ELIZABETH HERNÁNDEZ

Poblaciones indígenas de la península de Yucatán podrían perder acceso a una serie de derechos fundamentales tras la construcción del Tren Maya, uno de los proyectos insignia de la actual administración federal, y que según expertos de Naciones Unidas (ONU) representa un riesgo para estas comunidades locales.

El panel de expertos convocados por la ONU expresó su preocupación sobre la posibilidad de que este proyecto “ponga en peligro los derechos de los pueblos indígenas y otras comunidades a la tierra y los recursos naturales, los derechos culturales y el derecho a un medio ambiente sano y sostenible”.

Los expertos también señalaron que las personas defensoras de los Derechos Humanos que han expresado preocupaciones genuinas sobre el impacto de esta obra son perseguidas y amenazadas, lo que empeora si se toma en cuenta que tampoco tienen acceso a tribunales imparciales a los que puedan acudir para denunciar estos hechos.

El reporte de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos resalta que “como proyecto dirigido por el Estado, el gobierno mexicano debería tomar medidas adicionales para garantizar el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente”.

Los expertos también señalaron como peligrosa la decisión de catalogar este proyecto dentro del apartado de seguridad nacional, lo que permite ignorar los preceptos de cuidado ambientales y sociales de las comunidades afectadas por el trazado, operación o mantenimiento de esta obra que abarcará más de mil 500 kilómetros al sur del país.

Fernanda Hopenhaym, presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, sentenció que “esta decisión no sólo tiene el potencial de permitir que los abusos de los derechos humanos sigan sin ser abordados, sino que también socava el propósito del proyecto de llevar un desarrollo social y económico inclusivo y sostenible a los cinco estados mexicanos involucrados”.

Los especialistas de la ONU también calificaron como inquietante “la creciente participación del ejército en la construcción y gestión de este proyecto”, y recordaron al Estado mexicano que esto no le permite eludir su responsabilidad internacional con los tratados que ha firmado en materia de derechos sociales, culturales y ambientales.

El reporte también señala como responsable de estos atropellos a una serie de empresas extranjeras, que están involucradas en este proyecto, y a las que les pidieron “no hacerse de la vista gorda ante los graves problemas de derechos humanos relacionados con el proyecto del Tren Maya”.

Los expertos hicieron un exhorto para que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador garantice la participación significativa de las comunidades afectadas y la transparencia en las evaluaciones de los derechos humanos; además afirmaron que debe respetarse el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados por esta mega proyecto que tendrá un costo previsto de 20 mil millones de dólares.