Por Patricia San Juan

El Comité Contra la Desaparición Forzada  (CED por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas emitió hoy el informe derivado de la visita realizada a México en noviembre de 2021, en el que destacó la importancia de la generación de una política pública para detener las desapariciones, reconocer la participación del Estado en ellas, terminar con la impunidad a nivel nacional que evita su combate y con el enfoque militarizado de la seguridad nacional.

Aseguró que la desaparición de personas se ha cometido de forma exponencial, de 2006 a 2021 el 98 por ciento de los casos han ocurrido en estos años, estas incrementaron a consecuencia de la estrategia de seguridad implementada por el gobierno de Felipe Calderón. En los últimos cinco años 8 mil personas han desaparecido en promedio por año.

De acuerdo con las observaciones de este Comité, las autoridades niegan o diluyen la responsabilidad de los miembros del Estado como responsables de las desapariciones por la prevalencia de los delitos cometidos por la delincuencia organizada, que se ha convertido en el principal perpetrador de este delito.

La representación de la ONU recuerda que la cooperación de las autoridades con los grupos criminales, así como la no adopción de medidas para evitar nuevas desapariciones, la no investigación de los casos y la no localización de las personas, ya sea en vida o sin ella, también implican la responsabilidad del Estado.

En lo que respecta a la impunidad asegura que esta es “casi absoluta” en el país, pues entre el 2 y el 6 por ciento de los casos han sido judicializados, es decir, que se han llevado por la vía judicial, mientras que de poco menos de 100 mil casos de desaparición sólo se han dictado 36 condenas a nivel nacional.

Denuncian la actitud pasiva desde las instituciones encargadas de la investigación, como es el caso de la Fiscalía General de la República (FGR) y las Fiscalías estatales. Estas cuestiones generan desconfianza de la sociedad a las autoridades, lo que deriva en la poca denuncia de los casos ocurridos y se convierte en un factor de revictimización para las familias.

Por otra parte, la militarización de la seguridad nacional se ha reimplementado en los gobiernos subsecuentes, desde el año 2006 hasta ahora, lo que “ha sido insuficiente e inadecuado en lo que atañe a la protección de derechos humanos”.

Esto incluye la creación de la Guardia Nacional (GN), en la que prevalece la capacitación por parte de militares y su conformación en un 58 por ciento por miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y 26 por ciento de la Secretaría de Marina.

Pues en el año 2021 el Ejército y la GN se encontraban entre las 10 instituciones más señaladas como presuntas responsables de violaciones a los derechos humanos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como SEDENA y Marina acumulaban el mayor número de recomendaciones en trámite.

Por ello se instó a las autoridades a dejar el modelo militarizado y transitar a una estrategia de seguridad pública civil, que siga los estándares internacionales.

Crisis forense en México

El gobierno nacional reconoció que al menos hay 52 mil cuerpos a nivel nacional no identificados, resguardados por diversas instituciones, por lo que el Comité aseguró que la crisis forense se refleja en la incapacidad de responder en materia de identificación y procesamiento de datos, por lo que urge a que las instituciones forenses actúen con independencia operacional y cuenten con los materiales, la tecnología y el personal necesario.

Se requiere de un manejo adecuado de los datos forenses y genéticos, establecidos en la Ley General en la materia, que no han sido implementados, así como acuerdos con naciones vecinas para la identificación de personas migrantes y extranjeros, además de la inhumación de los cuerpos no identificados de forma individual con un registro detallado y no en fosas comunes.

Con el ritmo de identificación que se tiene a nivel nacional, los 52 mil cuerpos se identificarían en un promedio de 120 años, sin contar con que el número de cuerpos incrementa cada año, de acuerdo con los expertos entrevistados en la materia por el Comité internacional.

Se reconoció, a su vez, el esfuerzo de las autoridades a nivel nacional en la implementación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y la construcción de instalaciones que facilitarán las labores forenses, como los Centros Regionales de Identificación Humana de Coahuila y de San Luis Potosí.

Grupos en Riesgo

La entidad de las Naciones Unidas señaló que los hombres entre 15 y 40 años representan el mayor número de víctimas a nivel nacional, mientras que los casos de niños, niñas y adolescentes, sobre todo de 12 años en adelante, han incrementado en los últimos años, así como las mujeres, lo que podría indicar que son víctimas de trata, así como de explotación sexual.

Además las mujeres, familiares o parejas de personas desaparecidas, han tenido que, en su mayoría, hacerse cargo de sus parientes, mientras con sus propios medios realizan las búsquedas de sus seres queridos. Se han enfrentado a la estigmatización de los casos, violencia, revictimización por parte de las autoridades y a carencias económicas.

Como un agravante de la crisis, a las personas defensoras de derechos humanos y buscadoras, 13 fueron asesinadas presuntamente por sus labores de localización, mientras 30 periodistas fueron desaparecidas y desaparecidos entre los años 2003 y 2021, en ningún caso se han localizado.

En el caso de las personas que migran, no existe una cifra precisa al respecto. Entre las razones se identifica la falta de denuncia de las familias ante el estatus migratorio, por el miedo a que fueran detenidas o deportadas, mientras que los casos emblemáticos, como la Masacre de San Fernando o de Cadereyta se han identificado irregularidades en las investigaciones al respecto.

La personas migrantes denunciaron que dentro de las estaciones migratorias han recibido amenazas de desaparición o no se les ha permitido acceder a teléfonos o los números de sus familiares para contactarse a su hogar, ya que les quitan sus móviles, les cobran las llamadas o les niegan la posibilidad de comunicación.

Mientras sus familiares han encontrado dificultades en su ingreso a México para la búsqueda de sus desaparecidos, por lo que las instituciones nacionales debería garantizar la localización de las personas e investigar los casos.

Falta de cooperación institucional

La dificultad de operación entre la FGR y la Comisión Nacional de Búsqueda fue denunciada por parte de las personas entrevistadas por el Comité, quienes apuntaron que hay “una comprensión desvirtuada de la autonomía de la Fiscalía, como una suerte de discrecionalidad, (que) se ha traducido en la inobservancia de las competencias compartidas y en una resistencia hacia la implementación de mecanismos efectivos de comunicación, colaboración e intercambio de información”.

Por lo que también existe indisposición de la fiscalía para la tramitación de las solicitudes de la Comisión Nacional de Búsqueda, así como la complejización de trámites en lo que respecta a la coordinación con la CNDH, las comisiones estatales en material de derechos humanos, así como a las víctimas a nivel nacional y local.

Por lo que hizo un llamado a la implementación de lo establecido en los protocolos homologados y la definición de las tareas de cada una de las instituciones, así como la remoción de obstáculos en los casos, a los que se enfrentan ante el poder judicial las familias de las víctimas, aún en casos reconocidos, como en lo que respecta a Ayotzinapa.

Se declaró la preocupación del Comité ante la falta de independencia e imparcialidad de la CNDH y las comisiones estatales en la materia ante la lentitud en la resolución de quejas, sobre todo en lo que respecta a la Guardia Nacional y la militarización de la seguridad.

La prevención e implementación de las recomendaciones

Resulta una prioridad para el Comité que en México la prevención se convierta en el centro de la política nacional, en la que se reconozcan las condiciones del país y se realicen los análisis de contexto, tanto nacionales como estatales, por parte de las autoridades, para identificar las particularidades de la entidades.

Con la política de prevención se deben “impedir violaciones sistemáticas” a los derechos humanos, así como “combatir la impunidad de las desapariciones forzadas” del pasado y las recientes. Debe existir una política integral que combata las causas de la desaparición y no prevalezca su repetición.

Mientras que los mecanismos, el marco normativo y jurisprudencia deben ser aplicados de forma correcta, pues existen “graves deficiencias encontradas en su implementación”.

Esta fue la primera visita realizada a un país por parte de la Comisión, que participó con un grupo de seis de sus miembros, Juan Pablo Albán Alencastro; Juan José López Ortega; Horacio Ravenna y Carmen Rosa Villa Quintana, así como dos de la Secretaría de la Comisión: Albane Prophette- Pallasco y Sergio Giuliano, en la que colaboró la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Visitaron un total de 13 estados de la república, en donde se organizaron 48 reuniones con cerca de 80 autoridades y 33 con familiares de víctimas, colectivos y organizaciones de la sociedad civil que las representan y acompañan, además de formar parte de tres acciones de búsqueda.

Al finalizar su visita presentaron un resumen de sus conclusiones, mientras esta presentación resume la información colectada en toda su visita, en la que calificó a la desaparición forzada como “el paradigma del crimen perfecto” y conminó a una urgente respuesta para evitar que continúe siendo considerado de esta manera.

El Comité destacó “la empatía de algunos servidores públicos del ámbito federal y estatal con las víctimas y su compromiso para reconocer y atender la situación crítica”. Por su parte el Estado mexicano deberá atender en cuatro meses a la Comisión y abordar los avances que realice en torno a las recomendaciones emitidas en esta materia, las cuales se comprometieron a implementar.

En México la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció el carácter vinculante de las recomendaciones del Comité, pues al firmar la Convención “acepta incorporarla(s) a su régimen jurídico interno”.