Elizabeth Hernández
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México canceló, con tan solo unas pocas horas de antelación, el evento en el que ofrecería disculpas públicas a los familiares de cuatro mujeres víctimas de feminicidio en esta entidad.
Esta es la segunda ocasión en que el fiscal general del Estado de México, José Luis Cervantes, pospone el acto de disculpa pública para los familiares de estas víctimas, quienes calificaron al funcionario como insensible.
La disculpa forma parte de las recomendaciones que la organización Amnistía Internacional México dió a la fiscalía mexiquense luego de una investigación que logró documentar una serie de omisiones relevantes que cometieron las autoridades en los casos de Nadia Muciño, Julia Sosa, Diana Velázquez y Daniela Sánchez.
Como respuesta, familiares de estas mujeres realizaron una manifestación a las puertas de la Fiscalía para remarcar el trato indolente y la revictimización a la que son sometidos por parte de las autoridades mexiquenses.
Lidia Florencio, madre de Diana Velázquez, señaló que “es demasiado indignante, demasiado grave todas las violaciones a derechos humanos. Es demasiado grave cómo nos siguen tratando las instituciones de justicia”, y agregó “tenemos más de cinco años trabajando porque el Estado le falló a Diana, las instituciones le fallaron, los fiscales, los policías le fallaron cuando la encontraron tirada en esa calle como si fuera una basura”.
El acto de protesta fue también acompañado por colectivas feministas, activistas y miembros de Amnistía Internacional México, organización que realizó un reporte especial y determinó que en estos cuatro casos “hubo incumplimiento de la obligación del Estado mexicano de investigar con la debida diligencia, lo que viola los derechos de acceso a la justicia, la protección judicial y a obtener una reparación justa y eficaz de las familias”.
La directora ejecutiva de esta organización, Edith Olivares Ferreto, confirmó que el fiscal Cervantes había aceptado ofrecer la disculpa pública esta mañana, y agregó que “esta cancelación se suma a miles de actos de violencia institucional de otras administraciones. Esta institución está dando un golpe más al duelo de estas familias, una falta de respeto al dolor y a la lucha de estas víctimas”.
“Hoy estas familias deberían estar reconstruyendo su proyecto de vida. No deberían estar aquí exigiendo, exponiendo su dolor frente a esta autoridad que muestra el día de hoy un acto más de indolencia de parte del fiscal”, sentenció Olivares Ferreto.
Laura Curiel, madre de Daniela Sánchez, aseguró que “hoy esperábamos este reconocimiento del estado, en que dijera que de verdad le falla a las familias. No ha existido un cambio, hoy no hay nada. No hay una respuesta certera, concreta, de humanidad para decir que Daniela debía estar en su casa y su hijo no debió quedarse sin su madre”.
Por su parte, la fiscalía del Estado de México publicó un comunicado en el que “reafirmó su compromiso con las víctimas, sus familias y quienes les han acompañado en su esfuerzo por alcanzar verdad y justicia”, y aseguró que el acto de disculpa pública se llevará a cabo cuando exista “mayor representatividad”.
La respuesta de la fiscalía podría tener relación con la ausencia de la familia de Julia Sosa, quienes no acudieron al acto público por “sentirse agraviados por las autoridades judiciales del Estado de México”, algo que ha sido señalado por familiares de otras víctimas en su camino por la justicia.
El documento también reconoce que “los esfuerzos colectivos de acompañamiento son expresiones que por su legitimidad y solidaridad con las víctimas, deben contar con el reconocimiento integral de la fiscalía”; sin embargo, grupos feministas de los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl han denunciado acoso y represión durante este tipo de actos.
Datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública demuestran que el Estado de México es la entidad más letal para las mujeres con más de 100 feminicidios reportados entre enero y octubre de este año, una cifra 20 puntos más alta que Nuevo León y que duplica a la de Veracruz, localidades que ocupan los primeros lugares de este delito a nivel nacional.
