Elizabeth Hernández
Aunque el constante aumento de temperatura a nivel global pone en riesgo a toda la humanidad, las personas con menos recursos y en zonas aisladas enfrentan mayor vulnerabilidad ante los estragos del cambio climático, que dejó de ser un cuento aterrador del futuro para convertirse en una realidad asfixiante que cobrará la vida de miles de personas cada año durante las próximas tres décadas.
Lograr cambios para reducir los efectos del cambio climático y salvar millones de vidas en los próximos años no solo depende de los esfuerzos científicos, también requiere un compromiso político que priorice los derechos ambientales de todas las personas, especialmente de los más vulnerables y de las futuras generaciones.
Estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) destacan que para 2030 el cambio climático será la causa de 250 mil muertes adicionales cada año, mientras que millones de personas tendrán que desplazarse de zonas que serán cada vez más inhabitables debido al impacto de este fenómeno en los sistemas climáticos de varias regiones del mundo.
Un estudio publicado por la revista Nature Climate Change demuestra que 40% de las muertes por calor en el mundo están vinculadas directamente el cambio climático, es decir que son consecuencia del aumento de temperatura provocado únicamente por acciones humanas como la agricultura, el comerció o la explotación energética.
El estudio detalla que la zona con mayor incidencia de muertes por calor directamente relacionadas al cambio climático es Latinoamérica, especialmente en Colombia y Ecuador con un porcentaje de 76% de fallecimientos de este tipo, lo que demuestra el fuerte impacto que tiene este fenómeno en regiones con menos infraestructura.
De hecho, el informe dirigido por la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres (LHSTM por sus siglas en inglés) revela que después de América Latina la segunda región con mayor índice de muertes por calor asociadas el cambio climático es el Sudeste Asiático, en donde la falta de infraestructura es también muy alto.
Pero los efectos del cambio climático no se limitan a la variación de temperaturas en el planeta, este fenómeno también está ligado a otros desórdenes potencialmente riesgosos para la humanidad como el surgimiento de nuevas enfermedades zoonóticas, como sucedió con la pandemia de coronavirus SARS-CoV-2, debido a la desaparición de más hábitats naturales de especies más raras.
Además se deben considerar los efectos del cambio climático en la irrupción de las cadenas de alimentos, escasez de agua potable, fenómenos naturales extremos o la propagación de otras enfermedades altamente mortales como cólera y paludismo a regiones poco preparadas para hacerles frente.
El riesgo es tal que la OMS calificó el cambio climático como la mayor amenaza para la salud humana, y remarcó que esta crisis puede deshacer los últimos 50 años de progreso en materia de desarrollo social y pobreza, lo que incrementaría las desigualdades de atención médica para los grupos más vulnerables en el mundo.
UNA CRISIS QUE PROVOCAN LOS RICOS Y PAGAN LOS MÁS POBRES
Las Naciones Unidas han reconocido el disfrute y conservación del medio ambiente como un derecho humano universal, lo que debería fomentar a los gobiernos mundiales a buscar alternativas que permitan cumplir con la meta de reducir las emisiones de gases invernadero y encontrar métodos alternativos para la producción de energías limpias.
Sin embargo las grandes económicas globales, como Estados Unidos o China, han hecho muy poco para frenar el impacto que sus industrias generan en el medio ambiente; datos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) demuestran que el 80% de los gases invernaderos son producidos en alguno de estos dos países.
Un informe de la OMS remarca que “aunque nadie está a salvo de estos riesgos, las personas cuya salud se está viendo perjudicada en primer lugar y de forma más grave por la crisis climática son las que menos contribuyen a sus causas y las que menos pueden protegerse a sí mismas y a sus familias: las personas de países y comunidades de bajos ingresos y desfavorecidos”.
En México las comunidades más afectadas por este fenómeno también son las más frágiles social y económicamente; datos del Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático (ANVCC) muestran que los municipios del sur del país tienen un mayor riesgo a sufrir deslaves e inundaciones.
Incluso el incremento en la distribución del dengue registra valores de riesgo más alto en municipios con un índice de fragilidad social más elevado que aquellos con condiciones naturales favorables para que el mosquito responsable de esta enfermedad se reproduzca.
Carolina Rocha Vázquez, bióloga de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y experta en cambio climático, explicó en entrevista para ONEA que los riesgos de este fenómeno en el país son especialmente extensos ya que existen cadenas muy frágiles de biodiversidad que pueden desaparecer con alteraciones mínimas.
La experta también destacó la vulnerabilidad social y económica de gran parte de la población rural de México, que depende de la agricultura de explotación personal, así como el impacto de las grandes sequías en las zonas industriales del país que contrastan con las fuertes inundaciones y tormentas devastadoras en el sur del territorio.
Rocha Vázquez subrayó que “no existe un plan a largo plazo para reducir la explotación de los escasos recursos naturales con los que cuenta México”, y agregó que “apostar por el desarrollo de los combustibles fósiles es una necedad que pondrá al país en los últimos lugares de combate contra el cambio climático”.
JUSTICIA AMBIENTAL, UN DERECHO AÚN EN LUCHA EN MÉXICO
Reconocer los efectos de la crisis climática como parte de una problemática social y de derechos humanos es el reto que enfrentan la mayoría de las cortes judiciales de América Latina, especialmente en materia de protección a grupos vulnerables como indígenas y migrantes.
Organizaciones civiles y activistas han levantado la voz para que los sistemas penales del mundo tomen más en cuenta los desastres causados por el cambio climático como una amenaza que obliga a las personas a migrar de manera urgente, por lo que no deben ser perseguidos; de hecho, este enfoque insta a reconocer la categoría legal de “refugiado climático”.
La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR por sus siglas en inglés) reconoce que “el cambio climático es la crisis que define nuestra época, y el desplazamiento por desastres es una de las consecuencias más devastadoras del fenómeno. Poblaciones enteras están sufriendo los estragos, pero las personas en situación de vulnerabilidad en países frágiles y afectados por el conflicto suelen padecer afectaciones desproporcionadas”.
Esta organización remarca que las personas refugiadas o desplazadas internamente deben colocarse al frente de las emergencias climáticas, una declaración fundamental si se toman en cuenta las cifras del Banco Mundial que estiman un total de 260 millones de personas en estas condiciones en las próximas dos décadas, de los cuales 17 millones provendrían de América Latina.
