Elizabeth Hernández
La Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) publicó un comunicado en el que aceptó que personal militar disparó contra un grupo de jóvenes que viajaban por calles de la ciudad tamaulipeca de Nuevo Laredo el domingo en la madrugada. Aunque la versión oficial señala que los elementos del ejército abrieron fuego contra la camioneta luego de escuchar “un fuerte estruendo”, testimonios de testigos, familiares de las víctimas y de uno de los sobrevivientes ponen en entredicho esta narrativa.
Pablo Martínez Concha, experto en seguridad nacional e investigador de las Fuerzas Armadas, explicó en entrevista para ONEA que “la Sedena declaró públicamente que disparó contra civiles por algo tan inexacto e inocuo como escuchar un estruendo, lo que representa una clara violación de todos los protocolos de actuación”, y agrega “es una admisión jurídica de que, sin verificar si se trataba de un ataque directo, decidieron abrir fuego en contra de estos jóvenes”.
Alejando Pérez Benítez, único sobreviviente de la masacre de Nuevo Laredo, afirmó que luego de salir del bar “Mister Pig” fueron interceptados por una camioneta de la Sedena que les disparo en repetidas ocasiones sin ninguna razón. El joven de 21 años también aseguró en entrevista con El País, que cuando logró salir del vehículo los militares lo amenazaron con matarlo si no se declaraba culpable mientras lo grababan con un teléfono celular.
Pérez Benítez asegura que los militares abrieron fuego sin razón aparente contra ellos, y que ninguno de ellos portaba armas ni sustancias ilícitas. Vecinos y testigos de este hecho también afirmaron que al menos dos de los jóvenes asesinados fueron sacados con vida del vehículo y rematados por el personal de Sedena.
Según el abogado Juan Antonio Ortega, quien representa a las familias de dos de las víctimas, hay inconsistencias en el comunicado de la Sedena, como la falta de información sobre el vehículo que chocó contra la camioneta de los jóvenes y la ausencia de una descripción de las armas que supuestamente portaban los civiles.
El incidente ha sido condenado por organizaciones de derechos humanos, quienes exigen una investigación exhaustiva e imparcial. Además, se han reportado otro tipo de violaciones a los derechos humanos por parte del ejército en Nuevo Laredo en este caso, entre las que se incluyen ataques a periodistas, defensores de derechos humanos y familiares de las víctimas.
Testigos captaron una serie de videos en los que se puede observar como horas después de la masacre, elementos del ejercito disparan sus armas contra el suelo para amedrentar a familiares de estos jóvenes quienes les exigían una explicación de los hechos; las imágenes también muestran como los militares destruyen equipos de telefonía móvil y apuntan sus rifles en contra de personas desarmadas.
Estas amenazas no se limitaron a los familiares o testigos que discutían con los elementos de Sedena, los militares también empujaron y apuntaron a persona de medios de comunicación que se encontraba en ese lugar cubriendo los hechos.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también ha sido criticada por su papel en este caso, y es que en lugar de apoyar la labor de los medios de comunicación y las organizaciones que están investigando los hechos y denunciando las violaciones a los derechos humanos, la dependencia precedida por Rosario Piedra Ibarra ha intentado ejercer censura previa.
El 29 de febrero de 2023, la CNDH emitió un comunicado en el que señalaba que “ante la gravedad de los hechos y la complejidad de la investigación, es importante que se actúe con responsabilidad y se evite la difusión de información que pueda generar confusión o desinformación”. Además, el comunicado pedía a los medios de comunicación que “eviten la especulación y la divulgación de información no verificada o no contrastada”.
Activistas por la libertad de expresión interpretaron este comunicado como un intento de censura previa, y expresaron su preocupación por el tono de la CNDH al afirmar que “esta dependencia no tiene facultades para pedir a los medios de comunicación que se abstengan de difundir información que consideren relevante o veraz”.
Otras organizaciones y especialistas denunciaron que la CNDH estaba intentando acallar las voces críticas y limitar el derecho a la información de la sociedad mexicana. Pedro Martínez Concha destaca que “ la Comisión debe ser una aliada de los periodistas, defensores de derechos humanos y la sociedad civil en su labor de documentar y denunciar las violaciones a los derechos humanos, no su editor o censor previo”.
Para Martínez Concha “estos sucesos son una muestra más de la necesidad de que se implementen políticas y protocolos efectivos para prevenir el uso excesivo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, especialmente cuando están frente a tareas de seguridad pública”.
El experto señaló que existen varios casos como estos en todo el país, pero que en algunos puntos como Nuevo Laredo “el uso de la fuerza letal por parte del Ejército Mexicano es una práctica recurrente que ha resultado en la muerte de civiles inocentes”, por lo que agregó “ es imperativo que se hagan responsables aquellos que violen estos derechos. La sociedad mexicana exige justicia y una verdadera rendición de cuentas”.
