El Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU visitó México con el propósito de evaluar las condiciones del país, a pesar de reconocer la apertura destacó la falta de acciones para resolver los casos por parte de las autoridades


Por Patricia San Juan

La visita del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) concluyó sus 12 días de trabajo en México, tras los cuales dictaminó que sobresalen la impunidad, la cooperación de algunos funcionarios públicos con el crimen organizado para propiciar la desaparición y la falta de implementación total de los mandatos de la ley que refiere a esta problemática.

De acuerdo con el informe preliminar que se dio a conocer durante la exposición de Carmen Rosa Villa Quintana, presidenta del Comité, en el país se mantiene “una situación generalizada de desapariciones”, donde se registran 95 mil 149 personas víctimas de este delito en el que resalta también la revictimiazación de las familias.

Las personas víctimas, durante las reuniones para evaluar el estado del país, informaron al Comité que en el transcurso de las investigaciones de sus casos impera la indiferencia por parte de las autoridades responsables, así como la falta de avances, no sólo en los procesos que tienen años de búsqueda, sino también en aquellos que cuentan con menos de 72 horas.

Para las familias, menciona este primer avance del informe, se trata de un proceso que refleja la impunidad sistémica que se experimenta en la nación, mientras que el CED da a conocer que “el enfoque de seguridad que se ha adoptado no solo es insuficiente, sino además inadecuado” a nivel nacional y la impunidad “es casi absoluta”.

Destaca como necesidades para erradicar estas fallas: la mejora en las investigaciones; el empleo y la división correcta de las fiscalías e instituciones encargadas; la asistencia jurídica a las familias y la aplicación adecuada tanto de los estándares como de mecanismos ya existentes.

El CED realizó un llamado para eliminar el ciclo que revictimiza a quienes denuncian, para que así se promueva la localización pronta, la identificación forense adecuada, además de la justicia y reparación del daño.

Las observaciones arrojaron que durante la pandemia el número de niñas, niños, adolescentes y mujeres que sufrieron esta problemática incrementó. Si bien el total de desapariciones diarias ha disminuido, de acuerdo con los datos que el gobierno ofreció al CED, aún no se implementan políticas de prevención, señalan.

El Comité contra las Desapariciones Forzadas, que realizó la primera visita a un país en su historia, aseguró que el recibimiento del gobierno mexicano representa “una clara expresión de la apertura” del Estado a que sea evaluado y apoyado de forma internacional.

Reconoció la implementación del Protocolo Homologado de Búsqueda, la creación de la comisiones encargadas de brindar justicia, así como distintos mecanismos para mejorar los procesos existentes.

Durante la visita el Comité acudió a 13 estados: Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.

Ahí se reunieron con colectivos de búsqueda, familiares de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil, quienes plantearon las condiciones que viven al buscar a sus seres queridos.

Además, dialogaron con autoridades federales y estatales para identificar los procesos que ahora se llevan a cabo y conocieron las instalaciones con las que se pretende conseguir un proceso más efectivo de búsqueda e identificación.

También realizaron visitas a centros de privación de la libertad y los destinados a las personas migrantes, para identificar si en estos se realizan los registros de forma correcta para que las personas sean localizadas por sus familias y se unieron a las jornadas de localización de fosas clandestinas, así como exhumaciones.

Esta problemática en México cuenta con dos etapas claras y recientes, la Guerra Sucia, ocurrida entre 1965 y 1990, seguida por el despunte de la violencia que en 2006 se generó tras la estrategia de seguridad plateada por el gobierno de Felipe Calderón, con la que se empleó al Ejército y fuerzas del Estado en contra de los grupos de crimen organizado.

Ante ella las mujeres han sido protagonistas de las búsquedas, como destacó el informe del grupo, pues madres, esposas, hermanas e hijas han destinado sus esfuerzos para lograr localizar a quienes les perdieron el rastro.

El total de las recomendaciones se publicarán en el periodo 22 de sesiones del Comité, que ocurrirá en Ginebra, Suiza, del 28 de marzo al 8 de abril del año 2022.