La Relatora Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Cecilia Jimenez-Damary, llamó a las autoridades mexicanas para apresurar la adopción de una ley que atienda los desplazamientos forzados, así como a brindar recursos para la protección de las víctimas de este proceso, que obliga a familias y comunidades a dejar su lugar de residencia ante amenazas o agresiones.
Jimenez-Damary presentó hoy las observaciones preliminares de su visita a México, que tuvo lugar entre el 29 de agosto y el 9 de septiembre, en los estados de Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México y Guerrero, donde dialogó con autoridades federales, estatales, víctimas y representantes de las organizaciones de la sociedad civil.
En este documento, resalta que México es un país de tránsito, destino y retorno migrante, así como de origen y se trata de un territorio en el que la violencia es uno de los factores principales que afecta a las poblaciones, con una cifra negra superior al 90 por ciento en el total de los delitos, con un bajo número de investigaciones de las autoridades, por lo que existe poca confianza en las mismas.
Con respecto a quienes se enfrentan a esta realidad, si bien en el país un 10 por ciento de la población se considera indígena, en el 40 por ciento de los casos de desplazamientos las víctimas son miembros de pueblos indígenas, lo que incrementa su vulnerabilidad. Estas observaciones apuntan a que falta una perspectiva “intercultural y de género”.
Además, una parte de las víctimas, hasta este momento, no han podido acogerse a la protección de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), ya que en algunos de los estados no reconocen a quienes obligan a otros al desplazamiento como sujetos que cometan un delito, por lo que sus víctimas no pueden solicitar la atención de la institución local o federal.
Sumado a esto, es necesaria la emisión de una recomendación sobre el caso, ya sea de una Comisión estatal de Derechos Humanos, como la nacional, para poder otorgarles la protección necesaria, sumado a la falta de personal suficiente que atienda en estas instituciones, por lo que las víctimas se ven sometidas.
La falta de confianza en las instituciones, también se refleja en la distancia que estas víctimas mantienen con las autoridades, por lo que no se les reconoce como personas desplazadas internas, lo que les lleva a enfrentarse a nuevas dificultades.
Aunque existen mecanismos de protección, estos tampoco han logrado contabilizar a las víctimas del fenómeno, ni el total de sus destinos. Actualmente, el INEGI realiza conteos especializados, apoyado en diversas instituciones que abordan sobre todo la migración.
Dentro de las víctimas, se reconoce que también defensores de Derechos Humanos y Periodistas son beneficiarios del Mecanismo de Protección especializado en su defensa, hasta el momento 84 de ellos y ellas cuentan con un refugio activo. En este caso, la Relatora se sumó al llamado para el fortalecimiento de este Mecanismo, para que se proteja a plenitud a aquellos que lo requieren.
Para las tareas de prevención, agregó que es necesario atender a las denuncias ya realizadas y de esta manera brindarles apoyo, sin que requieran, las víctimas, desplazarse como un método de autoprotección.
Hasta el momento no existen mecanismos de alerta temprana, publica en el texto, sobre violaciones a los derechos humanos sistemáticas, mientras que las autoridades locales no realizan evaluaciones periódicas en relación con actos de violencia.
Entre los aspectos preocupantes se identificó que los padres, madres o tutores de niños, niñas y adolescentes tienen dificultades para integrarlos a una escuela, pues en diversas ocasiones no cuentan con documentos suficientes, como actas de nacimiento, ante su inminente huida o comprobante de domicilio, tras una relocalización reciente.
La Relatora expone que es necesario que el Estado garantice el retorno seguro, digno y voluntario de las personas que deseen volver a sus hogares, la protección de sus bienes muebles e inmuebles y en caso de realizar un desplazamiento orientado por las mismas autoridades, que las víctimas puedan participar en la planeación de su destino.
Por último, afirma que la justicia transicional, que incluye el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y las garantías de no repetición, asegura no sólo la protección de las víctimas, sino también como disuasión ante posibles nuevos ataques.
Los resultados finales de este análisis se presentarán en junio de 2023, cuando el Estado mexicano deba atender, en sus diferentes instancias, las observaciones emitidas por la Relatora especializada de la ONU.
