Andrés Manuel López Obrador aseguró en la conferencia matutina que “lo mejor” para abordar el tema de la presencia de militares en las calles mexicanas era realizar una consulta popular con tres preguntas como propuesta.

La primera: ¿está de acuerdo con la acción de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora?, aunque aclaró que se refería a la creación de esta institución; la segunda, ¿Considera que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina, deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo 2024?; mientras la tercera solicita la opinión de la sociedad para pasar a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o dependa de la Secretaría de Gobernación o de seguridad Pública la Guardia Nacional.

Apuntó que estas preguntas se modificarían para que fueran sencillas para la sociedad. Además, afirmó que la consulta no debería ser organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), encargado por ley de realizarlas, por lo que “buscará si legalmente existe un organismo” capaz de convocar a los votantes.

Aseguró que a pesar de que no sea vinculante, la población podría votar de manera electrónica y en casillas. Esta se promovería en los meses restantes de 2022 y a principios del siguiente año se votaría.

La Constitución frente a las consultas

El artículo 35 constitucional plantea, que entre los temas que no pueden ser objetos de consulta popular se encuentran “la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente”, centrales en los puntos de esta nueva propuesta, de acuerdo con lo estipulado desde el año 2019.

Además, el INE debe ser responsable de su organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados. En caso de no ser vinculante y al no ser convocada como lo indica la Constitución, los resultados no podrían influir en la generación de leyes o modificaciones de la Carta Magna.

Hasta el momento, la propuesta acordada desde la presidencia remarcaba que desde mayo de 2020 hasta el 27 de marzo de 2024, las Fuerzas Armadas, conformadas por el Ejército y la Marina, participarían en la seguridad pública de manera extraordinaria.

Sin embargo, la propuesta presentada por el PRI y promovida por Morena apuntaba que estas labores se extendieran a 2028. El acuerdo se votó a favor en la Cámara de Diputados, sin embargo, la oposición en la Cámara de Senadores sumó a los legisladores priístas, lo que no permitió que Morena obtuviera la mayoría requerida para su aprobación y postergó la votación hasta dentro de 10 días, en búsqueda de alianzas en el pleno.