ELIZABETH HERNÁNDEZ
La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la resolución judicial que le obligaba a crear de manera inmediata el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), herramienta indispensable para enfrentar la grave crisis de personas desaparecidas que atraviesa el país, y que debería haber comenzado su funcionamiento integral a finales del año pasado.
Entre los argumentos que presentó la FGR para impugnar la resolución judicial que le obliga a crear y administrar el BNDF se encuentra una supuesta falta de competencia para realizar esta tarea; sin embargo, el artículo 119 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada establece que el funcionamiento integral de esta base de datos es responsabilidad de esta dependencia.
La FGR no fue la única en impugnar esta sentencia de amparo, otras fiscalías especializadas como la de Derechos Humanos, o la Agencia de Investigación Criminal también presentaron documentos en contra de la medida dictada por un juez de Distrito a mediados de octubre pasado.
En esta nueva impugnación la FGR volvió a señalar que la responsabilidad de emitir lineamientos tecnológicos e informáticos para la operación unificada del BNDF recae en la Comisión Nacional de Búsqueda, pero la misma Ley General en Materia de Desaparición Forzada contradice este argumento.
Familiares de víctimas de desaparición forzada, organizaciones civiles y activistas en defensa de los Derechos Humanos consideraron que la FGR busca eludir nuevamente su responsabilidad, así como retrasar la implementación de un sistema que podría agilizar la identificación de 52 mil víctimas que permanecen sin ser reconocidos en alguna fosa común del país.
La sentencia de amparo también consideró que la dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero “ha sido omisa en la creación del BNDF”, por lo que estableció un plazo máximo de 40 días para que la FGR “hiciera todo lo necesario para lograr arrancar esta herramienta antes de que terminara noviembre”, algo que no sucedió.
El documento judicial hizo especial énfasis en que “todas las personas desaparecidas tienen derecho a ser buscadas e identificadas, y que el descuido de la FGR afecta directamente estas acciones que constituyen una omisión administrativa inconstitucional que viola los derechos humanos de las víctimas y sus familiares”.
La Ley General en Materia de Desaparición Forzada entró en vigor durante enero de 2018, pero desde entonces algunas de las partes claves para su funcionamiento no se han cumplido debido a la descoordinación de las autoridades competentes, lo que ha prolongado el sufrimiento de miles de familias que continúan buscando a sus seres queridos.
Otro de los mandatos de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada que no se ha cumplido a lo largo de estos cinco años es la creación del Registro de Fosas Comunes en México, otra herramienta clave para facilitar la búsqueda e identificación de miles de víctimas anónimas.
