Elizabeth Hernández
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido una condena contra México por el uso de la prisión preventiva oficiosa, una práctica que ha sido criticada por diversos organismos internacionales por considerarla violatoria de los derechos humanos.
Según la sentencia de la CIDH, México deberá eliminar la figura de la prisión preventiva oficiosa, ya que su uso indiscriminado y excesivo ha llevado a la violación de derechos fundamentales de los detenidos, como el derecho a la libertad y a un juicio justo.
La prisión preventiva oficiosa se utiliza para mantener a una persona detenida durante la investigación de un delito, sin necesidad de presentar pruebas contundentes en su contra. Esta figura ha sido señalada como una herramienta utilizada con frecuencia por el sistema de justicia mexicano para mantener a personas en prisión durante largos periodos de tiempo, sin que se les haya probado su culpabilidad.
Estela Vilchis Prado, penalista especializada en defensa de los Derechos Humanos, explicó en entrevista para ONEA que “es necesario que las autoridades mexicanas tomen medidas urgentes para eliminar la prisión preventiva oficiosa y garantizar que todas las personas detenidas tengan acceso a un juicio justo y a una defensa adecuada”.
Datos oficiales señalan que más de un tercio de las personas privadas de libertad en México permanecen bajo la figura de prisión preventiva oficiosa, incluso por mucho más tiempo que el establecido en el marco legal del país. La aplicación de esta medida es tan arbitraria, que activistas y organizaciones civiles han registrado algunos casos en los que las personas han sido encarceladas por más años que los que dicta la pena máxima para el delito del que fueron acusados inicialmente.
Julio fue detenido en noviembre de 2020 luego de presentarse a rendir declaración como posible culpable de un caso de abuso sexual. Confiado en que solo se trataba de una primera instancia, el joven se presentó sin tener idea que pronto los delitos de los que se le acusaban cambiaran hasta justificar su arraigo bajo la figura de la prisión preventiva oficiosa.
Las tres semanas de ampliación de la investigación se convirtieron en meses para Julio, quien a pesar de presentar pruebas sólidas de su inocencia tuvo que aprender a vivir encarcelado. Las esperanzas de libertad se fueron esfumando con cada “oferta” que le hacían las autoridades a sus familiares para que aceptará un procedimiento abreviado en el que, a cambio de declararse culpable, lo dejarían salir de inmediato.
Aranza, hermana de Julio, relató en entrevista para ONEA que “las autoridades y su investigación han destrozado a nuestra familia. Mi hermano ha estado en prisión durante más de 18 meses sin que se le haya dado la oportunidad de defenderse adecuadamente por la dichosa prisión preventiva oficiosa, es como si estuviera en el limbo de los acusados”.
La CIDH señaló que esta figura jurídica ha sido utilizada de forma indiscriminada en México, y que su aplicación ha sido desproporcionada en la mayoría de los casos. La sentencia también indicó que la práctica de la prisión preventiva oficiosa ha sido utilizada con frecuencia para criminalizar a personas inocentes, lo que ha afectado de manera significativa el acceso a la justicia y a los derechos humanos.
Para la especialista Estela Vilchis la prisión preventiva oficiosa también se ha utilizado para criminalizar a personas inocentes y vulnerables, especialmente en zonas urbanas, en donde los policías se ven incentivados a buscar falsos culpables con tal de cumplir las cifras que les imponen los mandos para maquillar resultados e incrementar las tasas de eficiencia contra la delincuencia.
Teresa López, mujer indígena acusada de robo en marzo de 2020, aseguró en entrevista con este medio que su detención fue “traumática” ya que pasó más de un año detenida sin que se presentará una sola prueba en su contra. El inicio de la pandemia de coronavirus hizo aún más lento el ya anquilosado sistema penal, que perdió el expediente de Teresa por más de siete meses, hasta que la organización para la que trabaja Estela Vilchis tomará el caso por tratarse de un grupo vulnerable.
“Como mujer indígena fui víctima de discriminación y abuso desde que me detuvieron, pero todo empeoró cuando me movieron a las celdas de población general. Ahí me decían que me iba a pudrir en la cárcel porque a nadie le iba a importar lo que pasará con una india como yo, pero bendecidamente eso no sucedió y me soltaron con ayuda de la licenciada Vilchis”, aseguró Teresa a tan solo unas semanas de haber sido liberada del reclusorio norte en la Ciudad de México.
Vilchis Prados sostiene que “esta sentencia es un llamado de atención para el sistema de justicia mexicano, que deberá hacer una revisión exhaustiva de su marco legal y eliminar la prisión preventiva oficiosa para garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas detenidas” y agrega que “es una victoria para las personas que han sido víctimas de la prisión preventiva oficiosa, especialmente para las personas inocentes que han permanecido en prisión sin una sentencia firme”.
