Elizabeth Hernández
El Índice de Estado de Derecho en México 2022-2023, presentado a mediados de esta semana por el World Justice Project, reveló la preocupante falta de avances sustantivos en la mayoría de las entidades federativas del país. El informe muestra que la calificación promedio general de los 32 estados está por debajo de la media tabla con 0.42 unidades totales, lo que refleja la persistente brecha que persiste en gran parte del territorio.
Los puntajes de este año han experimentado cambios marginales, con aumentos en 19 estados, descensos en 3 y 10 estados que permanecieron sin cambios. A pesar de estos ajustes, todos las entidades continúan por debajo de la mitad de la calificación idónea, lo que indica que enfrentan desafíos significativos para alcanzar un Estado de Derecho sólido, especialmente en lo relacionado con la seguridad y la justicia penal.
Los tres estados con los mejores puntajes en el informe son Querétaro (0.49), Guanajuato (0.48) y Aguascalientes (0.47). En contraste, Guerrero, Ciudad de México y Quintana Roo ocupan las últimas posiciones con el mismo puntaje (0.36), resaltando la necesidad de una atención urgente en estas entidades.
El informe también destaca seis estados que han mostrado mejoras continuas desde el inicio de este proyecto: Querétaro, Guanajuato, Sinaloa, Baja California Sur, Tamaulipas y Sonora. Estos estados han logrado avances significativos en términos de cohesión al Estado de Derecho y podrían servir como ejemplos a seguir para otras entidades, aunque en algunos de ellos, los datos oficiales muestran una realidad muy diferente.
La Dra. Alejandra Nava, investigadora de este proyecto, subrayó la necesidad de mejorar el sistema de justicia penal en México. Según la experta, el sistema de justicia es la dimensión con la calificación más baja en el índice, particularmente en lo que respecta a las investigaciones realizadas por los ministerios públicos y las autoridades policiales.
“Estas áreas presentan grandes desafíos que deben abordarse de manera urgente para lograr un sistema de justicia más eficiente, expedito y justo en beneficio de la ciudadanía, es sin duda un reto que mantiene a la mayoría de los estados con baja calificación”, aseguró la investigadora en entrevista con ONEA México.
Aunque el informe muestra una mejora en la percepción de seguridad en 22 estados, los altos índices de homicidios y delitos continúan siendo motivo de preocupación. Es necesario que se implementen estrategias efectivas para reducir la violencia y garantizar la seguridad de los ciudadanos en todo el país.
A pesar de algunas mejoras, el World Justice Project señala la persistente contracción del espacio cívico en el país, marcada por retrocesos en la libertad de expresión y mayores restricciones al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Además, el informe destaca la falta de avances en la lucha contra la corrupción en varios estados, así como los preocupantes niveles de violencia y delincuencia que persisten en todo el país.
En este aspecto, la doctora Nava remarcó que “vemos una contracción en la libertad de prensa, los partidos políticos y la libertad de asociación. Lo preocupante es que esta reducción se ha dado en 20 estados durante tres años consecutivos”, y agregó que “es un indicador rojo, especialmente en lo que respecta a los asesinatos de periodistas, que continúa siendo un tema de gran relevancia tanto en términos de seguridad como en las implicaciones para el espacio cívico”.
La investigadora consideró que es difícil trasladar la importancia de los crímenes contra periodistas a la población general, pero que “en términos de acceso a la información y a noticias relevantes, es donde se siente el mayor efecto. Si los periodistas no pueden realizar su trabajo de manera segura e independiente, eso tiene un impacto en la calidad de la información que llega a la ciudadanía” concluyó.
Este índice nacional también dedicó uno de sus principales indicadores a medir los múltiples factores de la corrupción, uno de los principales problemas sociales que atraviesan al país, y que en esta edición obtuvo un puntaje de 0.37 unidades, muy por debajo del promedio esperado.
“Aunque hubo mejoras en 15 estados, consideramos que estas mejoras son marginales y no representan un progreso estadísticamente significativo ni en las evaluaciones cualitativas ni en las respuestas obtenidas. Por tanto, hablamos de un estancamiento, ya que no se observa un avance sustancial en ninguna de las entidades en términos de la corrupción”, remarcó la Alejandra Nava al explicar las múltiples razones que contribuyen a este fenómeno.
Los últimos resultados del Índice de Estado de Derecho en México 2022-2023, que pueden consultarse de manera abierta en la web del WPS, destacan la falta de avances significativos en la mayoría de las entidades del país, así como la necesidad de tomar medidas concretas para fortalecer el Estado de Derecho, mejorar el sistema de justicia penal y garantizar la seguridad y los derechos de los ciudadanos en todas las regiones del país.
