Elizabeth Hernández
El Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas estableció que el Estado Mexicano incumplió con su obligación de investigar con celeridad e integridad el caso de Yonathan Mendoza Berrospe, menor que fue sustraído de su casa hace una década; esta es la primera vez que esta internacional constata violaciones de este tipo en territorio nacional.
Mendoza Berrospe tenía 17 años cuando un grupo de hombres armados, vestidos con uniformes de policía, irrumpieron violentamente en su casa en la ciudad de Veracruz en diciembre de 2013. Los perpetradores portaban uniformes de las fuerzas policiales del estado y la Marina, así como armas de fuego y toletes que utilizaron para amedrentar a familiares y vecinos que intentaron ayudar el joven.
Los uniformados golpearon a Yonathan Mendoza antes de esposarlo y subirlo a una camioneta negra marca Suburban para, supuestamente, trasladarlo a un centro de detención; sin embargo, el joven nunca fue presentando o puesto a disposición de ninguna autoridad en Veracruz.
Algunos de los vehículos que participaron durante la detención de Mendoza Berrospe fueron identificados por la familia del menor cuando acudieron al centro de detención de la Policía Naval a buscarlo, en donde les informaron que no había ninguna persona arrestada con las características o el nombre del joven.
Con esta respuesta, la familia presentó una denuncia ante las autoridades fiscales del estado, interpusieron un amparo ante un juzgado de Veracruz, mismo que fue archivado, mientras que la investigación a nivel estatal y federal no logró localizar a la víctima ni llevar a los responsables ante la justicia.
Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades mexicanas, la madre de Mendoza llevó el caso ante el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas, una entidad que forma parte del sistema de protección y defensa de los derechos fundamentales cuyo núcleo es el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El Comité determinó que la mayoría de las investigaciones hechas por las autoridades mexicanas se comenzaron después del 2019,seis años después de que Yonathan fuera secuestrado de su propia casa, e incluso las acciones de búsqueda oficiales no arrancaron hasta hace dos años.
También concluyó que las autoridades del Estado no procedieron a realizar una investigación exhaustiva e imparcial y no tomaron todas las medidas necesarias para buscar a la víctima, lo que constituye una violación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, por lo que se dictaminó que México había violado el derecho de la familia de Mendoza a conocer la verdad y a recibir una reparación adecuada.
Los miembros del Comité también consideraron que a pesar de que existían pruebas suficientes sobre la participación de agentes del Estado en la desaparición forzada de Yonathan, el Gobierno de México no cumplió con la responsabilidad de probar lo contrario, lo que constituye una fuerte violación a los derechos humanos de la víctima y sus familiares.
El Comité pidió al Estado mexicano, así como a las autoridades correspondientes, que garantice una búsqueda e investigación exhaustivas y diligentes de la desaparición forzada de Mendoza, enjuicie a los responsables, incluidos los agentes policiales que participaron en el secuestro del menor veracruzano.
