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El Diario Oficial de la Federación publicó la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declara inconstitucional la criminalización del aborto, lo que implica que a nivel nacional no se podrán imponer sentencias o consecuencias legales ante la decisión de interrumpir el embarazo.

Esta resolución llegó a consenso tras el debate del pleno de la Corte durante septiembre de 2021 sobre el Código Penal de Coahuila, en el que se dictaban de uno a tres años de privación de la libertad a las mujeres que se practicaran un aborto y a quienes les realizan el procedimiento.

La ley en el estado del norte de la República denominaba el aborto penalizado como aquel que causaba la muerte “al producto de la concepción en cualquier momento del embarazo”, sin embargo la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo define como la “interrupción del embarazo cuando el feto todavía no es viable fuera del vientre materno”, las cuales no tienen total coincidencia.

Durante el debate se concluyó en la SCJN que la imposición de sanciones penales a las mujeres que gestan y deciden terminar con su embarazo son una “violación a sus derechos humanos, al libre desarrollo de la personalidad, a la salud y a la libertad reproductiva, entre otras garantías”.

A pesar de que esta modificación que dicta inconstitucionalidad no permite que a nivel nacional las mujeres tengan acceso al aborto, sí establece que aquellas que decidan interrumpir su embarazo no puedan ser procesadas por esta decisión. En Coahuila, por su parte, se ordenó liberar a las mujeres privadas de la libertad bajo dicha figura legal.

Actualmente sólo en Ciudad de México, Oaxaca, Veracruz, Colima, Baja California e Hidalgo este proceso es legal hasta las 12 semanas de gestación, por lo que las mujeres en otros estados que tengan deseo de realizarlo deben trasladarse a aquellos donde es legal o practicarlo en la clandestinidad, ya sea con acompañantes y medicamentos o en clínicas clandestinas, en las cuales diversos casos demuestran el riesgo en el que se pone su vida.

La OMS afirma que “todas las personas tienen el derecho a decidir libre y responsablemente, sin discriminación, coerción ni violencia, el número de hijos y el espaciamiento de los nacimientos y a disponer de la información y de los medios para ello, así como el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva”, entre lo que incluye el acceso al aborto.