Dentro de las agresiones cometidas por la policía o autoridades se encuentran incomunicar, levantar cargos falsos, golpear, asfixiar y lesiones, informó el Inegi


Por Patricia San Juan

Seis de cada 10 personas (64.5 por ciento) que se encuentran privadas de la libertad sufrieron algún acto de violencia antes de llegar al Ministerio Público, de acuerdo con el Inegi. 

La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) muestra que, de la cifra total, un 45.8 por ciento aseguró haber sido incomunicado o aislado después de su detención, en tanto que 39.2 por ciento dijo que fue amenazado con levantarle cargos falsos.

De las personas encuestadas, 48.6 por ciento fue víctima de algún tipo de agresión física. De ellas 38.4 por ciento recibieron patadas o puñetazos, dos de cada diez fueron asfixiadas o ahorcadas o padecieron ataduras, 12 de cada 100 descargas eléctricas, 11 por ciento lesiones en órganos sexuales y 3.9 por ciento agresiones sexuales.

En el caso de las mujeres, el 15.5 por ciento de quienes fueron detenidas y lesionadas recibieron algún tipo de agresión sexual.

En su segunda edición, cuatro años después de su publicación inicial, el Inegi se dio a la tarea de aplicar diversas preguntas a las personas privadas de la libertad en México, dentro de los 54 centros federales y estatales, con un total de 67 mil 584 personas consultadas, sobre las condiciones en las que viven y lo que han experimentado desde su detención.

En México las personas que son detenidas cuentan con el derecho al debido proceso, por el que se establece la necesidad de la correcta actuación de las autoridades que no implique el empleo de la fuerza ilegítima en contra de las personas, durante todos los pasos hasta su sentencia. Después de ello se establece la obligación de las autoridades de respetar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

Disposición ante el Ministerio público con intimidaciones

En México las autoridades tienen la obligación de trasladar a las personas detenidas inmediatamente ante el MP o con un juez de lo penal, de acuerdo con el artículo 16 constitucional.

Sin embargo, el 35.6 reportó que fue presentada ante estas autoridades entre 4 y 48 horas después de su detención, de acuerdo a la información los tiempos han mejorado a comparación de la encuesta del 2016.

Poco menos de cuatro de cada diez personas se vieron presionadas a dar otra versión de los hechos de su detención por los policías o las autoridades. El 48.8 por ciento de la población privada de la libertad rindió o firmó su declaración ante el MP y se declaró culpable, de ellos 18 por ciento lo hizo porque recibió presiones o amenazas y dos de cada diez porque fue agredido físicamente.

Una vez dentro del MP cinco de cada diez fue incomunicado o aislado, al 37 por ciento lo amenazaron con levantarle cargos falsos y a tres de cada diez lo amenazaron con hacerle daño, a dos de cada diez con que lo matarían.

El 28 por ciento de las personas privadas de la libertad en México aseguró que recibió patadas y puñetazos por parte de las autoridades dentro de la agencia, en 2016 se reportaba un total de 39.4 por ciento.

Al 18 por ciento le impidieron respirar, señala la encuesta en su versión del 2021, a uno de cada diez le dieron descargas eléctricas y el 11 por ciento de las mujeres asegura que recibió agresiones sexuales.