México, con una calificación de 5.64 sobre 10, se colocaría en el lugar número 9 de 17 en la Evaluación Anticorrupción Latinoamericana (EAL) 2021- 2022, realizada por el Lawyers Council for Civil and Economic Rights.
El país obtuvo el mejor puntaje en lo que refiere a la creación de legislación para el combate de la corrupción frente al resto de los países de la región, con 9.3 de 10, sin embargo las autoridades obtuvieron un 3.5 y la implementación de las políticas en contra de este delito una evaluación de 8.17 puntos.
Este análisis afirma que México cuenta con el marco jurídico suficiente para enfrentar la corrupción, aunque queda espacio de mejoras, como la unificación de los tipos penales de la ley federal y las 32 leyes estatales.
Además se detecta falta de voluntad, recursos y capital humano para aplicar estas normativas, ya que no se cuenta con la autonomía suficiente en las fiscalías especializadas o las instituciones integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción, encargadas de su combate.
Entre las mayores preocupaciones se encuentra la clasificación penal que dicta prisión preventiva oficiosa a las personas investigadas por este delito. También se identificó a personas en condición de pobreza, así como poblaciones vulnerables, como las mayores afectadas.
Como parte de las políticas se ha implementado un mecanismo de prevención dentro de las contrataciones públicas, sin embargo dentro de esta administración se han identificado un “alto porcentaje” de adjudicaciones directas, lo que podrían llevar a casos de corrupción.
En cuanto al sector privado no existen asesorías de riesgo sobre programas de cumplimiento así como protocolos de investigación, aunque se implementan candados referentes a la contratación de administradores públicos que los pudieran colocar en posiciones ventajosas ante otras empresas en competencia ante el gobierno.
De igual manera se imponen sanciones que podrían llevar a la suspensión de actividades o clausura de locales, con penas a las personas que incurran en el delito de corrupción. A pesar de las implementaciones al Código Penal para combatirla, no ha habido ningún caso relevante en lo que respecta a responsabilidad penal corporativa.
Se evaluó la plataforma de Ciudadanos Alertadores, donde también funcionarios públicos pueden denunciar corrupción, pero esta no cuenta con la protección suficiente para los informantes, mientras que la capacidad de las autoridades administrativas para perseguir y prevenirla resulta baja, por su parte la Fiscalía especializada y la Secretaría de la Función Pública resultan poco eficaces.
Se evalúa también que la lucha contra la corrupción tiene un propósito político, en el que no se persiguen casos denunciados de la presente administración, pero sí de pasadas, a lo que se suman menciones negativas desde la presidencia contra instituciones autónomas y organizaciones de la sociedad civil que centran sus esfuerzos en el combate y la denuncia de la corrupción.
Venezuela es el país con la calificación más baja de este ranking, con 2.87 puntos, mientras que Uruguay obtuvo el mejor puntaje, 8.36, seguido de Chile y Costa Rica, que presentaron evaluaciones de 7.96 y 7.04, respectivamente.
