Jaime Ríos Otero
No escatimó el gobierno de Veracruz el uso de la fuerza y la represión para castigar a una jueza que “se atrevió” a someterse a la ley, aunque con ello contrariara los intereses políticos del gobernador y su grupo. Por cumplir un mandato legal constitucional, la juzgadora fue obligada a comparecer ante la magistrada que es su jefa, fue recriminada y de ahí fue enviada a la cárcel.
El tema tuvo resonante eco en los medios desde el lunes en que ocurrió. Sigue siendo un escándalo nacional. Y no es para menos por lo que significa, la ruptura del orden legal, la subordinación del sistema jurídico a criterios políticos, el embate del poder ejecutivo al poder judicial, en fin, la desaparición del Estado de Derecho.
Con sus palabras ridículamente lentas y vacilantes desde que cree que remedar al Presidente de la República lo hace apóstol de la Cuarta Transformación, el propio gobernador confirmó, como lo hace siempre, cuando suplanta informativamente a la Fiscalía, que la detención de la jueza fue por ordenar la liberación de un sujeto acusado de varios delitos, entre ellos el asesinato en 2019 de Juan Carlos Molina, diputado del PRI.
Se ha revelado abundante información sobre el tema: que la jueza sólo acató una resolución de amparo donde un juez federal fue quien ordenó nulificar la vinculación a proceso; que la jueza fue citada por la presidenta del Tribunal para ser regañada; que intentaron acusarla de agredir a los policías que la detuvieron.
Este miércoles fue liberada porque la Fiscalía no pudo allegarse elementos para justificar la prisión preventiva, pero ella, la víctima, asegura haber sido sometida a torturas en el cuartel de San José. Sin embargo, la Fiscalía insiste en que la investigación no ha concluido y que seguirá intentando acreditar presuntos delitos.
El asunto no ha quedado ahí. Ahora está dándose a conocer un citatorio que le dejaron a la jueza en su casa para una diligencia donde el Consejo de la Judicatura le notificará de un procedimiento administrativo sancionador en su contra. La idea es seguir mortificándola o francamente afectarla, quizá destituirla.
La presidenta del Tribunal parece no tener la menor prudencia. Se vuelve cómplice en un atropello y persiste en hacer más grande y prolongado el escándalo armado por el gobernador en su infinita torpeza, que antes del tema de la jueza exacerbó el repudio público al encarcelar a Viridiana Bretón, la ex alcaldesa de Ixhuatlán del Café y a líderes cafetaleros mediante procesos amañados. (Vale decir que Viridiana fue uno de los 2 alcaldes que resultaron sin daño patrimonial durante su gestión).
Sin tanta retórica, imagine usted, paisano que, si esto le hace la 4T a una mujer, que además es experta en leyes y procedimientos, que sólo acató una orden jurisdiccional porque de no hacerlo ella se hubiera convertido en delincuente… ¿qué le espera a cualquier hijo de vecina, en este régimen de miseria?
