Con manifestaciones convocadas en diferentes puntos de la República, los familiares de los alumnos de la Normal rural, así como los estudiantes de las escuelas en todo el país, activistas y ciudadanos, exigen justicia y la localización de 43 jóvenes desaparecidos en el estado de Guerrero.

Las investigaciones recientes señalan la vinculación de militares y funcionarios públicos, lo que ya indicaban los primeros resultados del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), organizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde donde se investiga el caso Ayotzinapa.

En agosto de 2022, la Fiscalía General de la República (FGR) incluyó a distintos militares y funcionarios en las listas de las órdenes de aprehensión, sin embargo, de acuerdo con el diario El País 21 de ellas han sido canceladas.

Hasta ahora se tiene conocimiento de 16 militares a los que se les retiraron las órdenes, destaca la del comandante Rafael Hernández Nieto, del 41 Batallón de Infantería, el cual se encuentra el Iguala, Guerrero, donde ocurrieron las persecuciones contra los estudiantes cuando se encontraban en los autobuses que emplearían para la manifestación del 2 de octubre y que tendría lugar en la Ciudad de México.

Entre los cargos que se registraban contra los militares y funcionarios públicos se encuentran los de desaparición forzada, obstrucción de la justicia y delincuencia organizada por la participación con presuntos integrantes de grupos criminales que habrían colaborado en la desaparición de los estudiantes.

De acuerdo con los nuevos datos publicados por la revista Proceso, la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), solicitada por las propias familias de los estudiantes para la investigación del caso, liderada por Omar Gómez Trejo, quien participó como Secretario Ejecutivo del GIEI, fue desplazada por la FGR y un juez federal, al cancelar las órdenes.

El pasado y el presente del caso Ayotzinapa

Mientras bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto se aseveró que la “verdad histórica” sobre la localización de los estudiantes los ubicaba en sus últimas horas calcinados en el basurero de Cocula, la información actual ha negado en su totalidad esta versión.

Hasta el momento las autoridades mexicanas señalan la posibilidad de que los normalistas ya no se encuentren con vida, pero se realizarán las investigaciones pertinentes para localizar sus cuerpos y entregarlos a las familias, además de que este habría sido un crimen de Estado.

La Comisión de la Verdad otorgó a los padres y madres la versión completa de los avances sobre el caso, con una versión pública dada a conocer en agosto de 2022, en ella también se señalaba que posiblemente 6 estudiantes habrían permanecido con vida más días.

La versión completa del informe del caso se publicó en parte por el periódico Reforma, lo cual lamentó el Centro Agustín Pro Juárez (Centro Pro), quienes apoyan en la defensa de los familiares, pues estos datos, a pesar de estar contenidos en el documento, deben ser verificados por expertos independientes, además de solicitar el respeto a las víctimas.

Si bien el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, condenó esta filtración y llamó a la FGR a investigar la situación, el Centro Pro recalcó que deben indagar a las autoridades y no contra la prensa.

Hasta el momento los restos de tres estudiantes, de los 43, han sido identificados, Jhosivani Guerrero, Christian Alfonso y Alexander Mora. Sobre los demás se desconoce su paradero, a pesar de que los militares mantenían un infiltrado entre los alumnos, quien también desapareció y que mantenía comunicación con las fuerzas armadas.