ELIZABETH HERNÁNDEZ
Las personas que estén registradas como deudoras alimentarias morosas no podrán ser candidatas a ningún puesto de elección popular en Yucatán, así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que consideró como constitucionales las reformas propuestas en la iniciativa 3 de 3 en contra de la violencia de género.
Esta reforma estatal fue publicada desde junio del año pasado, pero no pudo ser implementada de manera inmediata debido a un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que consideró la propuesta como una posible violación a las facultades políticas indivuduales.
La CNDH también argumentó que la propuesta 3 de 3 en Yucatán iba en contra de algunos artículos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como del Código de Administración Pública; sin embargo los ministros de la SCJN desecharon esta propuesta por considerar que el requisito de no ser deudor alimentario moroso busca la “protección transversal” de otros derechos elementales.
Alberto Pérez Dayan, ministro encargado de exponer este caso, elaboró un proyecto que se centró en la protección de los grupos que dependen de estas personas para recibir alimentos, e insistió en que no es un ataque personal, sino una medida en favor de “menores de edad, abuelitos y todos aquellos a quienes no se les cumpla con este derecho”.
La decisión de la SCJN genera un precedente nacional que establece como constitucional el requisito de no ser deudor alimentario moroso para aspirar a cualquier cargo de elección popular, lo que permitirá que otros estados del país puedan adoptar esta medida sin contratiempos jurídicos.
Yndira Sandoval, defensora de Derechos Humanos y principal impulsora de la Ley 3 de 3, celebró la decisión de la SCJN, agradeció a las compañeras feministas, y apuntó que se trata de un “esfuerzo colectivo” cuyo próximo objetivo es el congreso local de Veracruz.
“Estas reglas de la democracia han cambiado, el nuevo régimen se llama feminismocracia, y ese es con las mujeres al frente y nuestros derechos al centro”, aseguró la activista en un mensaje que compartió en redes sociales tras la decisión de la SCJN.
La propuesta 3 de 3 en contra de la violencia de género ha sido presentada en 23 congresos estatales desde el año pasado, pero solo una decena de entidades ha dado luz verde a esta reforma que ha sido fuertemente impulsada por colectivos feministas, activistas, periodistas y algunas funcionarias públicas.
Esta propuesta también establece que las personas con antecedentes de agresiones sexuales no pueden ser servidores públicos o candidatos a un puesto de elección popular, algo que representa un avance importante en materia de igualdad y de asegurar una vida libre de violencia para las mujeres en el país.
