El trece de septiembre de 2007 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó uno de los documentos internacionales más importantes en materia de reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas.
La redacción de la Declaración comenzó en 1985 con la participación de representantes de distintos pueblos y comunidades del mundo y, tras un proceso de más de veinte años, fue adoptada por la organización internacional en su sexagésimo primer periodo de sesiones.
Al pronunciarse sobre este tratado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha sostenido que, si bien no constituye un documento jurídicamente vinculante, su fuerza moral permite avanzar en la implementación de soluciones a la situación por la que atraviesan las comunidades indígenas del país.
Los 46 artículos que componen el documento contienen los parámetros mínimos para el efectivo respeto de estas colectividades; entre ellos, el derecho a la libre determinación, a la propiedad de la tierra y el acceso a sus recursos naturales, a la propia cultura, a un medio ambiente sano, al desarrollo, a la no discriminación, al trabajo y a una consulta previa, libre e informada sobre los asuntos que les afecten.
De acuerdo con el último censo de población y vivienda del INEGI, el 19.4% de la población mexicana se autoidentifica como indígena, lo que equivale aproximadamente a 23 millones de personas. De éstos, el 30.8% se comunican en un idioma distinto al español.
A pesar de esta importante presencia pluricultural, la población indígena del país enfrenta graves problemáticas estructurales, desde la discriminación hasta carencias sociales en lo que respecta a servicios básicos y oportunidades educativas.
De acuerdo con las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el 65.2% de la población indígena de México se encuentra en pobreza. De ésta, el 33.4% padece limitaciones en el acceso a una alimentación nutritiva y de calidad. Por su parte, el INEGI reportó un nivel de escolaridad promedio de 6.2 grados en personas hablantes de una lengua indígena, contra los 10 grados promedio de aquellas que hablan español.
Esta Organización Nacional Anticorrupción celebra la diversidad cultural y recuerda a las autoridades de todos los niveles de gobierno su responsabilidad en la implementación de políticas públicas que reduzcan y eliminen las brechas de desigualdad económica, política y social que perjudican de forma desproporcional los derechos de las comunidades y pueblos originarios de nuestro país.
