La iniciativa de reforma eléctrica, enviada por el ejecutivo a la Cámara de Diputados, fue rechazada este domingo donde no se alcanzó la mayoría calificada por parte de Morena, por lo que queda en la bandeja la reforma a la Ley Minera que aborda la nacionalización del Litio.

En un debate con una duración superior a las 12 horas sobre la energía, representantes del partido en el poder y sus opositores centraron parte de sus argumentos en la traición a la patria, la presencia de empresas extranjeras en el país y la necesidad de reforzar la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa del Estado que actualmente administra el 38 por ciento de la energía a nivel nacional, para tener posibilidad de manejar al menos el 54 por ciento de la misma.

De acuerdo con la propia CFE para lograr esta meta requeriría del incremento del uso de energía fósil, por lo que las energías limpias se ponían en la mesa, con un debate que involucraba a cabilderos de empresas extranjeras, como se pudo ver algunas sesiones de la Cámara previas, donde se denunció esta práctica.

Los promotores de la reforma planteaban la necesidad de analizar el modelo eléctrico actual, en el que se reducía la participación del Estado y se beneficia al sector privado, lo que podría implicar su mayor participación en el mercado y el encarecimiento energético, como ha ocurrido en países como España, donde sólo en 2021la energía abrió con un costo de 94.99 euros el Megavatio por hora (MWh) en enero a 383.67 euros/MWh en diciembre.

La votación en México resultó en 275 votos a favor y 223 en contra, mientras se requerían 334 votos para que pasara a la siguiente etapa del debate. El presidente declaró hoy en su conferencia diaria que se “cometió un acto de traición a México” con la decisión de los representantes, el primer debate que Morena pierde en tres años y medio, en los cuales había logrado aliarse con otros partidos.

En esta ocasión buscaba la alianza de diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), uno de sus principales opositores, y se hacía un llamado a que no votaran de acuerdo al posicionamiento de su dirigencia nacional que ya había rechazado la iniciativa.

El debate por el litio

El gobierno de López Obrador envió la noche del domingo la iniciativa para una nueva reforma, que pone como eje al litio, el metal más ligero de los que existen, que se emplea en la creación de baterías, un material que empieza a requerirse con mayor frecuencia con la construcción de autos eléctricos, así como elementos tecnológicos como teléfonos o computadoras. De igual manera se emplea como medicamento en tratamientos psiquiáticos.

Esta reforma promueve que el Estado sea quien controle y maneje el litio, con una empresa como Pemex para el petróleo o CFE para la energía. De acuerdo con el Estadístico Geológico de los Estados Unidos, México es el país número 10 con reservas de litio a nivel mundial.

Hasta el momento se realizan exploraciones en minas de los estados de Sonora, Jalisco y Puebla, una fase que puede durar hasta 20 años, pero se proyecta que la  industria tecnológica seguirá requiriendo de este material a futuro. Esta reforma bloquearía la posibilidad de que el Estado brinde concesiones a privados en torno a este mineral.

Entre los puntos del debate Aleida Azamar, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) especializada en minería, asegura que “se requieren más 2 mil toneladas de químicos para los procesos productivos; además, por cada tonelada de sales de litio se evaporan 2 millones de litros de agua” en espacios donde también se contaminarían los depósitos subterráneos.

Otra de las mayores preocupaciones de Azamar es la incapacidad tecnológica con la que cuenta México para la explotación del mismo que requeriría grandes inversiones públicas.

En América, Bolivia cuenta con las mayores reservas de litio, este es administrado por el Estado Plurinacional, tras la nacionalización de las industrias que inició en el 2008 a cargo del expresidente Evo Morales. Actualmente se dispone de la alianza con “socios estratégicos” privados para la fabricación de materiales y la empresa boliviana debe contar con al menos el 51 por ciento de la participación para permitir que se brinde tecnología y financiamiento.

Hasta ahora la explotación del litio en Bolivia continúa en “fase piloto”  y se estima que para 2023 pueda comenzar la producción de carbonato de litio, para después seguir con la fase de creación de baterías, que no puede ser inmediata.

La explotación de recursos minerales forma parte del debate sobre la soberanía a nivel nacional e internacional, ya que la presencia de empresas extranjeras pone en duda la posibilidad del Estado de controlar territorio, condiciones socioeconómicas de las comunidades aledañas y el cuidado de los recursos naturales.