Elizabeth Hernández

Familiares de personas desaparecidas y activistas por los Derechos Humanos celebraron la decisión legal que impone un plazo máximo de 40 días para que la Fiscalía General de la República (FGR) ponga en funcionamiento el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), herramienta clave para la búsqueda y localización de miles de personas que han desaparecido en México en los últimos años.

Esta sentencia es parte del amparo que un juez de Distrito concedió a Olimpia Montoya Juárez, activista que ha pasado el último lustro buscando a su hermano Marco Antonio, quien decidió iniciar esta acción legal a inicios de 2022 debido a la falta de compromiso por parte de las autoridades encargadas de resolver su caso.

La creación de un banco nacional de este tipo es fundamental ya que permitirá unificar, sistematizar o comparar la información forense de todas las fiscalías de México en tiempo real, lo que facilitará la identificación de al menos 52 mil cuerpos que permanecen sin ser reclamados en alguna fosa común del país.

El documento remarca que la FGR ha sido omisa en la creación del BNDF ya que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada contempló la elaboración de esta herramienta desde 2017, e incluso fijó un periodo máximo de dos años para su implementación total en los sistema de búsqueda de personas a nivel local y federal.

La Ley General en Materia de Desaparición Forzada también estipula que la operación del BNDF es una obligación que compete por completo a la FGR, por lo que esta institución no solo es totalmente responsable por la omisión , también tendrá que “hacer todo lo necesario para lograr arrancar esta herramienta de búsqueda antes de que termine noviembre.

Por estos motivos el juez desestimó la defensa de la fiscalía, que intentó responsabilizar a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas por el retraso en la creación de esta herramienta, y señaló que la inexistencia de este mecanismo “es el resultado de la inactividad y falta de coordinación interna de la FGR”.

La sentencia remarcó que todas las personas desaparecidas tienen derecho a ser buscadas e identificadas, y que la omisión de la FGR afecta directamente estas acciones que constituyen una omisión administrativa inconstitucional que viola los derechos humanos de las víctimas y sus familiares.

Tras esta sentencia la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero deberá obtener recursos económicos extraordinarios, herramientas tecnológicas eficientes y decenas de expertos en diferentes áreas para poder cumplir con el plazo establecido por las autoridades judiciales y arrancar la operación del BNDF en las próximas semanas.

El juzgado a cargo de este amparo reconoció las dificultades que enfrentan los familiares de víctimas de desaparición, especialmente por el desinterés de las autoridades encargadas de estos casos, y agregó que “no es ajeno al profundo dolor que provoca este crimen”.

DESINTERÉS, PRINCIPAL FACTOR EN EL RETRASO DEL BNDF

El retraso en la creación de esta herramienta poco tiene que ver con la falta de recursos económicos, tecnológicos o humanos; una revisión de ONEA a los datos públicos de la Oficina de Asistencia Internacional de los Estados Unidos (USaid por sus siglas en inglés) revela una fuerte inversión en programas enfocados en las crisis de personas desaparecidas en México.

De hecho uno de los principales ejes de inversión de USaid, agencia que ha sido señalada como intervencionista por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es resolver la crisis de desapariciones en México a través de la cooperación no sólo económica, también en elementos de inteligencia y capacitación.

Un documento elaborado por esta agencia, que depende directamente del Departamento de Estado, reveló que las autoridades mexicanas han contado con el apoyo de especialistas en identificación forense, desaparición forzada, apoyo psicológico para familiares de estas víctimas, cooperación técnicas e internacional.

Pero el apoyo del gobierno de Estados Unidos no se limita a recursos humanos, los datos muestran que tan sólo en 2021 se hizo una inversión superior a los 14 millones de dólares para reforzar una serie de acciones que logren frenar la crisis de desapariciones forzadas en México, lo que convierte a este rubro en uno de los principales intereses de USaid en el país.

Datos del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas revelan que durante el gobierno de López Obrador han desaparecido y no han sido localizadas 36 mil 788 personas, de las cuales el 17% corresponde a casos en el estado de Jalisco, es decir que dos de cada 10 de estos crímenes de este tipo en el país sucedieron en esa entidad.