueo a gran escala de la carretera Chilapa-Hueyacantenango, para reiterar a los gobiernos federal y local una petición que se mantuvo de forma permanente durante todo el 2020: la garantía de protección a las comunidades de La Montaña, reparación integral para las víctimas directas e indirectas de los asesinatos, así como el desarme inmediato de “Los Ardillos” y “Los Rojos”, grupos del crimen organizado identificados como los principales promotores de la violencia en la región. 

 

Tras un acercamiento el pasado 27 de diciembre, la Fiscalía General y la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero solicitaron el retiro del bloqueo con la promesa de arrancar una estrategia de seguridad para las comunidades afectadas. Un acuerdo que se diluyó tal y como todos los previamente establecidos con autoridades municipales, estatales e incluso de adscripción federal. 

Un año sin acción

La inacción de las autoridades locales orilló a los representantes de las comunidades de La Montaña a solicitar la intervención del Gobierno Federal, con motivo de la crisis de seguridad  orquestada por los cárteles regionales. El 28 de enero de 2020, el CIPOG-EZ entregó a la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación un pliego petitorio en donde solicitaban medidas cautelares y protección para las 24 localidades bajo asedio de “Los Rojos” y “Los Ardillos”. 

 

Entre los requerimientos específicos se encontraban: vehículos blindados para la transportación segura de insumos, radios de comunicación y protección especial para los promotores estatales de su organización. Asimismo, un reconocimiento público por parte de las autoridades de la crisis de violencia específica en la región montañosa de la entidad. 

 

Derivado de esa reunión, el subsecretario Alejandro Encinas suscribió un documento de compromiso en donde se acordó llevar “la solicitud urgente de atención a la inseguridad que viven las comunidades de los municipios de Chilapa de Álvarez, José Joaquín Herrera, Guerrero”, directamente ante el Gabinete de Seguridad. Otro de los compromisos suscritos fue el establecimiento de medidas cautelares por parte de la Unidad de Derechos Humanos de la citada institución, y una atención permanente al caso. 

Sin embargo, casi un año después de establecidos dichos compromisos, las comunidades indígenas se mantienen en espera de la intervención federal, mientras la violencia crece sin control.

 

Cinco meses después, el 28 de junio de 2020 el CIPOG-EZ, a través del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), tocó las puertas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para establecer la solicitud MC-691-19 de medidas cautelares para las 24 comunidades. 

 

Una solicitud que fue declinada ante lo que suponen, se trata de una falta de reconocimiento de la problemática por parte del Estado, respecto de la existencia de una crisis de seguridad en Guerrero. 

Segunda reunión

El 14 de septiembre de 2020, los representantes del CIPOG-EZ sostuvieron una nueva reunión con las autoridades federales para insistir en el cumplimiento de los acuerdos para la protección de las comunidades indígenas de la sierra guerrerense. 

 

Entre los acuerdos suscritos en esta nueva asamblea, se encuentran la instalación de una mesa de diálogo entre la Subsecretaría de Derechos Humanos y el CIPOG-EZ, con el fin de estudiar las rutas para la solución del conflicto; la gestión de reuniones paralelas con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), la Procuraduría Agraria y el delegado federal del estado de Guerrero, Pablo Sandoval Ballesteros. 

 

De igual forma se acordó solicitar un acompañamiento permanente de la Guardia Nacional y el seguimiento del caso por parte de representantes del lNPI y la Segob. 

Nuevamente, las minutas firmadas por las autoridades y los representantes de los pueblos indígenas, derivaron en un trámite inerte. Letra muerta ante la problemática general que oprime a los pueblos Na savi, Me pháá, Ñamnkue, Nahua, Afromexicanos y Mestizos, que configuran al menos un 13 por ciento del territorio del estado de Guerrero.

Resistencia: al fondo y a la izquierda

“Hasta ahorita llevamos 28 muertos sin que nos haga justicia el gobierno. Se le denunció a los tres niveles de gobierno pero no nos han hecho caso (…) ahora, nuevamente, vuelven a asesinar a cuatro compañeros. Compañeros que se dedican a trabajar la tierra, sembrar frijol y al campo. Matan y asesinan gente inocente”, dijo Jesús Plácido Galindo, Promotor del CIPOG-EZ en entrevista para ONEA.  

De acuerdo con su testimonio, la problemática recrudeció desde el 17 de enero de 2020 con la masacre de 10 músicos de Chilapa atribuidas a la organización de “Los Ardillos”.  Un crimen el cual el Congreso Nacional Indígena (CNI) calificó como “una señal clara de que aquí ya no existen los derechos humanos, no existen ni leyes, ni legalidad alguna, el Estado no está ausente, es cómplice y busca nuestra muerte porque que le estorbamos”.

Luis Bustamente, integrante de la Organización Campesina de la Sierra del sur y Concejal del CNI, detalló en entrevista para ONEA que a pesar de las múltiples denuncias interpuestas ante el ministerio público estatal, en ningún caso se ha detenido o sancionado a los perpetradores. 

Destacó además, que la impunidad de estos crímenes prevalece gracias a que los grupos del crimen organizado mantienen alianzas con las administraciones locales, quienes a su vez hacen “oídos sordos” ante la crisis de violencia. 

“Nos preocupa mucho porque la policía municipal, ministerial y estatal, que operan en Chilapa, sabemos que están coludidos con ellos. Desde 2019 se ha denunciado, pero hoy con lo que pasó, volvemos a romper miedos. Bloqueamos la carretera porque queremos la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y presionar al gobierno de Andrés Manuel López para que desmantele al grupo armado”, dijo.

Paralelamente, los integrantes del CIPOG-EZ han solicitado la intervención del gobierno estatal a cargo de Héctor Astudillo. Sin embargo, este también ha sido omiso en implementar políticas efectivas para erradicar la violencia en la región y salvaguardar la vida de sus habitantes. 

“Se le presentó denuncia a la Fiscalía del estado de Guerrero, a la Comisión de Derechos Humanos pero al parecer no han hecho nada porque no nos han hecho justicia. El gobernador prometió cuando mataron a los 10 músicos, que iban a hacer justicia. Cosa que fueron engaños y mentiras porque no resolvieron nada”, denunció Jesús Plácido Galindo.  

En tanto, para Luis Bustamante, la falta de interés del gobierno ante las reiteradas llamadas de atención y denuncias por parte de su organización, evidencia el nivel de compromiso de las autoridades federales en cuanto a la atención de las comunidades indígenas durante este sexenio. 

“Estuvimos en frente del Palacio Nacional, pidiendo audiencia con el presidente López Obrador o con alguna comisión pero no hubo respuesta. Parece que la visión de ellos es la discriminación hacia nuestros pueblos”. 

RADAR ONEA

Desde la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA), hacemos un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a implementar las medidas necesarias para detener la crisis de violencia contra las comunidades indígenas de La Montaña de Guerrero. 

Al Gobierno del Estado de Guerrero:

Solicitamos al gobernador Héctor Astudillo Flores implementar acciones idóneas e inmediatas  para atender la violencia generalizada que viven las comunidades indígenas Nahua de Xicotlán, Tula Guerrero, Terrero 1, Ahuehuitic, Papaxtla, Acahuehuetlán, Rincón de Chautla, Zacapexco, Buena Vista, Xolotepec, Xulchuchuio, El Paraíso Tepila, San Jerónimo Palantla, Ahuixtla, El Jagüey, El Paraíso, Tepozonalco, Santa Rosa y Mexaltepec 1, del municipio de Chilapa de Álvarez; y Xochitempa, Ayahualtempa y Hueyacantenango, del municipio de José Joaquín Herrera. 

Al Gobierno Municipal de Chilapa de Álvarez:

Solicitamos al presidente municipal Jesús Parra García indicar las acciones implementadas para atender la violencia generalizada que viven las comunidades indígenas Nahua de Xochitempa, Ayahualtempa y Hueyacantenango.

A la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la SEGOB:

Solicitamos al Subsecretario Alejandro Encinas dar cumplimiento  de forma inmediata los acuerdos suscritos el 28 de enero y el 14 de septiembre de 2020. Acuerdos en donde se estableció brindar medidas cautelares, protección y un diálogo permanente con las comunidades representadas por integrantes del CIPOG-EZ.

A la Fiscalía Estatal y General de la República:

Solicitamos indicar el número de carpetas de investigación iniciadas por el delito de homicidio cometido en contra de población indígena de los municipios de Chilapa de Álvarez y José Joaquín Herrera. Lo anterior, desde junio de 2018 y hasta la fecha. 

En ONEA nos mantendremos al pendiente de la atención de las autoridades a la crisis de seguridad que afecta a los pueblos originarios de La Montaña de Guerrero.