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La subsecretaría de derechos humanos inició los diálogos públicos para promover la promulgación de la Ley General de Prevención y Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, para con ella reducir el número de delitos cometidos en contra de estos grupos y en los que actualmente se identifica un 90 por ciento de impunidad, según los datos oficiales.

El subsecretario Alejandro Encinas señaló que el sistema federal permitió que las autoridades locales se “desentiendan de sus responsabilidades” en los casos de violencia y abusos denunciados por activistas y comunicadores.

Durante la presentación de los diálogos se planteó que después de 10 años de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, aún en funciones y que se reemplazará, ésta sigue sin implementarse al 100 por ciento, de acuerdo con Alberto Xicoténcatl, Presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección.

En el mes de diciembre de 2021 el mecanismo señaló que el 45 por ciento de las agresiones contra periodistas provienen de autoridades municipales, por ello se preguntó cómo será posible hacer responsables a las entidades coludidas con la nueva publicación de la Ley.

De igual manera Xicoténcatl aseguró que los 300 millones de pesos asignados a estas tareas resultan insuficientes para concluir el 2022, de acuerdo con los registros con los que ya cuentan de personas vulneradas y su proyección de este año.

Actualmente el mecanismo brinda protección a 495 periodistas y mil 11 personas defensoras de los derechos humanos, pero las agresiones a estos grupos continúan presentes a nivel nacional. Sólo en 2021 siete comunicadores fueron asesinados en México, así como 25 activistas, de acuerdo con artículo 19 y el Comité Cerezo, respectivamente.

En 2022 se han denunciado los homicidios de dos periodistas, hasta el 17 de enero, José Luis Gamboa, reportero veracruzano y Margarito Martínez de Tijuana, los cuales se encuentran en investigaciones por posible relación con la labor informativa de quienes fueron víctimas.

Los diálogos continuarán en los estados de Chihuahua, Veracruz, Ciudad de México, Tamaulipas, Guerrero, Sonora y Oaxaca, donde se invita a la sociedad civil y periodistas a participar en ellos.