La presidencia de la República envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de creación del Centro Nacional de Identificación Humana para “brindar una búsqueda efectiva, certera y en su caso, un trato digno a los cuerpos sin identificar” que hasta el momento son almacenados e investigados por los servicios forenses estatales o regionales, con información compartida a las fiscalías y comisiones de búsqueda.

Con la nueva propuesta se modificaría la ya existente Ley general en materia de desaparición, con ella se crearían espacios de identificación de personas, que tendrían el equipo necesario para el procesamiento de información genética.

En el país Coahuila y San Luis Potosí ya cuentan con un Centro de este tipo, el último será inaugurado este año, mientras que el que se encuentra en Nogales inició funciones en octubre de 2021.

El Centro Nacional dependerá de la Comisión Nacional de Búsqueda y se empleará, de manera autónoma, en el reconocimiento de cuerpos localizados ya sea en entierros clandestinos como en fosas, así como aquellos que ya están en los registros nacionales, derivados de otras localizaciones y analizados actualmente en los Servicios Médicos Forenses (Semefo) e investigados por las fiscalías.

Con los espacios que existen actualmente, de acuerdo con la información oficial, sólo es posible realizar la identificación del 20 por ciento de los cuerpos que reciben, mientras que tienen una sobreocupación de, al menos, 40 por ciento.

Sus labores también abordarán la creación y ejecución de estrategias para la búsqueda; el almacenaje, traslado y análisis de cuerpos, restos humanos y muestras óseas y el almacén de información genética.

Además realizarán la toma de muestras genéticas referenciales de familiares de las personas desaparecidas, sin la necesidad de que realicen una denuncia penal, como hasta ahora se requiere, y la inspección de centros de resguardo de cadáveres, así como investigaciones en menos de 72 en caso de que la Comisión Nacional lo solicite, sin arrebatar esta tarea de las fiscalías estatales y sus fiscalías especializadas.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la crisis de desaparición que vive México “no es comparable con la de otros países”. En el territorio nacional 98 mil 533 personas se encuentran desaparecidas, tres veces más de las reconocidas durante la dictadura en Argentina, nación donde se impulsó la creación de la primera ley que abordaba la desaparición forzada y en donde se denuncian 30 mil víctimas.

En la actualidad, derivado de esta crisis, Alejandro Encinas, subsecretario de gobernación de la oficina de Derechos Humanos, ha reconocido la “emergencia forense” que sufre el país, donde al menos hay 52 mil cuerpos no identificados en fosas comunes, panteones forenses, institutos o universidades, de acuerdo con los datos del Movimiento por Nuestros Desaparecidos y aceptado por las autoridades federales.