Por Patricia San Juan

Hoy se realizó la ceremonia inaugural que dará pie a la apertura de los documentos en poder de militares de las violaciones de los derechos humanos realizados en el periodo conocido como Guerra Sucia, dentro del Campo militar número 1, espacio denunciado como el centro de las torturas y represiones de la época.

Este evento da pie a una nueva fase de las tareas de la Comisión para el acceso a la verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de los hechos ocurridos entre 1965 y 1990, donde se convocó a los familiares de las víctimas, las personas sobrevivientes y en el que participarán expertos en la materia.

También se da acceso a testimonios de militares, que se recolectaron en el pasado, aunque de igual manera anima a aquellos que se encuentran en retiro a dar sus testimonios, obtener información de grupos e individuales, recabadas por las fuerzas armadas, a conocer los planos de las instalaciones y poder identificar los espacios en los que fueron víctimas, entre otras acciones.

En la ceremonia el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, remarcó que los movimientos sociales en México han cambiado el rumbo del país, con luchas desde diferentes sectores, como los magisteriales, campesinos, obreros y estudiantiles, que fueron perseguidas.

Recordó que en el Campo Militar Número 1 “se instaló una de las agrupaciones represivas más temidas en el país: la Brigada Blanca, integrada por elementos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) de la Secretaría de Gobernación (Segob), la Policía Judicial Federal, la Dirección General de Policía y Tránsito del Departamento del Distrito Federal y la Policía Militar”.

Así como que “se implementó el Plan Telaraña para combatir y desarticular las guerrillas encabezadas por los profesores Genaro Vázquez y Lucio Cabañas”, desde donde también se implementaron órdenes de hostigar, capturar o investigar a los integrantes de las guerrillas convocadas principalmente por jóvenes.

El proceso permitirá, de acuerdo con el subsecretario, la no repetición, la respuesta a viejas preguntas y la reparación del daño. Buscará a las víctimas dentro de las instalaciones militares o donde los testimonios lo indiquen.

De igual manera, solicitó que la Fiscalía General de la República acompañe el esfuerzo y así reactive las 245 carpetas de investigación que existen del periodo de la Guerra Sucia, pues la “principal reparación para las víctimas es que haya justicia en el país”, un llamado que repitieron los activistas.

Por su parte, Micaela Cabañas Ayala, hija de Lucio Cabañas rememoró cómo ella y su familia fueron privados de la libertad torturados física, sexual y psicológicamente dentro de las instalaciones del Campo Militar Número 1, a pesar de que su padre ya había muerto, cuando ella tenía apenas dos meses de nacida y permaneció ahí mientras aprendió sus primeras palabras y a caminar.

A su vez Alicia de los Ríos Merino, quien lleva el nombre de su madre, denunció cómo testigos identificaron a quien decidió ser guerrillera con la Liga Comunista 23 de Septiembre,que fue víctima de desaparición forzada, detenida en 1978 y vista por última vez en ese mismo año, llevada a la base militar de Guerrero desde donde se sabe que se empleaban aviones para lanzar personas detenidas al mar, bajo la figura llamada “vuelos de la muerte”.

En los cuarteles militares, recuerda De los Ríos Merino, fueron interrogados, torturados y mutilados padres y madres, hermanos y hermanas, hijas e hijos de buscadores, así como otros espacios de la DFS, destinados a la detención de personas que se oponían al régimen y que cometieron “crímenes de lesa humanidad”.

Para Alicia de los Ríos “no habrá verdad sin justicia y sin justicia tampoco podrá haber paz.”

La respuesta militar

En medio de demandas por la localización con vida de las víctimas de desaparición de la Guerra Sucia, el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, defendió el actuar de las fuerzas armadas a través de los años y aseguró que el nombre de los militares fallecidos “con motivo de los hechos del pasado” será colocado en el monumento a los caídos de las Fuerzas Armadas.

En un acto que busca brindar justicia a las familias de las víctimas que fallecieron y desaparecieron bajo encargo de las autoridades militares, el mensaje del secretario fue rebasado por las exigencias de las familias, mientras el orador alzaba la voz en el micrófono, con un rostro aparentemente controlado, mientras aseguró que este sería “un tributo y un sentido homenaje a los soldados que cumplieron con su deber aún a costa de su vida”.

Las familias continuaban con las demandas mientras algunos aplaudían las palabras del representante del ejército, que iba acompañado de otros militares. Al terminar su discurso se podía escuchar “ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos”, mientras Michaela Cabañas Ayala levantaba el puño el alto desde el presidium.

El silencio no pudo ser posible hasta que el Andrés Manuel López Obrador tomó la palabra, ahí denominó como fuerte, doloroso y significativo este acto, que podría brindar esperanza, para la búsqueda del cierre de la historia del sufrimiento y la represión.

Tanto Sandoval como el presidente remarcaron que fueron las decisiones de las autoridades civiles las que han “manchado la trayectoria de (…) las fuerzas armadas”, a pesar de que las familias de las personas que fueron víctimas durante el periodo de 1965 a 1990 narraron las violaciones a los derechos humanos que ellos y ellas sufrieron, de forma directa o indirecta.

Durante la ceremonia se anunció también la apertura del caso Ayotzinapa, del que se ha identificado la infiltración de militares entre los estudiantes desaparecidos y el envío de información a tiempo sobre las actividades realizadas.

El evento culminó con las familias exigiendo justicia y aparición de las personas perseguidas por sus ideologías, con la esperanza de que este sea un primer paso para la reconstrucción de los hechos.