La presentación de la tercera edición del Índice de Gobierno Abierto en México mostró por primera vez una ruptura en la tendencia positiva de transparencia y apertura gubernamental en el país, con una calificación de 0.48 en la escala de 0 a 1 para 2021, cuando en el ejercicio realizado en 2019 tuvo un puntaje de 0.52, con un antecedente en 2017 de 0.38, lo que había demostrado un avance.

El estudio es realizado cada dos años por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), quienes señalan que esta disminución demuestra que algunos de los sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la información alcanzaron resultados sostenibles, pero se han visto afectados en los últimos años.

El subíndice con mayores disminuciones fue el de la transparencia proactiva, mientras que las mejoras detectadas tienes relación con la participación desde el gobierno y el acceso a la información por parte de la ciudadanía.

En los últimos años los sujetos obligados responden con mayor calidad las preguntas solicitadas por los ciudadanos y de forma más clara, cuando se evalúa con “un piso mínimo”, así como la mejoría de la carga de información a la Plataforma Nacional de Transparencia.

En comparación con otros años los tiempos legales para las respuestas se vieron afectados en esta edición, parte del año 2020, de acuerdo con denuncias ciudadanas, las respuestas recibidas tenían relación con la pausa en las oficinas gubernamentales por la pandemia, que en el retorno contestaron. En total sólo 5.7 por ciento de los sujetos obligados cumplió con los tiempos estipulados.

En promedio en los casos que se cumplen los tiempos, los sujetos obligados tardan hasta 12 días en emitir una respuesta, mientras fuera del plazo legal, asegura el estudio, pueden tardarse hasta un año, pero el promedio de estos casos es superior a los tres meses.

Para este análisis se tomó información de 1,365 sujetos obligados de los tres ámbitos de gobierno, 49 del orden federal, 870 estatales y 446 municipales.

Como parte de las conclusiones se afirma que la participación ciudadana representa “una carrera de obstáculos para la población”. En lo que respecta al contacto con las instancias gubernamentales el 95 por ciento cuenta con un correo o forma de conexión con ellas, pero el 58 por ciento contestó y sólo el 14 por ciento a la primera vez.

En lo que supone una propuesta ciudadana para la mejora de las condiciones, el 24 por ciento se responde y sólo el 8.3 por ciento da seguimiento a la misma propuesta, lo que no implica su aplicación. Por ello se anima a las instituciones a seguir ejemplos exitosos que no implican la burocratización del proceso.

También se evaluó una muestra de respuestas, en las que se identificó un ejercicio de transparencia que no se centra en los ciudadanos, sino en la lógica institucional, por lo que la ciudadanía puede confundirse, debido a puntualizaciones técnicas o complejas.

En el caso de las elecciones, estas afectaron la respuesta a ciudadanos y los procesos de transparencia, así como la discontinuidad de las iniciativas de las y los funcionarios. Esto mismo ocurrió en algunos de los días en los que la pandemia afectó las actividades de los gobiernos en todos los niveles, así como en el ámbito internacional, por lo que México no sería el único país con estos señalamientos.