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La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) determinó que José Eduardo Ravelo, de 23 años, quien se encontraba en Mérida, Yucatán sí sufrió violaciones graves a sus derechos humanos, tras la tortura, uso indebido de la fuerza, que posteriormente provocaría su muerte, por parte de agentes policiales municipales.

Dentro de la recomendación, la Comisión asegura que hay elementos suficientes para confirmar que hubo violaciones a su derecho a la vida, libertad e integridad personal y seguridad jurídica, de igual manera hace un llamado a la Fiscalía General del Estado (FGE) para determinar si se cometieron agresiones sexuales en su contra durante su retención, considerada como ilegal, pues las autoridades no contaban con motivos para detenerle.

Ravelo, de origen veracruzano, migró a Mérida para encontrar trabajo. El 21 de julio de 2021 fue  detenido por agentes municipales, por “alterar el orden” según los propios funcionarios. De acuerdo con las declaraciones de su madre, quien recibió una llamada, después le visitó y acompañó al hospital, le informó que fue golpeado y violado por los agentes. El 3 de agosto falleció a causa del politraumatismo y la destrucción orgánica múltiple.

Las conclusiones de la CNDH son opuestas a aquellas publicadas en 2021 por la Fiscalía General de la República (FGR) que atrajo el caso tras su relevancia nacional y la petición del presidente. En ellas la institución determinó que Ravelo habría muerto a consecuencia de una neumonía y descartó la posibilidad de que hubiese perdido la vida a causa de tortura y violación.

El informe de la FGR se basó en los resultados de la necropsia del cuerpo de Ravelo, según sus datos,  aunque reconoció que hay información falsa en las investigaciones de la FGE respecto al caso. Por su parte la CNDH solicitó que la Fiscalía  General de la República continúe con las investigaciones y se determine, con sentencia, si a los presuntos responsables les corresponde una pena.

La recomendación 50VG/2022 fue emitida al fiscal general de Mérida, Yucatán, así como a la presidencia municipal de Mérida para que se continúe con el proceso en el que se determine la responsabilidad de quienes habrían cometidos los delitos, así como de quienes los hubiesen autorizado o tolerado.

De igual manera que las víctimas indirectas, es decir su familia, tengan acceso pleno a la justicia e hicieron un llamado a que en los próximos seis meses se realice un “diagnóstico” de las carpetas de investigación en la que se señala a Policías Municipales como presuntos responsables de violaciones a los derechos humanos.

También hicieron un llamado a que el presidente municipal, Renán Barrera, realice una disculpa pública y que los familiares sean inscritos al Registro Nacional de Víctimas para obtener los servicios que este ofrece.