Nancy Gómez, quien laboraba dentro del Ministerio Público en Jalisco, y denunció corrupción dentro de la Institución en 2019, fue detenida la tarde del 12 de mayo por integrantes de la fiscalía, mientras viajaba en el auto con su hija, una niña.

Manejaba sobre el Anillo Periférico de la ciudad de Guadalajara al menos 20 unidades rodearon su auto, de acuerdo con una publicación en su cuenta de Twitter. Aseguró que por poco se voltea mientras le cerraban el paso.

En el proceso funcionarios de la Fiscalía del estado, la Fiscalía Anticorrupción y policías la rodearon y la aprehendieron. La cuenta de la colectiva de mujeres Las Paritarias convocó a una protesta en Casa Jalisco.

Pasadas las tres de la tarde del viernes 13, un día después, fue liberada, de acuerdo con medios locales, sin que hasta el momento se conozcan las resoluciones de los jueces sobre la detención y su caso

La exfuncionaria llevaba 12 años trabajando dentro del sistema judicial del estado, cuando en el año 2019 denunció que su jefe Marco Montes González le habría solicitado cambiar la investigación de un caso de una persona denunciada por presunta comisión de secuestro.

Tras la acusación contra su superior fue despedida, señalada de fallas en uno de los casos que llevaba, y en 2021 la fiscalía encargada de combatir la corrupción en el estado negó la investigación en contra de su antiguo jefe, aunque la fiscalía determinó necesario continuar con un proceso legal en su contra por “abuso de autoridad”, tras grabar una conversación telefónica con su jefe.

Desde antes de ser despedida denunció que era víctima de acosos y amenazas. A principios del año 2022, el juez de amparo determinó que tenía una sentencia favorable, por lo que se le debía reinstalar en el cargo de Ministerio Público y la institución debía abonarle los salarios pendientes del tiempo que se mantuvo en juicio. Sin embargo, eso no ha sido posible

El Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco, quienes colaboran con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, remarcaron que existe la obligación de proteger a las personas que denuncian presuntos actos de corrupción, como parte de la adopción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del Estado mexicano.