Elizabeth Hernández
El Senado aprobó en lo general y en lo particular la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, normativa que define la estructura, integración, funcionamiento y competencias de los órganos que componen el sistema judicial del país. Entre ellos destacan la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal de Disciplina Judicial, el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como los Tribunales Colegiados y Juzgados de Distrito.
La reforma incluye una reserva presentada por la senadora Blanca Díaz, de Morena, que establece que quienes aspiren a ser magistrados deberán no haber ocupado cargos directivos en partidos políticos durante los seis años previos a su designación.
Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia, presentó los dictámenes relacionados con esta ley, la Ley de Carrera Judicial y las reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Corral afirmó que estas modificaciones buscan armonizar las leyes con la reforma constitucional del Poder Judicial. Subrayó que la Ley Orgánica regula la operatividad de los órganos judiciales y destacó su relevancia para garantizar justicia eficiente, transparente y cercana a la ciudadanía.
La Ley de Carrera Judicial introduce principios de paridad de género, perspectiva de género y combate al nepotismo. Además, respeta los derechos del personal actual del Poder Judicial y establece medidas para evitar conflictos de interés en nombramientos por vínculos familiares.
DISCUSIÓN DIVIDE AL SENADO POR APROBACIÓN
Esta reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas incorpora el criterio de “buena administración” y otorga al Tribunal de Disciplina Judicial la facultad de sancionar faltas administrativas. También habilita a los Tribunales de Disciplina Judicial estatales y de la Ciudad de México a investigar y sancionar irregularidades en los poderes judiciales locales.
La iniciativa generó divisiones. Ricardo Anaya, del PAN, votó en contra, argumentando que la reforma elimina la división de poderes y otorga control total a Morena sobre el Poder Judicial. Manuel Añorve, del PRI, denunció violaciones a principios constitucionales, mientras que la morenista Guadalupe Chavira acusó a ciertos jueces de connivencia con el crimen organizado.
El petista Gonzalo Yáñez defendió la reforma como parte de una transformación democrática, contrastándola con prácticas previas que calificó de clasistas. Claudia Anaya, del PRI, cuestionó la transparencia del proceso y criticó la gestión del INE respecto a la organización de elecciones judiciales.
La aprobación de estas reformas marca un punto clave en el rediseño del sistema judicial, mientras persisten cuestionamientos sobre su impacto en la independencia judicial y la división de poderes.
