Por Patricia San Juan

Tras la presentación del tercer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa, los padres y madres de los normalistas se reunieron en el Centro Agustín Pro Juárez para profundizar en su postura, la cual anticiparon el la conferencia de prensa del lunes: aceptaban los hallazgos y hacían suya la investigación.

Han pasado siete años y medio desde la desaparición de los 43 estudiantes y las familias afirman que nunca imaginaron que aún después de tres años del cambio de gobierno sintieran molestia y cansancio, ante las mentiras a las que hasta hoy se han sometido, pues fueron las mismas familias las que se negaron a reconocer la versión de los hechos de las autoridades mexicanas bajo el gobierno de Enrique Peña Nieto y a la que Murillo Karam, exprocurador mexicano, denominó “verdad histórica”.

Hicieron un llamado a que militares y marinos cumplan con las instrucciones del presidente, quien en un decreto en el primer mes de su gobierno ordenó a las instituciones federales que, en caso de contar con información sobre la desaparición de los estudiantes, la faciliten a investigadores y responsables del caso.

Sin embargo la recolección de información ha representado un esfuerzo para las víctimas, sus defensores y los integrantes del GIEI, por lo que los familiares acusan que las Fuerzas Armadas “lo único que querían era la fotografía”, tras la firma del decreto, sin actuar en consecuencia.

“Yo creo que ya es justo saber el paradero de nuestros hijos, la magnitud de la responsabilidad de las instituciones y de los funcionarios públicos de alto nivel”, declaró el señor Mario, padre de uno de los estudiantes , ya que la grabación de la Marina, entregada al GIEI, sólo se pudo realizar con la autorización de dos personas, el presidente en 2014 o el almirante al mando de SEMAR Vidal Francisco Soberón Sanz. Por ello, pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador que inicie un proceso legal en contra del expresidente, así como de los altos mandos.

La presentación de los investigadores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos señalaba que, antes de que las autoridades localizaron restos óseos, tras una “llamada anónima” que propició la búsqueda dentro del basurero de Cocula, miembros de la Secretaría de Marina (SEMAR) ingresaron a la zona, cambiaron la escena, prendieron una pequeña hoguera, recorrieron el espacio con personal de la Procuraduría General de la República (PGR), junto con Karam, antes de que se acordonara la zona e ingresaran los peritos del Equipo Argentino de Antropología Forense, en quienes confiaban los familiares.

Tras la presentación de este vídeo el señor Emiliano remarcó que “en México los pobres no tienen justicia”, por lo que a sus hijos les han arrancado la oportunidad de crecer y construir su vida.

Los padres de los estudiantes también hicieron un llamado a que el presidente vuelva a realizar una reunión con ellos para exponer sus preocupaciones sobre el caso, ya que a pesar de la disposición de López Obrador y el subsecretario Alejandro Encinas no han obtenido respuestas equivalentes de marinos, militares y grupos de inteligencia.

Además Vidulfo Rosales, abogado de las familias, denunció, que si bien se han entregado documentos a los investigadores independientes los elementos no se han podido integrar a la carpeta del Ministerio Público para realizar diligencias que promuevan procesos penales en contra de las personas que pudieron estar involucradas.

Santiago Aguirre, director del centro Agustín Pro Juárez, remarcó que los padres y madres no se equivocaron cuando insistieron que la desaparición de los estudiantes debía ser investigada por una comisión especial, así como contar con el acompañamiento internacional.

Además de apuntar que ante la llegada inminente a las 100 mil desapariciones a nivel nacional, esta realidad no se trata de una herencia del pasado, sino una crisis del presente. Mientras en lo que respecta a la militarización, desde la organización conocida como ProDH se identifica que no hay un deslinde de las acciones de militares realizadas en el pasado, ni su reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos y mientras no se reconozca esto no habrá una real separación.