Elizabeth Hernández
El caso de Ángel Moreno, menor asesinado dentro de asistencia social DIF Fabriles de Nuevo León, fue clasificado como un crimen del Estado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL), esto después de que una investigación realizada por este organismo concluyera que el adolescente de 14 años no murió de causas naturales como se había reportado inicialmente.
La CEDHNL concluyo en su informe que la muerte del menor de edad, quien además tenía una discapacidad, se debió a un acto violento perpetrado por el personal del centro, quien golpeó al adolescente hasta causarle un shock hipovolémico que terminó con su vida.
Susana Méndez Arellano, presidenta de la CEDHNL, puntualizó que “es de relevancia que el nombre de Ángel Manuel Moreno sea recordado y nunca olvidado, es de importancia que este tipo de actos no vuelvan a repetirse. Esta recomendación tiene fundamento en un marco jurídico nacional, pero también se sustenta en criterios de la Corte Interamericana de diversos instrumentos internacionales; incluso se considera un Crimen de Estado”.
El caso de Ángel impulsó a que la CEDHNL emitiera una recomendación en la que solicita una disculpa pública por parte de las autoridades responsables del DIF, entre las que se encuentran la esposa del gobernador Samuel García, Mariana Rodríguez, quien también ha enfrentado acusaciones por sustraer a un pequeño de los centros Capullos sin seguir los lineamientos adecuados.
Christian Ramírez Salas, activista por los derechos de la infancia en México, explicó en entrevista para ONEA que “las autoridades correspondientes deberán tomar medidas inmediatas para esclarecer los hechos, garantizar la protección de los menores en estos centros de atención y, en caso de comprobarse la responsabilidad de funcionarios públicos, aplicar sanciones ejemplares”, y agregó que “la sociedad debe exigir acciones concretas para evitar que tragedias como esta se repitan en el futuro”.
La CEDHNL también enlisto entre sus recomendaciones una compensación económica para la familia de Ángel, así como una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades en este caso y que se apliquen sanciones a los funcionarios involucrados, entre los que se encuentra Miguel Ángel “N”, actual presidente estatal del partido Movimiento Ciudadano, y quien logró tramitar un amparo para evitar su detención por este caso.
Otros exfuncionarios señalados por este crimen son el director de Atención al Menor y la Familia del DIF y el encargado de la Enfermería del centro de Fabriles, quienes ya fueron detenidos y vinculados al proceso por los delitos de encubrimiento y homicidio de un menor de edad.
Para Ramírez Salas, “el asesinato de Ángel ha puesto en tela de juicio la calidad de los servicios de atención a menores en los centros DIF de Nuevo León, especialmente porque no es el primer caso de maltrato que se reporta en esta institución, que debería realizar cambios estructurales para garantizar la seguridad y el bienestar de los niños que se encuentran bajo el cuidado del Estado”
