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La denuncia del asesinato de una persona, así como 49 ataques armados en contra de comunidades en Chiapas, sólo en lo que va de enero, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas fue retomada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en una condena a las acciones perpetradas en los municipios de Aldama y Chenalhó, al centro del estado.

En un comunicado, la CNDH aseguró que atrajo el caso e investiga los hechos para la protección y la defensa de los habitantes de las comunidades. La institución autónoma también exhortó a las autoridades chiapanecas a “garantizar el derecho humano a la vida de las personas”, que se respete el Estado de Derecho y a realizar los procedimientos adecuados sobre los hechos para tener acceso a la justicia.

El Centro Fray informó que Lorenzo Gómez Ruíz, recibió un proyectil que cobró su vida, mientras que Javier Hernández de 32 años, perteneciente a la base de apoyo zapatistas, se recupera en el Hospital Las Culturas en San Cristobal de las Casas, de una herida con arma de fuego, la cual lo alcanzó debajo del ojo izquierdo, ambos son tsotsiles, víctimas de las agresiones a la comunidad.

Entre el siete y el diez de enero de 2022 las poblaciones de la zona han sufrido a consecuencia de la violencia en su contra sin la intervención del Estado, por lo que el Centro de defensa de los Derechos Humanos hizo un llamado para expresar el repudio en contra de estas.

Desde julio de 2021 y hasta octubre del mismo año se registraron agresiones que afectan a las comunidades tsotsiles y en algunos casos las han obligado al desplazamiento de sus habitantes, hasta el décimo mes del año se reportaban siete fallecidos por los ataques en su contra.

El 19 de septiembre de 2021 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció en un breve comunicado que el estado se encontraba al borde de una guerra civil y denunciaron la existencia de un grupo de tipo paramilitar llamado ORCAO, quienes, de acuerdo con el texto, tienen relación con las autoridades.

El documento surgió tras la privación de la libertad de Sebastián Núñez Pérez y José Antonio Sánchez Juárez, autoridades autónomas de la Junta de Buen Gobierno, que forma parte de la estructura del EZLN. El secuestro duró ocho días y fueron liberados tras la negociación con organizaciones de la sociedad civil y miembros de la iglesia católica.

Se hizo público en dicho texto, en diversos comunicados y notas locales que la violencia se acrecentaba en el estado sin la intervención del gobierno a cargo de Rutilio Escandón, así como la falta de atención de las autoridades federales en favor de los pobladores de la zona.

En su momento los zapatistas aseguraron que en futuras ocasiones no se elaborarán documentos sobre los ataque en su contra, sino que “tomarán medidas pertinentes para que se aplique la justicia a los criminales”.