Elizabeth Hernández
Con nueve votos a favor y dos en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó las reformas hechas en materia electoral a la ley de comunicación social y de responsabilidades administrativas aprobadas por el Senado en diciembre del año pasado. Esta decisión suma otro desencuentro con el gobierno federal, que señalo al Pleno judicial de “no respetar la separación de poderes”.
Durante la tarde, los ministros determinaron que el primer bloque de las Reformas Electorales fueron aprobadas con graves violaciones al procedimiento legislativo, por la dispensa de trámites y por haberse aprobado sin que los grupos minoritarios supieran su contenido.
La tensión entre el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y la Suprema SCJN ha aumentado en las últimas semanas después de que los ministros invalidaran una reforma que transfería al Ejército el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional. Ahora, el Pleno ha dado un nuevo golpe al gobierno al invalidar la primera parte del llamado “Plan B” electoral.
El proyecto de sentencia presentado por los ministros de la SCJN propone la invalidación de la reforma de las leyes de Comunicación Social y Responsabilidades Administrativas que aprobó en diciembre la mayoría oficialista del Congreso como parte de un paquete de leyes.
Los ministros que votaron a favor de invalidar la primera partedel plan B fueron Ana Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán, Arturo Zaldívar, Javier Laynez Potisek, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Luis María Aguilar Morales y la Ministra presidenta del pleno, Norma Piña Hernández.
En contra, votaron las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, ambas propuestas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Especialistas en derecho legislativo y ciudadanos también expresaron molestias por la participación de Esquivel Mossa, quien ha sido acusada dos veces de plagio en los últimos meses.
La Ministra presidenta Piña argumentó en favor del proyecto elaborado por el ministro Pérez Dayán al considerar que “esta situación de desconocimiento de lo que se votaría, al igual que el trámite urgente, son causas invalidantes del procedimiento legislativo, porque vulneran la equidad en la deliberación parlamentaria al grado tal que ni siquiera se cumple con las condiciones mínimas de una deliberación democrática, pues el trámite precipitado provoca que no se conozca el contenido de la iniciativa”.
Por su parte, el Ministro Arturo Zaldívar, expresidente de la Corte, también voto a favor del proyecto al sostener que no hubo igualdad ni libertad para que los diputados pudieran discutir, y menos aprobar la reforma en el tiempo entre que fue publicada y que se votó.
“Este solo hecho es suficiente para considerar que existieron violaciones graves al procedimiento. Se privó a todos los diputados y todas las diputadas, pero principalmente a los que pertenecen a grupos minoritarios, de participar de un debate en condiciones de igualdad y libertad, no se puede discutir ni alegar sobre la propuesta legislativa que no se conoció con antelación adecuada, prácticamente es imposible que toda esta información fuera procesada, analizarla, tener posicionamiento”, explicó Zaldívar.
El “Plan B” electoral del Gobierno de López Obrador incluye varias medidas que han generado controversia, como la eliminación de los órganos autónomos, la reforma a las leyes electorales y la restricción de la publicidad gubernamental.
La decisión de la SCJN es un duro revés para López Obrador y su partido, Morena, que tienen mayoría en ambas cámaras del Congreso. La invalidación de la reforma a las leyes de Comunicación Social y Responsabilidades Administrativas significa que las disposiciones que establecían restricciones no podrán aplicarse como estaban contempladas en la propuesta legislativa de diciembre.
MORENISTAS ATACAN A LA SCJN TRAS VOTACIÓN DE PLAN B
Diversos miembros del partido de Movimiento de Regeneración Nacional han expresado su descontento, argumentando que la SCJN pasó por encima de la voluntad democrática. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que “la decisión de los ministros fue una protección a intereses particulares, y adelantó que habría un “Plan C” en las urnas”.
Por su parte, la senadora morenista, Citlalli Hernández, calificó de vergonzoso el papel de la Corte, mientras que la también legisladora Patricia Armendáriz calificó a los ministros como parte de la oposición al gobierno de López Obrador.
El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, se sumó a los reclamos, alegando que la SCJN se excedió al invalidar la reforma, pues dijo que “era constitucional al ser resuelto por la soberanía emanada del voto del pueblo”, mientras que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, consideró que se trata de un atropello al Poder Legislativo.
Dalila Escobar, abogada especialista en derecho legislativo, explicó brevemente a ONEA que “la Suprema Corte si tiene facultades para revisar la constitucionalidad de cualquier ley que emita el Congreso u otro órgano de gobierno, e incluso invalidarlas si es necesario, lo que no atenta de ninguna manera contra la división de poderes y forma parte, de hecho, de la mecánica de contrapesos con la que se diseñó nuestro sistema”.
