En México 98 mil 995 personas están desaparecidas, de acuerdo con las cifras oficiales, sin embargo apenas se han dictado 35 sentencias por el delito de desaparición, aseguró el subsecretario de gobernación, Alejandro Encinas.

El funcionario destacó que la gran asignatura pendiente sobre la desaparición de personas es el combate a la impunidad y a pesar del trabajo de las familias y las Comisiones de Búsqueda la labor de las fiscalías ha resultado insuficiente en el combate al delito.

Durante la presentación Retos y perspectivas a diez años del informe de misión a México del grupo de Trabajo de la ONU sobre las desapariciones forzadas o involuntarias, a la que fue invitado, reafirmó que la reforma a la ley de la Fiscalía General de la República (FGR) representa una regresión a lo que se había alcanzado en la procuración de justicia.

Entre los debates realizados con las instituciones responsables de la búsqueda de personas y la FGR se generaron tensiones sobre la obligación de los integrantes de las fiscalías para localizar a las personas, además de cuestionar, por parte de sus funcionarios si los ciudadanos tenían derecho a ser buscados, afirmó Encinas.

Esta crisis humanitaria, la cual reconoció que continúa sucediendo, también se deriva de la omisión del Estado en años anteriores, lo que se ha convertido en una crisis forense, con al menos 50 mil personas sin identificar en los Servicios Médico Forense (SEMEFO) y fosas comunes, de acuerdo con un estudio realizado por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, tema del cual las autoridades continúan en una etapa de verificación.

Las acciones que anunció el subsecretario para el combate de la crisis fueron la apertura del nuevo Centro de Identificación Humana en San Luis, una unidad “totalmente equipada”, así como el acceso a documentos militares y cuarteles, para la obtención de información sobre los desaparecidos de la Guerra Sucia, que conforma el periodo de 1965 a 1990.

Por su parte Luciano Hazan, integrante del Grupo de trabajo de la ONU sobre las desapariciones forzadas o involuntarias, resaltó que a pesar de que las leyes y normas en la materia son necesarias es imperativo que se ejecuten acciones para combatir este delito, que está por llegar a las 100 mil víctimas.

Se debe comprender, aseguró, que hacen falta esfuerzos descomunales (para evitar su repetición), sin comparación con el resto del mundo. Por ello es necesario que los funcionarios involucrados sean sancionados y que el Estado se mantenga comprometido con la materia.

Por ello las fuerzas de seguridad deben ser capacitadas para la protección de los Derechos Humanos de los ciudadanos, además de brindar protección a buscadoras, familiares, periodistas y defensores de derechos humanos que denuncian estos hechos, de acuerdo con Hazan.

Gabriella Citroni, también integrante del Grupo de trabajo de la ONU, recordó que las víctimas de desaparición deben ser multiplicadas por las personas que les buscan y rodeaban, como parejas, hijos e hijas, compañeros de trabajo, familiares y amigos, quienes también sufren por estos casos.

En el informe que fue publicado en 2012 y del que se abordó en esta conferencia, se denunció que en México, “la impunidad es un patrón crónico y presente”, para Citroni esta afirmación no ha cambiado y requiere de una reflexión, que se suma al “clima de temor” que viven los mexicanos.

El país, a su vez, ha avanzado “en términos de andamiaje institucional” pero si estas instituciones no cuentan con recursos suficientes, capacitación y aplicación humana del marco legislativo, para evitar, que como ha sucedido, que jueces soliciten la presencia en el proceso de las personas desaparecidas para iniciar su búsqueda, por ejemplo, por ello “es imprescindible contar con instituciones que sepan aplicar las herramientas” con las que cuentan, señaló.

Encinas aseguró que las recomendaciones que se realicen por parte del Comité y que serán publicados en menos de un mes, después de su visita en 2021, serán cumplidas por el ejecutivo y se realizará “un esfuerzo para que otros poderes realicen también su trabajo”, mientras el gobierno se mantendrá abierto al escrutinio internacional.