ELIZABETH HERNÁNDEZ
Estudiantes de Jalisco, colectivos y activistas anunciaron una serie de protestas para exigir la liberación José Alexis Rojas, Javier Armenta e Iván Cisneros, alumnos de la Universidad de Guadalajara (UDG) que fueron puestos en prisión preventiva oficiosa por realizar labores de activismo social en defensa de un predio público en Guadalajara.
Los tres estudiantes son acusados de despojo con violencia de inmuebles y aguas por oponerse a la construcción de un complejo habitacional de lujo en un predio de 13.6 hectáreas que originalmente pertenecía al parque público Huentitán, y que fueron entregadas a empresas privadas.
Juan Carlos Guerrero, parte del equipo de abogados de los estudiantes, aseguró que entre las pruebas que presentó la Fiscalía de Jalisco se encuentra una docena de testimonios idénticos que solo dieron los trabajadores de las empresas constructoras y en los que afirmaron que los jóvenes ingresaron “de noche y con armas de fuego”.
La Fiscalía de Jalisco también aseguró que los estudiantes acudieron al predio armados con picos y palas para realizar un despojo violento, pero en realidad estas herramientas fueron utilizadas para realizar una protesta activa en la que se reforestó parte de este terreno, lo que fue documentado en diversas redes sociales y medios locales.
Esta detención suma un nuevo capítulo en el largo enfrentamiento entre la UDG y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien aseguró que el arresto de los tres estudiantes es consecuencia de un “problema entre particulares” que debe resolver el poder judicial del estado.
Sin embargo, tanto la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) como la misma UDG afirmaron que Alfaro Jiménez está detrás de las detenciones, mismas que ya han sido calificadas por diversos colectivos nacionales e internacionales como un atentado a la libertad de expresión y política en Jalisco.
Un comunicado de la FEU sostiene que el Gobierno de Jalisco miente al decretar que se trata de “conflicto entre particulares” y agrega que “lo cierto es que los desarrolladores inmobiliarios no han entregado las obras a las que se comprometieron cuando “adquirieron” los predios y, aún así, el gobernador insiste en defender los intereses de los empresarios en lugar de defender a la ciudadanía”.
Este comunicado también anunció la instalación de un campamento permanente frente a Casa Jalisco, sede del gobierno de Enrique Alfaro, que se mantendrá hasta la liberación de los tres estudiantes detenidos; incluso el rector de la UDG, Ricardo Villanueva Lomelí, informó que dormirá esta noche en este lugar para exigir justicia por sus alumnos.
Villanueva Lomelí aseguró que “la diferencia entre un delincuente y un luchador social es que el luchador social infringe una norma por una causa pública, por un ideal, por algo para otros y no para ellos mismos”, y agregó que “en todo caso, quien despojó a la ciudad para intereses privados fueron los gobiernos y los particulares que quieren hacer departamentos. El despojo verdadero es el que están haciendo a la ciudad para quitarle un parque público y hacer departamentos; eso es despojo, porque es para intereses privados”.
Las manifestaciones para exigir la liberación de los tres estudiantes han escalado hasta Alejandro Encinas, titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno Federal, quien prometió dar seguimiento al caso al tiempo que exhortó al poder judicial de Jalisco a trabajar bajo una perspectiva que cumpla con los DDHH y las libertades políticas de los ciudadanos.
Más de 80 organizaciones y 50 personas académicas se pronunciaron para exigir la liberación de los estudiantes, así como para frenar la criminalización de la protesta y asegurar el cumplimiento de los derechos humanos, políticos y sociales de todos los habitantes del país.
Por su parte, el congreso local de Jalisco rechazó un punto de acuerdo para discutir la detención de los estudiantes al considerar que se trataba de un asunto que correspondía exclusivamente al poder judicial; la propuesta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue desestimada luego de que las fracciones parlamentarias de Movimiento Ciudadano, Morena, Acción Nacional y Verde votaran en contra.
La audiencia para determinar la condición jurídica de José Alexis Rojas, Javier Armenta e Iván Cisneros se reanudará este martes a las diez de la mañana, cuando un juez decidirá si los vincula a proceso por el delito de despojo con violencia, lo que extendería su permanencia dentro del penal de máxima seguridad de Puerta Grande.
