Elizabeth Hernández
La organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) reveló que el activista derechos humanos, Raymundo Ramos, fue víctima de espionaje de Estado en agosto de 2020, cuando una estructura militar secreta infectó su teléfono móvil con el malware israelí “Pegasus”, esto con el fin de desacreditar su trabajo y frenar las investigaciones que realizaba en torno a los excesos que cometieron las Fuerzas Armadas en una detención en Nuevo Laredo.
El espionaje a Ramos produjo un reporte de inteligencia que fue enviado directamente al Secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Este documento, que fue filtrado por el grupo de hackactivistas Guacamaya, se convirtió en la primera prueba documental de como el ejército mexicano utilizar programas de vigilancia para espiar a opositores y población civil.
La ficha informativa elaborada por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), que contaba con la aprobación del “Alto Mando”, también buscaba vincular al activista con miembros del Cártel del Noroeste sin ofrecer ninguna prueba. Es importante señala que hace menos de una semana esta acusación fue retomada por el youtuber Carlos Domínguez durante la mañanera de López Obrador.
El propietario del canal de YouTube Canal14 con poco más de 3 mil seguidores, reprodujo en cadena nacional un supuesto audio que prueba la relación entre el activista Ramos y elementos del crimen organizado. El activista no solo negó las acusaciones, también aseguró que el gobierno mexicano y SEDENA estaban detrás del montaje.
Yaziel Valbuena, analista de medios de información, detalló en entrevista con ONEA que “el uso de supuestos periodistas para posicionar un tema durante la conferencia matutina de López Obrador es una práctica que no solo ha sido institucionalizada por los asesores del Presidente, también representa una amenaza al derecho de información de la ciudadanía”.
“Estos reporteros o influencers, que no tienen formación periodística o solo algunos miles de seguidores, aparecen repentinamente para elogiar de manera caricaturesca a López Obrador y sus acciones, o bien para exponer a los enemigos del Presidente con supuestas tramas de corrupción que son propuestas desde las entrañas de Palacio Nacional”.
Según la investigación de R3D, el objetivo del espionaje era interferir en una investigación sobre abusos del ejército en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Entre el 16 al 26 de agosto de 2020, Raymundo Ramos tuvo conversaciones con varios periodistas sobre las ejecuciones extrajudiciales cometidas por el Ejército en esta ciudad el 3 de julio de 2020, y fue durante este periodo que el ejército intervino las comunicaciones privadas del defensor de derechos humanos.
El enfrentamiento entre soldados y presuntos integrantes del Cártel del Noreste tuvo como resultado la muerte de 12 presuntos criminales, según informó la SEDENA en documentos oficiales; sin embargo, Raymundo Ramos recibió información de personas que habían sido reportadas como desaparecidas se encontraban entre los asesinados y podrían haber sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
La inteligencia militar elaboró una tarjeta informativa en septiembre de 2020 en la que se habla sobre las conversaciones del activista con periodistas de diferentes medios. Durante ese mismo periodo, el teléfono de Raymundo Ramos fue infectado con Pegasus, según el análisis forense de Citizen Lab.
El análisis forense concuerda con una serie de alertas que el activista recibió por parte de Apple directamente, en los que le advertían que su cuenta “estaba siendo objeto de atacantes patrocinados por el Estado que intentan comprometer su dispositivo de forma remota”; este tipo de notificaciones forman parte del soporte que la compañía estadounidense da a sus usuarios, especialmente después de la demanda que presentó el gigante tecnológico contra NSO Group, la empresa de seguridad israelí creadora del malware Pegasus.
Iván Castillo, experto en seguridad digital y activista ético, detalló en entrevista para ONEA que para prevenir este tipo de ataques es fundamental mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones del dispositivo para corregir vulnerabilidades y errores de seguridad, y agregó que “lo más importante es ser consciente de la información que se comparte en línea y con quién se comparte, el Estado vigila todo y eso incluye nuestros datos más sensibles”.
El experto aseguró que “la utilización de herramientas de espionaje digital como Pegasus por parte de las fuerzas militares es extremadamente peligrosa, ya que pueden ser utilizadas para acceder a información confidencial de activistas y organizaciones, lo que puede tener graves consecuencias para la seguridad de estos grupos, que de por sí ya son vulnerables por el tipo de trabajo que realizan”.
Para Castillo, “el espionaje digital por parte de militares puede ser utilizado para desacreditar a los activistas y opositores políticos, y para influir en el resultado de las elecciones y la opinión pública en general, lo que socava la democracia y el estado de derecho” y agregó “es por eso que surgen grupos como Guacamaya, para contrarrestar la vigilancia sucia del Estado y exponer sus prácticas más perversas”.
La R3D considera estas irregularidades como una muestra de la falta de transparencia y rendición de cuentas en el uso de herramientas de vigilancia y la necesidad de reformas legales para proteger los derechos humanos.
“Es necesario que los gobiernos adopten medidas efectivas para prevenir el uso ilegal de herramientas de espionaje digital por parte de las fuerzas militares, y para garantizar la protección de los derechos humanos fundamentales, como la privacidad y la libertad de expresión” concluyó Castillo.
