La Organización de las Naciones Unidas conmemora el 30 de agosto como el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. En México, los colectivos de familiares de distintas regiones de la República realizan marchas y manifestaciones cada año para exigir la búsqueda y localización de sus seres queridos.
Las personas desaparecidas y no localizadas en el país ascienden a 111,066 casos, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Gobernación. Más del 85% de las desapariciones registradas ocurrieron a partir del año 2006, acumulando 95,975 personas desaparecidas en poco más de quince años cuyo paradero aún se desconoce.
En el mismo periodo, el RNPDNO arroja un total de 501 desapariciones cometidas por autoridades del Estado. Sin embargo, los casos documentados desde la sociedad civil revelan un panorama mucho más desalentador.
La investigación “Brutalidad Policial” elaborada por esta Organización Nacional Anticorrupción detectó 526 carpetas iniciadas por el delito de desaparición forzada y 692 expedientes radicados por la misma causa en las comisiones de derechos humanos tan solo en el periodo 2015-2020. De las investigaciones de la fiscalía, únicamente el 7.6% fueron judicializadas y solo 4 casos derivaron en una sentencia condenatoria (0.7%).
“Estoy decepcionada de la justicia en México, de nada nos sirve que haya autoridades si todas están coludidas”, externó María de Jesús López, representante del colectivo Unidos por la Paz Veracruz y madre de Carlos, víctima de desaparición forzada en 2015 a manos del entonces Director General de Prevención y Reinserción Social en la entidad.
La desaparición forzada de personas es un delito que no solo afecta a las víctimas directas y sus familiares, sino que lacera a la sociedad en su conjunto.
Desde ONEA México nos solidarizamos con las personas afectadas por esta representación sistemática y generalizada de la violencia, y conminamos a las autoridades encargadas de la procuración de justicia a llevar a cabo las acciones necesarias para la búsqueda y localización de las personas desaparecidas, su debida identificación, la imposición de sanciones de carácter penal y administrativo, el esclarecimiento de los hechos, la divulgación de la verdad histórica y la reparación integral a víctimas.
